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A un tercio de siglo de los crímenes y a catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo, la Justicia detuvo por primera vez a un piloto de la Armada por arrojar personas vivas al mar durante la última dictadura. El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, radicado desde 1988 en Holanda, donde se recicló como piloto civil, fue capturado el martes en la pista del aeropuerto de Manises, en Valencia, por agentes de la Policía Nacional de España. Ese mismo día, por orden de un juez penal del Reino de los Países Bajos, la policía holandesa allanó su domicilio en la ciudad de Alkmaar, donde encontró el arma reglamentaria que usaba cuando pertenecía a la Armada y documentación sobre sus vuelos registrados entre 1974 y 1980. Poch pasó su primera noche preso en el centro penitenciario Picassent, donde ahora deberá esperar su extradición a la Argentina.
La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa.
Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó.
La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca.
Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos.
Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda “fue miembro del régimen criminal”, Poch “comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época”.
El marino confesó “que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar” y que “el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas”, relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. “Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales”, agregó.
“Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas”, reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse “enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles”, y agregó que Poch se justificó diciendo que “era una guerra” y que las víctimas “habían sido drogadas previamente”. Luego añadió que los familiares de los desaparecidos “no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas”.
Otro testigo sugirió que Poch “tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar”. “Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda”, recordó.
El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch “con miras de extradición”, y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición.
Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo.
El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos “trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras”. A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo “secreto de sumario”, se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición “por su vinculación con los vuelos de la muerte”.
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