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Desde México, D. F.
Encolumnados detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación social.
Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las familias de Ayotzinapa.
Sin embargo, Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que “atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos”. En un acto ante militares en el Campo Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado “son problemas de Estado y no de gobierno”.
Poco después de eso, y varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más de 30.
Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968.
Al inicio de las movilizaciones en el Distrito Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay, en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de que en México, por la diferencia de horario, en media docena de ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).
Si Peña Nieto insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad mexicana.
Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el mundo también empieza a pedirle cuentas.
“Debe haber más vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio de poder, leyes y organización social”, dijo el Premio Nobel de la Paz 2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas en México “tiene que funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno”.
En cualquier caso, “la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y castigar a los responsables”, dijo Satyarthi en una entrevista de CNN México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.
Ahí mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en México se viva “un grave problema de ley y orden”, el cual se asocia a que muchas personas viven en pobreza extrema.
La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México”, dijo Amnistía Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres, “Ayotzinapa no es un hecho aislado”, sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales de junio pasado, por los que se procesa a siete militares (ver pág. 20).
La crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación federal con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición. También le exige generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de individuos y otros Estados.
Tal vez lo último que esperaba Peña Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante la Justicia. “Sería equivocado de mi parte estar en el país y no reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43 jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia”, dijo Jim Yong Kim.
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