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Jorge “El Fino” Palacios tuvo que sepultar sus aspiraciones de llegar a la jefatura de la Policía Federal en el 2004 cuando el ex presidente Néstor Kirchner lo pasó a retiro. Una escucha en la que aparecía intercambiando información con uno de los acusados del secuestro de Axel Blumberg selló su suerte. Hacía tiempo que no contaba con la simpatía de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien lo había conocido como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación por el atentado contra la AMIA. Sin embargo, sus estrechas relaciones con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lo mantienen siempre expectante brindando sus contactos para armar la estructura de la nueva policía porteña. El nuevo fallo lo obligará a reacomodar sus ambiciones.
Si hay algo que tiene El Fino son relaciones. Hasta mediados del año pasado fue jefe de Seguridad del Club Atlético Boca Juniors. Su respaldo era Macri y también actuó como hombre de confianza del entonces jefe de la barra brava Rafael Di Zeo, quien terminó preso en Ezeiza. “Los patrulleros”, le decían al grupo de Di Zeo por sus vínculos con la Federal. En el entramado de fútbol y política, donde la pasión xeneize actúa como amalgama, recuerdan que el abogado de Di Zeo, Marcelo Rochetti, es un íntimo amigo del jefe de Gobierno. Rochetti, junto con su socio Martín Cerolini, asumieron la defensa de otro ex jefe de la Federal, Roberto Giacomino, desplazado en el 2003 por denuncias de enriquecimiento ilícito.
Palacios había sido jefe de Drogas Peligrosas en la Federal antes de desempeñarse como superintendente de Investigaciones a cargo de la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA). Desde ese cargo tiró líneas con la embajada de Estados Unidos, con el representante del FBI en la Argentina William Godoy y con la DEA.
El comisario había logrado mantenerse a flote a pesar de la denuncia que lo involucraba por la masacre de la Plaza de Mayo en el marco de la debacle del gobierno de la Alianza el 20 de diciembre del 2001. Palacios no estaba de servicio, pero dijo que se acercó a la plaza para cumplir con su deber. “Por una cuestión moral”, declaró. La jueza federal María Servini de Cubría le trabó un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes y lo procesó por el delito de “homicidio imprudente” de cinco manifestantes en Plaza de Mayo. El año pasado, Servini se apartó de la causa con un escrito por de más llamativo. Dijo sentirse agraviada por las “insinuaciones” del comisario general Rubén Santos y de su “consorte de causa, Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad), buscando apartarme del sumario”. “Si a estas circunstancias, per se extrañas, sumo los comentarios que escuchara respecto de las amistades y vínculos que mantendrían los oficiales superiores Jorge Palacios y Rubén Santos con varios miembros del Poder Judicial, se percibe que se estaría procurando cualquier excusa que impida el tratamiento del fondo de la cuestión y con eso lograr mi apartamiento”, explicó la jueza.
La situación procesal de Palacios en esa causa mejoró. No es el caso de la causa AMIA. Alejado de la función pública sigue vinculado con la empresa de seguridad Arpa, que se ocupa de garantizarles tranquilidad a los poderosos laboratorios Abbot.
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