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El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dispuso ayer la falta de mérito de los dos ex miembros del gabinete del presidente de facto Agustín Lanusse denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como autores mediatos de la masacre de Trelew, en 1972. Se trata del brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación, y de Eduardo Aguirre Obarrio, ex ministro de Defensa de la anteúltima dictadura militar.
Interpol, en tanto, le solicitó al magistrado la traducción al inglés de todas las pruebas que vinculan con el fusilamiento al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, dueño en Miami de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono y a distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El trámite burocrático exigido por la policía internacional implica demorar no menos de dos meses la captura del principal acusado en la causa, cuya orden de detención se libró el 9 de febrero. Bravo no podrá alegar falta de tiempo para esconderse.
El 13 de marzo pasado, Sastre ordenó las detenciones de Martínez y Aguirre Obarrio. El primero viajó a Rawson de inmediato y se presentó en el juzgado junto con su hijo para certificar sus serios problemas de salud. Sastre ordenó su arresto domiciliario. Los abogados de Aguirre Obarrio presentaron un pedido de eximición de prisión ante el juez Ariel Lijo, quien lo envió por fax a su par de Rawson, pero ante el rechazo de Sastre viajaron a la capital de Chubut para reiterar el pedido con el mismo argumento. El juez también ordenó entonces su prisión domiciliaria.
El domingo, Sastre se trasladó a Buenos Aires para tomarles declaración indagatoria. Ayer por la mañana escuchó a Martínez durante poco más de dos horas. El ex candidato a presidente por la Alianza Republicana Federal derrotado el 11 de marzo de 1973 por la fórmula Cámpora-Solano Lima explicó que seis meses antes, cuando era miembro del gabinete de Lanusse, no tenía ningún poder de decisión. Agregó que no participó de ninguna reunión de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, era ajeno a la eventual decisión de fusilar a los guerrilleros fugados del penal de Rawson. Luego de un breve cuarto intermedio, Sastre resolvió su falta de mérito. Por la tarde, el juez indagó a Aguirre Obarrio, ex defensor del almirante Isaac Anaya durante el Juicio a las Juntas y del ex ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor en el jury que lo destituyó. El abogado explicó cuáles eran sus funciones como ministro de Defensa y aseguró que no participaba en decisiones operativas. Minutos después, Sastre resolvió revocar su arresto domiciliario y dejarlo en libertad.
El juez visitará hoy Marcos Paz para verificar las condiciones de detención de los cuatro oficiales de la Armada que ordenó arrestar en ese penal: el contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini, en tanto el cabo Carlos Marandino está detenido en una comisaría de Rawson. Mientras, Interpol le solicitó al magistrado la traducción de la acusación y de toda la prueba de cargo obrante en la causa que incrimine al teniente empresario Bravo, que abarca desde el relato original de los sobrevivientes hasta la indagatoria del lunes al capitán de navío (R) Jorge Bautista. Fuentes del juzgado estimaron que la tarea encomendada a una traductora local demorará no menos de dos meses y, además, implicará una erogación no menor. En los próximos días, Sastre también deberá resolver la situación procesal de Bautista, responsable del sumario ordenado por el almirante Hermes Quijada para respaldar la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.
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