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El viernes por la mañana, por órdenes del juez de primera instancia Vallisney Oliveira (foto), de Brasilia, fueron detenidos en la capital cuatro integrantes de la Policía del Senado. Se trata del órgano encargado de la seguridad, servicio de inteligencia inclusive, de los integrantes del Senado y que responde directamente al presidente de la Casa. Entre los arrestados está el jefe de la corporación, Pedro Ricardo Carvalho.
Terminó así la semana que devolvió a su apogeo la turbulencia desenfrenada de un país a la deriva y que se llama Brasil.
Si el miércoles la prisión del ex diputado Eduardo Cunha, cuyo potencial de denuncias hizo cundir el pánico en el gobierno, a punto de Michel Temer anticipar el regreso de su viaje a Japón, hubo un sismo de proporciones, el viernes lo que se vio ha sido el encontronazo entre los poderes Judicial y Legislativo.
El juez Oliveira acusó la Policía del Senado de obstaculizar la Operación Lavado Rápido, porque integrantes de la corporación realizan periódicamente barreduras en oficinas y residencias de senadores tratando de detectar micrófonos secretos.
Para el precipitado magistrado, buscar micrófonos secretos sería una evidente acción para perjudicar investigaciones contra sus excelencias.
Existe un detalle que el juez olvidó: diputados y senadores sólo pueden ser monitoreados por órdenes expresas del Supremo Tribunal Federal, que únicamente autoriza a las operadoras de telefonía a realizar grabaciones en líneas fijas y móviles de investigados que tienen foro privilegiado asegurado por la Constitución, como es el caso de los miembros del Congreso. Y para cumplir esa clase de medida, las operadoras de telefonía no necesitan, para nada, instalar pinchos secretos en ninguna casa, ningún despacho.
Por lo tanto, eventuales micrófonos secretos son ilegales y es precisamente para impedir su uso que la Policía del Senado realiza barreduras periódicas, rutinarias y legales.
Los argumentos de los fiscales, prontamente aceptados por el juez Vallisney en una iniciativa tan inusual como su nombre de pila, no tienen sentido ni base. Se trata pura y llanamente de una demostración de fuerza, al margen de cualquier amparo legal. Pero en este país a la deriva, así andan las cosas.
La reacción del presidente del Congreso, senador Renan Calheiros, del mismo PMDB de Michel Temer, fue vehemente: recordó al juez que “las instituciones están obligadas a guardar los límites de sus atribuciones legales”, lo que no ocurrió.
Como parte de la obsesión del Poder Judicial contra el PT, rápidamente se filtró a la prensa, entre otros nombres de caciques aliados al golpe institucional que resultó en el gobierno de Temer, el de la senadora Gleisi Hoffman como una de los que se beneficiaron de las acciones ilegales de la Policía del Senado. De inmediato ella asumió que la barredura en su residencia y en sus oficinas en el Senado fue efectivamente realizada a pedido suyo, y que no se encontró ningún micrófono clandestino. Ha sido la única a admitirlo.
Es fácil constatar que nada de lo que pasa en Brasil es casual. Y lo ocurrido el viernes pone en evidencia dos cuestiones preocupantes.
La primera: es cada vez más avasallador el protagonismo de jueces de primera instancia que, junto a fiscales de idéntica jerarquía, atropellan preceptos legales, violan la ley y exacerban sus funciones mientras buscan fama inmediata. Hay una especie de espíritu mesiánico que parece asegurarles el derecho divino de hacer lo que les dé la gana, sin que importen las consecuencias. Además, resulta cada vez más alarmante la inercia de la Corte Suprema frente a la prepotencia ilimitada de esas figuras, cuyo ejemplo más concreto es el juez responsable por la “Lavado Rápido”, Sergio Moro.
La segunda: consumado el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff, para sus artífices y beneficiarios el paso siguiente es reducir el PT a guijarros y eliminar Lula da Silva de la vida política. Para todo eso, la acción del Poder Judicial, aliado de (cuando no directamente manejado por) los grandes conglomerados de comunicación es esencial. Ocurre que hay renovados indicios de que la cosa está a punto de escapar del control de los golpistas instalados en el gobierno.
La detención de Eduardo Cunha era inevitable, gracias al océano de denuncias y pruebas en su contra. En la cabeza de Moro y sus pares, detenerlo sería una forma de intentar desmentir su obsesión por Lula.
Sin embargo, las consecuencias de la iniciativa podrán herir de muerte al gobierno, a menos que algo inesperado ocurra para impedir que él abra la caja de Pandora de sus denuncias. Qué, nadie sabe.
Mientras, el país sigue a la deriva. La economía insiste en oscilar entre la parálisis y el retroceso, pese a las patéticas declaraciones del equipo económico. La opinión pública insiste en demostrar que no confía en el gobierno. Y Temer sigue buscando, en vano, una legitimidad inalcanzable.
La busca dentro del país, donde enfrenta el descrédito popular. La busca afuera, donde enfrenta un aislamiento cuya mejor imagen está en la foto oficial de la reunión de los Brics (grupo que reúne a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica): los cuatro legítimos jefes de Estado se dan la mano, mientras que la de Temer cuelga, intocada, en el aire.
Hay, por fin, otro peligro que acecha: la retomada de los tiempos de bruma en que la Constitución era objeto decorativo y el incentivo al atropello de las bases del Estado de Derecho estaba en el orden del día.
Esta semana, por ejemplo, el ministro de Educación, Mendonça Filho, determinó que todos los directores de colegios públicos denuncien a los alumnos de secundaria que se manifiesten contra la medida que pretende un corte drástico de recursos a la salud y a la educación.
Así actúa, en las sombras, el gobierno que se dice “de salvación y unión nacional”.
Habría que ver cómo sería el de traición, destrucción y desunión…
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