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Asegura que la especulación financiera, cuando forma parte de políticas impulsadas por corporaciones o el Estado, debe ser tratada por la justicia como delito de lesa humanidad. Hace veintitrés años que Dolores Delgado García recorre los pasillos de la Audiencia Nacional en España, donde comenzó a trabajar como fiscal especial antidroga, para abocarse tiempo después a la investigación de crímenes contra la humanidad, o ligados al terrorismo, lavado de activos y crimen organizado. Su trabajo cobró notoriedad por llevar al banquillo a Adolfo Scilingo por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar argentina. Colaboró además con la Corte Penal Internacional en la investigación del caso Libia y en la solicitud de detención contra Muammar Khadafi, su hijo Saif al Islam, y su jefe de inteligencia, Abdullah al Senussi. La fiscal española pasó por Buenos Aires para disertar en el Congreso de Jurisdicción Universal, organizado por la Fundación Baltasar Garzón, y dialogó con Página/12 sobre la intervención de los principios de justicia universal en delitos de especulación financiera y la posición adoptada por los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri frente a los fondos buitre.
–¿Es posible aplicar la justicia universal para crímenes cometidos en el ámbito económico?
–Con la Fundación Baltasar Garzón hemos establecido determinados crímenes económicos de gran magnitud, que tienen una gran afectación a los derechos humanos, y se podrían incardinar como una modalidad de delitos de lesa humanidad, de los establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma que prevé la posibilidad de que se atente contra una parte de la población y se produzca un ataque sistemático generalizado dentro de una política, ya sea de un Estado o una corporación, a través de acciones económicas. Estamos hablando de fraudes alimentarios, especulación con materias básicas de alimentación como ha ocurrido con el mercado del trigo o del azúcar, donde cientos de miles de personas se ven afectadas por una especulación de productos esenciales, que tendrían que estar al margen de la injerencia de los mercados especulativos. También de la explotación de materias primas, que puede conllevar a la devastación de zonas y ecosistemas completos o las extracciones realizadas con métodos como el fracking, que sabemos, dañan gravemente nuestro medio ambiente.
–¿Puede tipificarse como crimen de lesa humanidad la violación de derechos que surge de la especulación financiera o los fondos buitre?
–A esos delitos nos referimos cuando el mercado financiero actúa no movido por intereses generales aceptables sino simplemente especulativos, poniendo en riesgo economías nacionales, con una afectación directa a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, porque hay una merma de sus propios ingresos, a base de pura especulación, y hacen que los Estados tengan que hipotecarse para pagar unas deudas que no proceden de un gasto originado por los servicios sociales. Cuanto más riesgo establecieron recientemente las agencias de calificación sobre la capacidad de hacer frente a la deuda en España, mayores fueron los intereses, mayor fue nuestro endeudamiento y mayores fueron los esfuerzos de los ciudadanos para poder pagar.
–El que describe es un esquema que ya no afecta con exclusividad a regiones específicas.
–Es un problema global. En los Estados Unidos también ha ocurrido y no es que haya sido su tsunami. Desde hace tiempo existen poderes económicos que se sustentan pura y exclusivamente por la especulación. Son las entidades financieras y los grandes grupos económicos.
–¿Identificaron a esos grupos económicos?
–Hemos hablado de una realidad. No hemos hablado de específicos grupos económicos con nombre y apellido. Hay corporaciones transnacionales, que operan en muchísimos países, tienen una matriz y sus sucursales están repartidas por todo el mundo. La política de estas grandes corporaciones es común y se actúa conforme a esa política, que es obtener beneficios al coste que sea, sin ninguna imposición de un ejercicio social y ético de la actividad empresarial. Está muy bien que la gente obtenga dinero. Lo que no podemos perder es el sentido de que ese lucro no puede ser a costa de todo, ni de cometer acciones delictivas ni con afectación grave a la ciudadanía.
