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A 35 años de la muerte de José Ignacio Rucci, la Justicia reabrió el expediente que investigó su asesinato. El juez federal Ariel Lijo ordenó el desarchivo de la causa penal para determinar lo sucedido con el ex secretario general de la CGT. Lo hizo luego de recibir el dictamen del fiscal federal Patricio Evers, quien, a su vez, se hizo eco de un pedido de la familia de Rucci. El magistrado ordenó dos medidas de prueba solicitadas en torno a un libro de reciente aparición, que responsabiliza a Montoneros por el homicidio del sindicalista que fue acribillado el 25 de septiembre de 1973 cuando salía de su casa en el barrio de Flores. Más allá del debate sobre si se trató o no de un crimen de lesa humanidad, el abogado de la familia sostiene que el caso no está prescripto.
El juez Lijo citó para el próximo jueves, a las 10, al periodista Ceferino Reato, para que declare como testigo. Reato es el autor del libro Operación Traviata, quiénes mataron a Rucci, el texto en el que se basaron los hijos del ex titular de la CGT, Claudia y Aníbal Rucci, para solicitar la reapertura de la pesquisa. El magistrado dispuso esa medida, además de requerir a Editorial Sudamericana un original del texto, luego de recibir el dictamen del fiscal Evers, aunque ya había dado señales de avanzar con la iniciativa de los Rucci cuando el miércoles pasado aceptó tenerlos en el expediente como “querellantes”. El abogado Jorge Casanovas, que representa a la familia del sindicalista, se mostró satisfecho por la rápida recepción de su presentación. Sin embargo, la reapertura de la causa es una medida de expeditiva realización para los procesos tramitados bajo el antiguo código y no necesariamente significa que el juez se haya pronunciado sobre la viabilidad del caso. “Se pidieron medidas y fueron ordenadas, veremos luego si hay mérito para seguir avanzando”, dijo a PáginaI12 una fuente judicial. Los colaboradores de Lijo entienden que sería complejo demostrar que en este caso se cometió el delito “al amparo de los poderes públicos”, de modo de considerarlo como de lesa humanidad.
Según el artículo 62 del código, la acción penal para este homicidio se habría extinguido en 1988, y de hecho en febrero de ese año la causa se archivó. Pero Casanovas sostiene que “acá la prescripción no corre porque no hubo imputados”. A su criterio, la investigación “tiene que reconstruir los hechos” porque “en los seis cuerpos que fueron archivados hay varias hipótesis pero ninguna respuesta”. Este diario le preguntó si había desechado la posibilidad de plantear la no prescripción a partir de encuadrar el caso como crimen de lesa humanidad. “Eso no está descartado, de hecho hoy escuché a (Gregorio) Badeni, a (Luis) Moreno Ocampo, a (Félix) Loñ decir que estos son delitos de lesa humanidad”, respondió el abogado, ex diputado y ex ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de Carlos Ruckauf. De todos modos, expresó que esto se planteará más adelante. “Esperamos 35 años, no vamos a andar corriendo ahora”, dijo. En su libro, Reato menciona que el militante montonero Julio Juan Roque asesinó a Rucci y afirma que dos dirigentes que participaron del hecho aún están con vida, aunque no revela sus nombres.
Durante el gobierno de Carlos Menem, los Rucci cobraron la indemnización que otorga el Estado para las víctimas del terrorismo de Estado o la banda parapolicial Triple A. El beneficio fue otorgado en base a un testimonio que atribuía la muerte del sindicalista a José López Rega y sus seguidores.
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