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El Consejo de Etica del Senado brasileño inició ayer un proceso con miras a la destitución del parlamentario Delcidio Amaral, detenido por las denuncias de corrupción que rodean a la empresa estatal Petrobras y que supuestamente implicó en esos asuntos a la presidenta, Dilma Rousseff, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El primer paso de ese proceso que podría costarle la banca a Amaral, hasta noviembre pasado jefe del grupo oficialista en la Cámara alta, fue la lectura de un parecer del senador Telmario Mota, instructor del caso, quien recomendó iniciar una investigación. “Aunque es necesario un examen más profundo, existen indicios de delitos y de faltas al decoro parlamentario que pudieran llevar al Consejo de Etica a despojar de su escaño a Amaral”, dijo el senador Mota. La denuncia presentada por Mota será discutida por los miembros del Consejo de Etica la semana próxima, cuando se decidirá si se da lugar o no a la investigación.
La semana pasada, la revista Istoé publicó una nota en el que aseguró que Amaral había acordado cooperar con la justicia a cambio de un futura reducción de la pena que le puede ser impuesta. Según Istoé, Amaral aseguró que Rousseff y Lula sabían de todo lo que ocurría en la estatal Petrobras, que lo ampararon y que hasta intentaron manipular al Poder Judicial en favor de algunos de los empresarios detenidos por el caso. Tanto Rousseff como Lula rechazaron las supuestas acusaciones y criticaron con rigor lo que calificaron como “filtraciones ilegales” de documentos confidenciales relacionados con las investigaciones en la petrolera.
Amaral, por su parte, sólo se manifestó a través de una nota en la que dijo que, en principio, ni él ni sus abogados confirman el contenido del reportaje publicado por Istoé. Según las leyes brasileñas que regulan las llamadas “delaciones premiadas”, que pueden significarle al sentenciado una reducción de la pena impuesta, esas declaraciones deben ser homologadas por el Tribunal Supremo antes de tener valor legal y garantizar esos beneficios. En el caso de la declaración atribuida a Amaral por Istoé, aún no ha sido ratificada y ello obligaría al delator a mantener silencio sobre su contenido e incluso le impediría confirmar que llegó a un acuerdo de cooperación judicial.
Hace veinte días, la Corte Suprema brasileña autorizó que el legislador siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no hizo. Amaral fue encarcelado en noviembre del año pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de “obstaculizar a la Justicia” y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción en la petrolera a cambio de su silencio.
A mediados de febrero, la Corte Suprema de Brasil anunció que revocaba la prisión preventiva que pesaba contra el ex jefe del oficialismo en la Cámara alta y arrestado desde noviembre pasado en el marco de la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras. Amaral había sido detenido bajo la acusación de obstaculizar a la justicia, pero esa decisión fue revertida por el magistrado Teori Zavascki, quien determinó que el senador debía ser liberado, aunque no podía dejar el país y tenía que permanecer en su domicilio por las noches, los fines de semana y los días festivos.
El senador, que era miembro del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fue desafiliado por esa fuerza a fines del año pasado, debido a las sospechas que lo llevaron a prisión. Amaral, el primer senador en ejercicio de su cargo detenido por la Policía en la historia legislativa brasileña, fue arrestado luego de que, según la Corte Suprema, intentara sobornar a uno de los detenidos por las corruptelas en Petrobras para que no aceptara un acuerdo de cooperación judicial a cambio de una reducción de pena.
Según sostiene la Fiscalía, se comprobó que el senador contactó al ex director de Petrobras Nestor Cerveró, condenado por el caso, y le ofreció dinero a cambio de su silencio e incluso le planteó ayuda para una eventual fuga al exterior. La oferta quedó registrada en documentos y grabaciones hechas por la Fiscalía con autorización judicial que “no dejan lugar a dudas” y suponen “el comportamiento digno de un miembro de la mafia”, según se explicó en la orden de detención dictada por la propia Corte.
En la misma operación también fueron detenidos el jefe de gabinete del senador, Diogo Ferreira, y el banquero André Esteves, hasta entonces consejero delegado del banco de inversión BTG Pactual. Pero Ferreira fue liberado, mientras que Esteves, hasta hace unos años dueño de una fortuna calculada en 3.000 millones de dólares, cumple prisión domiciliaria desde diciembre pasado. La Fiscalía sospecha que Esteves apoyó con dinero a Amaral en su intento de soborno a Cerveró, quien fue condenado a doce años de prisión por su participación en el caso Petrobras, donde se investiga la manipulación de contratos con terceras empresas y al reparto de coimas millonarias entre ejecutivos de la petrolera y los políticos que permitieron el fraude, que le costó a la empresa estatal pérdidas de cerca de 2.000 millones de dólares a lo largo de la última década.
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