–Suele pensarse, no sin fundamento, que el “delito de cuello blanco” goza de cierta impunidad. ¿Es posible derribar ese imaginario?
–Sí, y para ello es necesario determinar responsabilidades penales y civiles para las corporaciones; establecer la posibilidad de perseguir los delitos donde hayan sido cometidos y si en el lugar donde ocurrieron no pueden juzgarse, que se establezca que cualquier país puede perseguirlos por acciones cometidas fuera de su territorio, es decir, en pleno ejercicio de la Jurisdicción Universal civil. También deben imponerse medidas cautelares para sujetar los bienes de las entidades. Si en el momento de celebrarse el juicio se determina que son responsables, hay que incautar los bienes definitivamente, dedicarlos a reparar el daño causado y resarcir a las víctimas.
–¿Qué otras acciones pueden implementarse, en el marco de la justicia universal, contra las maniobras de los fondos especulativos?
–Es necesario generar una regulación exhaustiva de manera tal que quienes adquieran deuda y la incluyan en fondos de inversión no se aprovechen de los paraísos fiscales, de la desregulación, del secreto bancario o de “jurisdicciones amigas” más vinculadas a los grandes especuladores que a los ciudadanos. La Jurisdicción Universal pretende, precisamente, proteger a la ciudadanía, que es quien sufre las consecuencias de un sistema que premia este tipo de especulaciones de forma reiterada, sin ningún control. Cuando se hace como parte de la política de una corporación o un Estado y de forma sistemática, debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad.
–¿Cómo analiza la aprobación de Naciones Unidas de la propuesta que Argentina presentó durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández para limitar el accionar de los fondos especulativos en los procesos de reestructuración de deuda soberana?
–Significó un avance fundamental que puso de manifiesto lo acertado que fue la petición de Argentina de que se constituyera ese grupo (formado por la ONU para investigar el accionar de los fondos buitre) que, al parecer, todos deseaban, pero ninguno decidía iniciarlo. Un año después, se observa la necesidad de regular en profundidad los fondos de inversión y, en especial, los denominados fondos buitre, que se aprovechan de las debilidades de los Estados al comprar deuda soberana a precio barato para luego especular con ello y, a la vez, con el futuro de millones de personas. Eso debe ser objeto de regulación y es necesario proteger a los países de estas arbitrariedades que podrían ser delictivas y perseguibles universalmente. De ahí la importancia de los nuevos principios de la Jurisdicción Universal, que prevén estos ataques a los sistemas financieros de los países que se esfuerzan por superar las crisis que desde el exterior le impone un sistema económico especulativo contrario a la ciudadanía.
–Canadá, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Israel y Japón rechazaron la propuesta argentina.
–Son los países que titulan la mayoría de este tipo de fondos, que rigen la economía mundial y no desean que exista control diferente al impuesto por los mercados y por ellos mismos.
–¿Qué opinión le merece la posición sostenida por el gobierno de Cristina Fernández frente a los fondos buitre?
–Argentina libró una gran pelea para que los abusos del pasado por parte de quienes llevaron al país casi a la ruina, de quienes se aprovecharon de ello, y aún tratan de hacerlo, a través de la especulación de los fondos buitre, no ganasen la batalla de la dignidad contra el pueblo argentino, que ha sufrido en primera persona esos ataques.
–¿Y cómo evalúa la decisión del presidente Mauricio Macri de pagarle a los fondos buitre?
–El acuerdo alcanzado por los negociadores del presidente Macri sobre el pago de la deuda de los fondos buitre no asegura que esta opción sea la mejor para el pueblo argentino, que fue el interés preferente sustentado por el gobierno anterior. Desde luego es el mejor resultado para los mercados, pero el juego de éstos junto a la especulación buitre llevó a la Argentina a una situación límite por la ineficacia de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Cualquier modificación de la posición que endeude aún más a la Argentina debería ser consultada con el pueblo, previa explicación exhaustiva de lo que supone este nuevo y peligroso camino que el actual gobierno abre, ahora.
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