Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel retirado Julián Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del general de brigada Oscar Roberto Gómez, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca. Gómez era superior inmediato del ex secretario general del comando, coronel Jorge Roque Co-cco, quien admitió ante la Justicia que “en respuesta a órdenes superiores” visitó y asistió con camas, colchones, sábanas, medicamentos, mate amargo, tortas de coco y hasta un patriótico locro a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal de donde se fugó El Laucha Corres. Según el comunicado difundido por Defensa, la ministra Nilda Garré consideró que “Gómez debía tener conocimiento de los inadecuados mecanismos de visita y asistencia al ahora, por segunda vez, prófugo de la Justicia”.
La íntima relación de Cocco con los camaradas en desgracia se conoció a partir del testimonio de los guardias encargados de custodiarlos. Los servicios comenzaron en 2006, con la detención del suboficial Santiago Cruciani. Cocco era entonces jefe del Batallón de Inteligencia 181. Otro visitante asiduo era el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres, también de inteligencia, que aún no fue citado por la Justicia.
Con la llegada de los oficiales Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno el trato a los detenidos pasó a ser privilegiado: puertas abiertas, visitas a deshora y sin registro, reuniones en una sala acondicionada con sillones y cafecitos en el despacho del subcomisario Marcelo Voros, pasado a disponibilidad al día siguiente de la fuga.
El cabo Pablo Carbajal y el inspector Juan Carlos Lastra contaron que se negaron a acceder a los pedidos de los militares, que invocaban a Voros para exigir servidumbre. Ambos son casualmente los únicos procesados, aunque fueron excarcelados. El juez federal Alcindo Alvarez Canale los consideró partícipes secundarios del delito de facilitación de fuga.
El domingo PáginaI12 informó que Cocco había sido pasado a disponibilidad y que se le había iniciado un sumario. El martes, antes de declarar, el coronel, aún sonriente, sugirió a la prensa que era apenas “un tema periodístico”. Aún no había sido notificado. Minutos después, ante el juez y el fiscal federal Hugo Cañón, admitió las visitas, dijo que la habitación/celda no tenía llave ni candado y que “por caridad cristiana” llevaba tortas para acompañar las rondas de mate. Enmarcó sus servicios como “acciones solidarias” del Ejército, equiparó los préstamos a represores con los que realizan a boy scout, bomberos y discapacitados y mencionó entre los superiores que lo autorizaban al general Gómez y al coronel José Herminio Hernández, jefe del Estado Mayor del Cuerpo V.
El martes a la tarde Garré recibió a Gómez en su despacho. Defensa no hizo pública la explicación del militar, aunque trascendió que la reprimenda fue dura. La ministra “reiteró en tono enérgico” instrucciones para que los oficiales activos no participen de “actividades de supuesta contención” de criminales de lesa humanidad y advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”.
El jueves, el fiscal Cañón explicó en FM Universal que había un “respaldo institucional” del Ejército a los represores. Gómez respondió por el mismo medio que la fuerza “no tiene responsabilidad alguna en la administración, custodia y alojamiento del personal militar detenido”, aunque admitió “puntos de vinculación” con la Policía Federal y sugirió que estaba obligado a atender la salud de los retirados en manos de la Justicia.
Un día después, Defensa decidió su pase a disponibilidad “por sus responsabilidades en el ejercicio del comando de su gran unidad de batalla en las circunstancias vinculadas con la fuga” de Corres y destacó “la dependencia directa de su mando” del servicial Cocco. Gómez había asumido el mando del Cuerpo V el 6 de febrero pasado.
La causa por la fuga tiene cuatro imputados. Los dos guardias procesados y los dos ex jefes de la Policía Federal: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Voros. Alvarez Canale ya indagó a Scelsi, el desconocido que va a sus cumpleaños, pero aún no resolvió su situación procesal. Voros aún no fue indagado. Ambos pasan sus días en la cárcel de Villa Floresta.
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