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Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.
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