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Desde Rosario

¿Existe una política pública de gestión de los archivos recuperados sobre la última dictadura? ¿Cómo se logra unificar esfuerzos e iniciativas dispersas por el país y el exterior para poner a disposición de jueces, fiscales e investigadores miles de documentos fundamentales para reconstruir la historia silenciada y maximizar su utilidad con vistas a obtener justicia? ¿Agotó el Estado su capacidad de búsqueda de archivos sobre centros clandestinos, identidad de represores, destino de desaparecidos y la compleja trama de silencios y complicidades que tuvo como trasfondo la masacre militar? Estas son apenas algunas de las preguntas sobre las cuales se debatirá hoy en el II Encuentro “Archivos y Derechos Humanos: usos actuales, posibilidades y limitaciones”, coorganizado por Memoria Abierta y el Museo de la Memoria de Rosario, que cuenta con la presencia de antropólogos, historiadores, archivistas, investigadores y miembros de organismos de derechos humanos.

La jornada inaugural comenzó con un recorrido por sitios de la memoria de Rosario, que tuvo como epicentro la visita al centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, copado durante las últimas dos dictaduras por las patotas al mando del comandante de Gendarmería Agustín Feced. El Pozo, como pasó a la historia, es un rincón lúgubre de paredes húmedas de un edificio imponente, una manzana completa, donde durante un siglo y hasta hace cuatro años funcionó la jefatura de policía. Entre el golpe de Estado y fines de 1978 se estima que por allí pasó un millar de personas, la mayoría blanqueados en cárceles, un centenar desaparecidos. A cien metros, cruzando la plaza San Martín, funcionó el Cuerpo II de Ejército, desde donde el general Leopoldo Galtieri digitó vidas y muertes en seis provincias argentinas. Es una casona señorial donde hoy funciona Rock & Feller’s, comercio indiferente a la historia como cualquier otro, pero donde a partir de marzo funcionará el Museo de la Memoria de Rosario.

Durante la bienvenida formal, el profesor Rubén Chababo, titular del Museo de la Memoria, destacó la necesidad de contar con políticas públicas relacionadas con los archivos del horror y recordó el triste privilegio rosarino de haber sufrido en 1984 el robo en Tribunales de miles “de pruebas y testimonios” que inculpaban a los grupos de tareas de Feced, “destruidos para ocultar sus responsabilidades”, destacó. Rosa Acosta, secretaria de derechos humanos de la provincia, elogió “el compromiso personal, técnico y científico para enriquecer los archivos” y destacó “el valor incalculable que adquieren hoy con vistas a los juicios”. Patricia Valdez, directora de Memoria Abierta, enfatizó que “ni toda la sociedad civil es bella y virtuosa, ni todos en el Estado tienen sentido de lo público, por eso convocamos a trabajar con profundo sentido de lo público, para avanzar en el acceso a la información”.

El panel inaugural lo abrió Leonor Arfuch, docente e investigadora de la UBA. Arfuch destacó que “memoria y archivos son indisociables” y distinguió tres etapas en las cuales “el lugar de la memoria se fue transformando”. En la posdictadura el show del terror, los testimonios crudos. Luego el Nunca Más, la demanda de justicia, el Juicio a las Juntas, que combinó “lo testimonial con lo reivindicativo”. Y en los ’90, con las leyes de impunidad , la aparición de Hijos con los escraches “enfatizó la matriz genealógica de la memoria” y abrió infinidad de debates. “Es momento de que los hijos les pregunten a sus padres: ‘¿Cómo hicieron para no saber?’”, dijo, La vicegobernadora de Santa Fe y ex fiscal federal Griselda Tessio repasó su trayectoria y la lucha de fiscales de todo el país para impulsar el proceso de justicia. “Hace 25 años que transito caminos de memoria, olvido, recuerdos, y cada vez tengo más perplejidades pero también más certezas.”

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