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Con la firma que la presidenta Cristina Fernández estampó, en la mañana de ayer, al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que unas horas antes había aprobado el Senado, dejó de tener validez la norma que había regido los medios de radiodifusión en la Argentina durante 28 años, desde la última dictadura militar. A partir de ayer, la sociedad irá adaptándose a los cambios establecidos por la nueva norma hasta llegar, en unos tres años, a un nuevo panorama mediático. Si se cumplen las intenciones de los senadores, la oferta de voces será mucho más variada, se multiplicarán los canales de difusión y la sociedad podrá tener un mayor control sobre qué y cómo quiere ver y escuchar. Página/12 consultó a especialistas en el tema para ver cómo se darán los cambios en el mapa de los medios argentinos, y todos coincidieron en que será un proceso lento e imprevisible, cuyo final dependerá de cómo participen los múltiples actores del sector.
Hay algunos cambios que deberían ser inmediatos, o casi, como todos los relacionados con los asuntos de transparencia y derechos del público: a partir de ahora, cada vez que se renueve una licencia, habrá un proceso de audiencias públicas previo a decidir la adjudicación. A su vez, podrán comenzar a implementarse, sin necesidad de ser reglamentadas, las cuotas de programación. Para algunas, como las que implican producción propia, hay un lapso ventana para adaptarse. Pero hay otras, como los porcentajes asignados a la música y el cine nacional, que podrían comenzar a cumplirse hoy mismo. Se espera que sean los medios públicos los primeros en cumplir la nueva legislación, para pregonar con el ejemplo e ir acostumbrando al público.
También debería llevarse a la práctica en poco tiempo lo establecido por el artículo 72 de la nueva norma, que obliga a todos los medios a poner a disposición de su público una carpeta de fácil acceso, tanto en papel como vía Internet, en la que deben constar información sobre sus titulares y directores, los compromisos adquiridos en el momento de ser adjudicada en cuanto a la programación y las especificaciones técnicas, el detalle de la pauta de publicidad oficial recibida, entre otros aspectos de interés público. Deberán, además, emitir en pantalla (o en el aire, en caso de las radios), un aviso cuando se trate de programas previamente grabados, y al menos una vez por día la identificación y domicilio legal del titular de la licencia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo deberá comenzar a trabajar junto a todos los sectores del Consejo Federal para darle forma a la Autoridad de Aplicación que reemplazará al Comfer y decidirá acerca de la reglamentación de los planes técnicos y los procesos de normalización. Hay muchas formas de llevar a cabo esta etapa de la transición: en Uruguay, por ejemplo, cuando se creó en 2005 la Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), que centralizó el control de las tecnologías de la información y la comunicaciones, se nombró un consejo honorario para llevar a cabo el proceso.
De eso dependerá, entre otras cosas, cómo se realizarán los concursos que permitirán que lugares donde hoy en día hay una sola emisora empiecen a funcionar otras voces. Como dato para rescatar, en el año 2001 el Comfer realizó, por orden de un decreto del entonces presidente Fernando de la Rúa, un censo de interesados en instalar emisoras de televisión de aire de alta, media y baja frecuencia: en ese entonces hubo más de 300 postulantes a las licencias. Cabe esperar que hoy en día, en una situación económica y política totalmente distinta, sean aún más los interesados.
Respecto de la adecuación de aquellos grupos cuya composición queda fuera de la ley, tendrán un período de tiempo prudencial para decidir sus planes: primero hace falta establecer la nueva Autoridad, que luego fijará los mecanismos de desinversión y, recién a partir de ese momento comenzará a correr el tan mentado año de plazo. Ahí cada grupo deberá decidir qué diseño empresario aplicará. Las posibilidades son infinitas: hay múltiples combinaciones entre los servicios que se prestan (operadores o canales de televisión por cable, canales abiertos y radios) que permiten muchas opciones. Cada empresa deberá diseñar su propio plan y decidir con qué se queda y de qué se desprende, previa aprobación del nuevo órgano de aplicación. Diferente es el caso de aquellas situaciones que exceden los topes que ya estaban establecidos por la vieja ley, como la fusión de Cablevisión y Multicanal, que deberán regularizarse inmediatamente.
Es absolutamente previsible que muchos de los puntos de la nueva ley acaben en los Tribunales, pero no por el texto sancionado en sí sino por los antecedentes de los actores del sector, que históricamente siempre judicializaron todas las medidas que los afectaron. En los últimos años acabaron en las Cortes: el decreto 1214/03 de Eduardo Duhalde, que permitía a las provincias y municipios dar servicios de radiodifusión, la instalación de una repetidora de Canal 7 en San Rafael (Mendoza) y la retransmisión de ese canal en operadoras de cable de esta provincia –impugnadas ambas por el Grupo Vila–, la grilla del Comfer que reordenaba la ubicación de los canales de noticias para que hubiera equidad en las grillas, la constitución del grupo español Prisa como dueño de Radio Continental, entre otros conflictos concernientes a la radiodifusión.
Una vez que se avance en todos estos asuntos, y con la ley funcionando por completo, algo que se debería darse en un plazo de alrededor de tres años, habrá, según aseguraron los especialistas, un enorme abanico polifónico, que incluirá desde medios sin fines de lucro a manos de universidades, pueblos originarios u organizaciones no gubernamentales, hasta una mayor cantidad de señales comerciales, y un esquema de medios públicos con una mayor participación de la sociedad civil, abriendo posibilidades impensadas hasta hace poco tiempo.
Informe: Nicolás Lantos.
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