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–¿Quiénes son? –preguntó la criatura.
–Muertos –respondió el padre.
–¿Y por qué murieron?
–Un accidente, en un avión –mintió el feligrés.
El diálogo fue en Semana Santa. Padre e hijo salían de la Catedral de Córdoba y se toparon con cientos de imágenes de rostros en blanco y negro que atraviesan el pasaje Santa Catalina, un empedrado colonial que durante la última dictadura separó el púlpito donde el cardenal Raúl Primatesta oficiaba misa del Cabildo y el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, histórico centro de detención y torturas. Hoy tres huellas digitales gigantes con nombres de víctimas de la represión estatal, desde el Cordobazo hasta el fin de la dictadura, cubren su fachada. Allí funciona el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, que integran los organismos de derechos humanos, representantes de los tres poderes de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.
La lucha “por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio”, como H.I.J.O.S. definió su objetivo, se vive por estos días en Córdoba con inusual intensidad. Mientras un tribunal federal juzga al símbolo máximo del genocidio local, el general Luciano Benjamín Menéndez, ante 160 testigos y varios miles que siguen la transmisión en vivo, centenares de jóvenes detrás de las vallas hacen el aguante a los saltos para no congelarse. El martes llegó Cecilia Pando, la última activista castrense, pero los familiares de los imputados prefirieron mezclarse entre los asistentes y le ordenaron retirarse. Cuando un policía le pidió que se ubicara detrás del vallado que no ocupaban las organizaciones sociales, advirtió su soledad y se fue mascullando bronca.
Si el juicio a Menéndez simboliza el fin de la impunidad, el Archivo frente a plaza San Martín es el corazón de la memoria. Según el primer catálogo editado por el Archivo, desde 1940 esas casonas del siglo XVIII fueron “espacio de detención y persecución, sobre todo de comunistas y socialistas”. Desde los ’60 las razzias abarrotaron sus patios, incluidos el Cordobazo y el Navarrazo que volteó al gobierno en 1974. Un año después el D2 fue la pata policial del Comando Libertadores de América, conducido por el capitán Héctor Vergez, “un grupo más pesado y con vocación represora más encarnizada” que la Triple A, según Mariano Saravia, quien historió en La sombra azul el prontuario del D2. Tras el golpe, cuando las Madres comenzaron a golpear sus puertas, agregó a sus roles el de centro de distribución de secuestrados rumbo a La Perla y La Rivera.
En 2006 la Legislatura, con voto unánime, creó la Comisión, el Archivo, y ordenó su emplazamiento en el ex D2. Los policías resistieron nueve meses y antes de partir sacaron hasta las lamparitas. “El edificio es un laberinto”, advierte María Cristina, miembro de H.I.J.O.S. e investigadora del Archivo que oficia de guía. Aun con sol, abrigo y en libertad entrar a sus calabozos es horroroso. Desde una habitación del primer piso que los sobrevivientes recuerdan, pese a las vendas, por la escalera de madera, se aprecian los ventanales de la casa del cura párroco. “El tranvía” es inconfundible: una sala angosta en cuyos bancos laterales cientos de presos esperaron turno para ser interrogados.
El 24 de marzo de 2007 se derribaron los muros levantados en los ’80 que confundían a los sobrevivientes. Hoy la casona cobija una biblioteca de libros robados en allanamientos y álbumes armados por familiares de desaparecidos. Su directora es la antropóloga Ludmila da Silva Catela, quien tras conseguir una copia del archivo de la Conadep local se abocó a rastrear documentos para reconstruir usos y lógicas burocráticas. “En los fondos de las comisarías encontramos depósitos destruidos, papeles abandonados junto con ropas, bicicletas y pruebas de todo tipo. Un cocoliche”, resume. “Sobre lo que llamaron ‘lucha antisubversiva’ no hay demasiado. Sospechamos que llevaban libros paralelos. Estoy convencida de que siempre algo queda pero el procesamiento de datos y la limpieza de documentos repletos de hongos implica tiempo y trabajo”, agrega.
Del Archivo General de la policía surgió “La vida pública bajo sospecha”, una colección que da cuenta “de la presencia y accionar sistemático del control policial en la vida cotidiana”, tanto en sumarios iniciados por particulares como producto de la vigilancia y persecución política. Del Servicio Penitenciario se recuperó el registro de “detenidos especiales”, ex presos políticos que ahora pueden acceder a sus fichas. El registro incluye blanqueos de secuestrados en centros clandestinos y retiros de detenidos asesinados luego en tiroteos fraguados. La búsqueda de registros de Fuerzas Armadas fue infructuosa. El primer pedido, al Hospital Militar, fue rechazado con el argumento de que la ley sólo autoriza a recolectar información provincial. Al archivo del arzobispado a cargo de monseñor Carlos Ñáñez tampoco lograron acceder. Sólo dejaron ver dos carpetas que casualmente ubican a la Iglesia como víctima: un atentado en el arzobispado y el secuestro de seminaristas. “Cuando pedí las cartas que los familiares enviaban a monseñor Primatesta dijeron que no existían, pese a que las respondía. Por la rigurosidad con la que conservan cada documento es llamativo que no las tengan”, razonó Da Silva.
Otra faceta del trabajo pasa por instalar baldosas recordatorias. La primera, en la esquina donde un policía mató al obrero Máximo Mena, víctima del Cordobazo. “La señalización apunta a recordar que estos hechos ocurrieron a la vista de todos. La idea es trabajar con los barrios, incentivar la participación”, explicó la directora del Archivo. Antes de que concluya el juicio a Menéndez & Cía. el organismo instalará un mojón en Sagrada Familia y Ejército Argentino (hoy Colón), donde fueron asesinados los militantes del PRT por los que se juzga a los represores.
La lucha por la memoria seguirá por La Perla, el mayor campo de concentración del Cuerpo III. Se estima que por allí pasaron dos mil personas. Durante años los organismos realizaron caminatas de doce kilómetros hasta su ingreso. El 24 de marzo de 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó desalojar el predio y convertirlo en Espacio para la Memoria. Los sobrevivientes pudieron ingresar y los familiares conocer dónde pasaron los últimos días sus seres queridos. Antes de retirarse, los militares arrancaron mesadas, canillas, revestimientos y cielorrasos. Hoy tres bloques de hormigón exigen Memoria, Verdad y Justicia. El lugar es aún inaccesible, pero es cuestión de tiempo. La provincia ya garantizó los recursos. La Comisión Provincial convocó a la sociedad a reflexionar sobre el rol de los sitios de la memoria y ya recibió varias propuestas.
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