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Los ocho militares retirados acusados por secuestros y torturas cometidos en Neuquén durante la última dictadura se negaron ayer a hacer uso de la palabra para ampliar sus declaraciones indagatorias. Fue durante la segunda audiencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad del sur argentino. Pese al reclamo de las querellas, el Tribunal Oral Federal que preside Orlando Coscia reiteró su negativa a continuar las audiencias en una sala alternativa y con una capacidad acorde con los centenares de allegados a las víctimas y a la importancia histórica del juicio.
El miércoles, sin más fundamento que su facultad de decidir, el tribunal rechazó la propuesta de de-sarrollar el juicio en la sala cultural Conrado Villegas. Ayer, cuando el juez declaró abierto el debate, la abogada Ivana Dal Bianco solicitó que se revisara la decisión porque “no es sólo una facultad del tribunal, es una cuestión que nos compete a todos”.
–¿En qué normas legales se sustenta, doctora? –la chicaneó Coscia.
–En el principio de oralidad y publicidad, en los pactos internacionales de derechos humanos que establecen que la publicidad es un derecho de la sociedad y una obligación que los jueces deben garantizar, y en los 32 años de lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo argentino –le respondió la abogada de Ceprodh. Nerea Monte, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adhirió al pedido.
El defensor oficial Eduardo Peralta cuestionó luego el comportamiento del público durante la primera audiencia y solicitó al tribunal que “extreme los recaudos” para “conservar la seguridad” y para que reinen “el respeto y el silencio”. Se refería a que tanto al ingresar al recinto como al retirarse, las treinta personas apiñadas detrás del blíndex cantaron “como a los nazis/les va a pasar/a donde vayan los iremos a buscar”. Adhirieron al planteo los ocho defensores y, para desconcierto del público, también el fiscal Manuel de Reyes Balboa.
Luego de un breve receso para analizar los planteos y tras obligar al público a ponerse de pie para recibirlos, Sus Señorías informaron “no ha lugar” al pedido de las querellas, porque “no está previsto en disposición específica alguna”, y exhortaron al público a guardar silencio.
Llegó entonces el turno de escuchar a los ocho imputados. Coscia les explicó que la indagatoria era “un medio de defensa”, que “abstenerse de declarar no es presunción de culpa”, pero les advirtió que de todas formas el tribunal tenía obligación de dictar sentencia. Luego los invitó, uno a uno, a sentarse en el centro de la sala, frente a un ejemplar de la Biblia Latinoamericana reservado para los testigos.
El primero fue el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182.
–¿Quiere declarar o prefiere guardar silencio?
–No voy a declarar –respondió.
Siguió el mayor Luis Farías Barreras, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI que recibía a los familiares de los desaparecidos, y más tarde el teniente coronel Sergio San Martín, acusado como torturador del Destacamento y activo hasta 1994.
–Voy a guardar silencio, Su Señoría.
–Muy bien, caballero –lo despidió el juez.
Así, sin responder más que lo inevitable, pasaron los ocho. Jorge Molina Ezcurra, compañero de tareas de San Martín y premiado luego con un cargo de jefe de sección en el Batallón de Inteligencia 601 de Viamonte y Callao, apuntó que se retiró como coronel en 1995. Siguieron el suboficial mayor Francisco “El Loro” Oviedo, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold –que prefirió cubrir su chaleco antibalas con un sobretodo–, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el mayor médico Hilarión de la Pas Sosa.
Antes de que el juez diera por concluida la audiencia, el defensor oficial Peralta solicitó que sus defendidos (Reinhold, Farías Barrera y Gómez Arena) puedan no asistir a las audiencias de declaraciones testimoniales que se extenderán durante los próximos dos meses. Adhirieron al planteo los abogados Hernán Elizondo y María Cecilia Oviedo, que defiende a su papá. La querellante Dal Bianco solicitó al tribunal que, de acceder al pedido, los imputados queden en una sala contigua a la de audiencias y no en la cárcel de General Roca donde pasan sus días. “Los asiste el derecho que invocó el defensor”, volvió a desentonar el fiscal De Reyes Balboa. Coscia anunció que oportunamente el tribunal decidirá sobre el planteo y dio por concluida la audiencia.
La sala se puso de pie para despedir a Sus Señorías y la treintena de presentes amuchados al fondo de la sala retomó una música y una letra que ya es clásico en juicios de todo el país: como a los nazis, sí.
–¡Desalojen la sala! –ordenó Coscia, pero hasta los policías le sonrieron.
–¿Te acordás cuando me torturabas, hijo de puta? –le gritó un hombre a uno de los represores.
Ninguno acusó recibo.
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