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‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas.
Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor.
El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral.
Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró.
El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”.
Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó.
“No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo.
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