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Faltaban cuatro minutos para las seis de la tarde de ayer cuando el abogado Miguel Reale Jr., uno de los autores del pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, empezó, frente a la Comisión Especial del Senado, la acusación. Esa es la Comisión Especial que votará, dentro de dos semanas, por la apertura del juicio.
Acorde al abogado, lo que justifica la deposición de la presidenta (y de sus 54 millones y medio de votos) es la caótica situación económica que sacude al país. Dijo Reale Jr. que todo es resultado de las maniobras contables realizadas por el gobierno, y que por eso Dilma Rousseff debe ser legalmente juzgada y condenada. Todo, claro, respetando la Constitución.
Hay una evidente hipocresía en lo que se ve en Brasil. Uno de los oyentes más atentos a las palabras tambaleantes del abogado acusador era Antonio Anastasía, relator del caso en la Comisión Especial. A él le tocará recomendar a sus pares que se abra el juicio que alejará, en un primer momento, a Dilma Rousseff de la presidencia, por un plazo de hasta 180 días. Antes de llegar al Senado, Anastasía fue gobernador de la provincia de Minas Gerais. Y en su gobierno practicó, con alegre insistencia, exactamente las mismas operaciones que ahora sirven como argumento para condenar a Dilma Rousseff y encerrar su mandato.
Además, el mismo Anastasía cometió una generosa serie de irregularidades, como no repasar a los sectores de Salud y Educación los porcentuales mínimos (12 y 25%, respectivamente) del presupuesto, establecido por la ley.
En su discurso de acusación frente a la Comisión Especial del Senado, Reale Jr. fue enfático al recurrir a material periodístico para corroborar sus palabras. Se olvidó, seguramente, de la absurda parcialidad de los medios hegemónicos de comunicación, trinchera más activa del golpe en marcha. No hizo una argumentación basada en la Ley de Responsabilidad Fiscal: optó por un discurso esencialmente político.
No hay sorpresa alguna: todo es previsible. Se trata de que las formalidades sean seguidas de forma rigurosa, exactamente para dar la impresión de que la Constitución es respetada. Tanto es así que hoy les tocará a defensores de la presidenta hablar a los señores senadores.
Mientras, el país da por seguro que el resultado será contrario a la decisión que salió de las urnas electorales en 2014. Tanto es así que ayer mismo, y como viene haciendo desde hace un largo par de semanas, Michel Temer, presto a ser elevado a la presidencia, arma su gobierno.
A un kilómetro de distancia, la presidenta en funciones, pasible de ser destituida, arma su estrategia de defensa consciente de su inutilidad. Sabe que perderá, que ya perdió.
La farsa de la legalidad no legitimará el golpe, del cual surgirá un gobierno ilegítimo, encabezado por un Michel Temer que, a lo largo de su larga carrera primero de diputado provincial y, luego, nacional, jamás logró alcanzar votaciones expresivas. Su desempeño siempre fue mediocre, lo suficiente para alcanzar su escaño. Llegará a la presidencia sin ser dueño de un único, miserable voto. Todo el ritual, toda la farsa en curso, no legitimará el golpe, pero irá a sacralizarlo.
Michel Temer asumirá una presidencia con plazo: hasta 180 días. Vencido el plazo, muy difícilmente Dilma Rousseff logrará, en el Senado, votos suficientes para reasumir el puesto del cual está a punto de ser destituida.
¿Cómo será el gobierno de Temer? Seguramente de pleno agrado del empresariado, del sacrosanto mercado financiero. De las elites de siempre, de los conglomerados de comunicación, de las clases medias idiotizadas por la televisión. Lo que se anuncia, y Temer no desmiente, es un retroceso violento en conquistas sociales alcanzadas a lo largo de los últimos trece años. La recesión por la que el país atraviesa ya hizo un desastre en los empleos, en el comercio, en la industria. No hay recuperación en el horizonte, y menos con el plan económico que se aplicará bajo Temer.
Ayer hubo cortes de carreteras en ocho provincias y en Brasilia. Avenidas de varias ciudades fueron bloqueadas. Son las protestas contra el golpe, son una muestra de lo que vendrá. Habrá durísima oposición del PT y de otros partidos de izquierda en el Congreso.
A tiempo: el discurso político del abogado Miguel Reale Jr., que defiende la destitución de la presidenta, fue durísimamente contestado, punto a punto, por el senador Lindbergh Farias, del PT. Antiguo líder estudiantil, Lindbergh Farias dijo que “impeachment, sin demostración de crimen de responsabilidad, es golpe. Un golpe escandaloso”.
Por coincidencia, el abogado se retiró en seguida: es que tenía otro compromiso. El relator del caso, senador Antonio Anastasía, paseaba una mirada un tanto perdida por el ambiente. La impresión era la de que todas aquellas palabras no tenían la más mínima importancia: a él le tocará recomendar que se abra un juicio contra la presidenta. La decisión ya está tomada. El golpe está consumado.
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