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¿Son públicos los juicios “orales y públicos”? ¿Por qué los cordobeses pudieron escuchar y ver en vivo la arenga patriotera del general Menéndez y la sociedad no pudo escuchar ni ver al ex policía Miguel Timarchi cuando explicó a los jueces que hacía años esperaba la oportunidad de “poder decir mi verdad” y que “me han metido en una bolsa donde nunca estuve”? La posibilidad de que la sociedad pueda seguir por radio y TV las audiencias de los juicios contra represores o bien deba conformarse con crónicas de prensa de los escasos medios interesados podría dejar de depender del criterio de cada tribunal. De aprobarse un proyecto presentado por la Coalición Cívica, los magistrados ya no tendrán la facultad de prohibir la difusión de las audiencias. No sólo eso: el Estado, por medio de sus canales y su radio, tendrá obligación de emitir cada día un informe de una hora sobre todos los juicios orales y públicos, de Ushuaia a La Quiaca.
En 1985, durante el histórico Juicio a las Juntas Militares y con una democracia en pañales, la Cámara Federal porteña sólo autorizó la emisión de diez minutos de imágenes por día, pero sin sonido. Debieron pasar dos décadas para que un represor volviera a sentarse a dar explicaciones. En el juicio contra el policía Julio Simón, el Tribunal Oral Federal 5 no autorizó el ingreso de fotógrafos ni camarógrafos. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes interesados en ver la cara del brutal “Turco Julián” tuvieron que pedir sus días de trabajo, en algunos casos viajar desde sus ciudades de origen, presentarse a primera hora en Comodoro Py y acreditarse antes de entrar en la sala, todo para verlo de espaldas.
En los juicios a Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich, el Tribunal Oral de La Plata asumió que se trataba de un acontecimiento histórico y no puso trabas a la cobertura periodística ni al derecho de la sociedad a ser informada. El juicio contra Menéndez & Cía. en Córdoba es un ejemplo intermedio: fotógrafos y camarógrafos ingresan cinco minutos antes de cada audiencia, toman imágenes y se retiran. La transmisión oficial puede verse en vivo en toda la provincia y sólo se distorsiona la imagen cuando declaran testigos. En el juicio por la Masacre de Fátima, el TOF-5 reitera su criterio inicial. Aun si el comisario Juan Carlos Lapuyole fuera condenado a prisión perpetua, quienes fueron interrogados por El Francés en una mesa de tortura no podrán conocerle la cara.
Los jueces deben administrar justicia, pero también “publicitar los actos cuando del otro lado hay ciudadanos exigiendo la satisfacción de su derecho a la información”, escribió el diputado santafesino Fabián Peralta, autor del proyecto. Se trata de “cuestiones de interés social”, explicó el santafesino. “La transmisión televisiva y radial es el único medio de hacer efectiva la publicidad de los juicios penales y asume un peso insoslayable cuando se trata de cuestiones tan sensibles para todos los argentinos.” Restringir el acceso de la prensa implica “una desnaturalización del principio del juicio oral y público”, concluyó.
El proyecto no sólo establece que los jueces “deberán autorizar la televisación”. También obliga al Estado a difundir las audiencias por tres vías: Canal 7, el canal de cable Encuentro –del Ministerio de Educación– y Radio Nacional. El proyecto sugiere difundir “dos emisiones diarias en horario central”, de no menos de media hora cada una, con “un resumen de los aspectos más salientes de los juicios”. Adjudica la edición de las emisiones a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la obligación de suministrar los recursos técnicos a la Secretaría de Medios de Comunicación. Al organismo que conduce Enrique Albistur también le encomienda garantizar “la grabación y posterior archivo del desarrollo íntegro de la totalidad de los juicios orales y públicos”, que quedará “a disposición de quienes lo soliciten”.
Secundaron al autor del proyecto sus compañeros de bancada Elisa Carca, Horacio Alcuaz y Juan Carlos Morán, el socialista Miguel Angel Barrios, Verónica Benas de SI y Victoria Donda del Frente para la Victoria, a quien solicitó especialmente su adhesión. El proyecto ya fue girado a las comisiones parlamentarias de Comunicaciones y de Derechos Humanos y Garantías.
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