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La relación del Poder Judicial con el terrorismo de Estado volvió al centro de la escena en San Luis. Durante la última audiencia testimonial del juicio a dos militares y tres ex policías, un abogado que durante la dictadura asistió a familiares de desaparecidos declaró que el entonces secretario del juzgado federal, Carlos Martín Pereyra González, le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. El actual juez de la Cámara Federal de Mendoza, denunciada ante el Consejo de la Magistratura por excarcelar a todos los represores cuyanos procesados por crímenes de lesa humanidad, negó la semana pasada haber recibido denuncias de torturas y dijo que ignoraba “la magnitud de lo que estaba pasando”.
“A mi estudio llegaban familiares de presos políticos y más que defender lo que yo hacía era lobby”, arrancó Carlos Samper. El abogado contó que “al día siguiente del operativo de La Toma”, en referencia a las detenciones de Graciela Fioche-tti y Víctor Fernández el 21 de septiembre de 1976, fue a tribunales a buscar información ya que “era bastante amigo del juez (Francisco) Allende y del secretario Pereyra González”. Fue entonces que el joven magistrado “con tono amargado” le confesó: “He asistido a un espectáculo terrible que no quiero volver a ver en mi vida. He visto a esta chica torturada, pero por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver de Fiochetti, quemado y con las falanges cortadas.
Samper no es el primer testigo que vincula a Su Señoría con un cuerpo picaneado. Jorge Velázquez, ex miembro del Departamento de Investigaciones de la policía, declaró ante la Justicia que el secretario presenció el interrogotario de la mujer de 21 años. La semana pasada el camarista explicó que los dichos de Velázquez eran producto del “odio demencial” que le tomó en 1985, cuando como juez federal de San Luis lo condenó a 16 años de prisión.
El magistrado también negó haber recibido denuncias de torturas, aunque varios ex presos políticos sugieren lo contrario. En diciembre de 1976, durante un careo ante el juez Allende y su secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas de Plá y del comisario Víctor Becerra. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera explicó que “en la Justicia federal sabían bien lo que pasaba en la Jefatura de Policía porque estaban pared de por medio” y agregó que su primera denuncia por apremios la presentó ante Allende y Pereyra González, en la cárcel de La Plata, en febrero de 1977. “Me trataron casi como si ellos también fueran torturadores. Cuando dije lo que nos habían hecho me dijeron a los gritos que lo que estaba haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.
Durante su declaración, Pereyra González –igual que Allende– admitió haber devuelto al Ejército sin ordenar ninguna medida de prueba el sumario ordenado por el coronel Miguel Fernández Gez que sindicó a Montoneros como posible autor de la muerte de Fiochetti (identificada en 1985) y el “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. El juez y su secretario lo habían solicitado a pedido de los padres de Domingo Chacón, desaparecido días antes, para verificar quién era el NN. Un día antes de la aparición de los cadáveres quemados también había presentado un hábeas corpus el padre de Santana Alcaraz, aún desaparecido. Juez y secretario no ordenaron exhumar los cuerpos y devolvieron el sumario en silencio. “No supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”, aseguró con lágrimas Pereyra González. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya pidieron copia certificada de su declaración.
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