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Un militar prófugo de la Justicia y al menos otros once procesados por crímenes de lesa humanidad cobran la pensión “honorífica” que el gobierno nacional paga a ex combatientes de Malvinas. Seis meses atrás, a partir de la denuncia de organismos de derechos humanos, la Anses suspendió preventivamente el beneficio a ocho represores, incluido el marino Jorge Acosta, jefe de inteligencia de la ESMA. En teoría, la Anses y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos iban a controlar cada mes el padrón de beneficiarios para que los nuevos procesados dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo si eran absueltos. En la práctica, pese a la insistencia de PáginaI12, fue imposible conocer oficialmente si los controles derivaron en nuevas exclusiones, pero sí fue posible confirmar que al menos una docena de retirados de dudosa honorabilidad cobra su pensión.
El caso más insólito es el del coronel retirado Norberto Ricardo Villegas, con pedido de captura de la Justicia federal de Tucumán desde febrero de 2006 por el caso Vargas Aignasse y por la desaparición y el robo de la casa de Marta y Rolando Coronel en 1977. Según el sitio web de la Anses, Villegas puede retirar su pensión a partir del 22 de septiembre en la sucursal Luis María Campos del Banco Nación. El riesgo de quedar detenido es ínfimo: la Unidad Especial de búsqueda de prófugos, creada por una ley del Congreso que la presidenta Cristina Fernández promulgó en mayo, se resiste a existir. El 9 de agosto, Aníbal Fernández adjudicó la demora a que la Jefatura de Gabinete no le transfirió los fondos y anticipó que la creación se concretaría esa misma semana. No volvió a dar señales de vida.
La pensión para los colimbas que pelearon en Malvinas fue impulsada por los Centros de Ex Combatientes durante los ’80 y se concretó por ley 23.848 a fines de 1990. El pago equivalía al modesto sueldo de un cabo del Ejército. Carlos Menem la extendió a militares en situación de retiro o baja voluntaria. En 2004, por decreto 1357, Néstor Kirchner traspasó la administración del beneficio de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Anses, la transformó en pensión “honorífica”, aumentó el monto hasta el equivalente a tres jubilaciones mínimas (poco menos de dos mil pesos) e igualó a sobrevivientes con derechohabientes de los caídos.
La zanahoria se volvió sabrosa y la Comisión Nacional de Ex Combatientes, dependiente del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, comenzó a presionar para que el pago se extendiera a los militares, que desde 1994 cobran un plus salarial como ex combatientes. Lo logró en 2005: por decreto 886 pasaron a cobrar todos los miembros de las Fuerzas Armadas “que hubieran estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas”, incluidos marinos mercantes y miles de oficiales y suboficiales que no se movieron de las bases continentales.
Los primeros en cuestionarlo fueron los ex conscriptos, obligados tras la derrota a firmar en Campo de Mayo un compromiso de silenciar estaqueamientos, desnutrición y torturas que padecieron de sus superiores. “Los militares fueron a la guerra por vocación, cobrando un sueldo, cumpliendo su deber, y al volver siguieron cobrando. A los soldados se les dio de baja y cada uno se las arregló como pudo”, explica Ernesto Alonso, presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. “Reconocer a los militares con una pensión honorífica es un acto que coloca bajo el manto del olvido el reclamo de verdad, justicia y memoria que los soldados sostenemos desde hace 25 años”, agrega.
Los abusos contra colimbas, que el cineasta Tristán Bauer instaló en centro de la escena en Iluminados por el fuego, derivaron en 2007 en una denuncia ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego, presentada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, actual secretario del Consejo de la Magistratura. La presentación detalla 73 hechos que podrían ser considerados delitos de lesa humanidad e identifica a 62 imputados, varios de ellos aún en actividad. La instrucción está a cargo de la jueza Lilian Herraez y del fiscal Mario Rapoport. Aún hoy resta que declaren más de sesenta personas, entre víctimas y testigos. Cuando lo hagan, la jueza comenzará a citar a indagatoria y se producirán las primeras detenciones.
El problema es que ni una imputación por estaquear a un soldado hasta convertirlo en hielo ni un procesamiento por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura impiden cobrar la pensión “honorífica”. El decreto 886/05 de Kirchner excluyó a condenados por violaciones a los derechos humanos, traición a la Patria, delitos contra el orden constitucional, la vida democrática, o sedición, pero no sentó ningún criterio sobre los procesados, situación jurídica que exige un considerable cuadro probatorio, pero no es sinónimo de culpabilidad: somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Según los registros del programa Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, al día de hoy existen 421 procesados, 42 prófugos y más de trescientos denunciados por secuestros, torturas y asesinatos, contra apenas 32 condenados, los únicos excluidos del cuadro de honor.
En marzo, ante el reclamo de organismos de derechos humanos, el entonces director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, ordenó suspender el pago a los represores procesados, “teniendo en consideración el especial espíritu que ilustra, motiva y conlleva el reconocimiento”. Fueron excluidos entonces los marinos Jorge Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan José Lombardo, el general Osvaldo Jorge García y el suboficial del Ejército, Juan Carlos Camicha.
Moroni también convino con el Ministerio de Justicia un control mensual para que dejaran de cobrar y sólo volvieran a hacerlo en caso de ser absueltos. Desde hace dos semanas PáginaI12 intenta infructuosamente que la Anses, que dirige Amado Boudou, informe si el control existe y si hubo nuevos excluidos. El ministro Fernández informó por medio de su vocero que cada mes el Registro de Reincidencia actualiza el padrón de procesados, aunque ignora si hubo nuevos excluidos. En los recuadros que acompañan esta nota se enumeran once casos de militares procesados por secuestros, torturas y homicidios que ponen en duda su honorabilidad y que aún cobran la pensión. A ellos debe agregarse el prófugo Villegas y también ex carapintadas que no llegaron a ser condenados sólo porque se fugaron del país a tiempo, como el mayor médico Pablo Santiago Llanos.
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