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La universalización de las asignaciones familiares dispuesta por el Gobierno significa un paso gigantesco en bien de la justicia social y de la equidad. Quizá sea la medida más importante que, en materia social, se haya implementado en la Argentina en muchos años. No hay dudas de esto, aun cuando puedan resultar atendibles algunas de las críticas a la forma de implementación. Parte de esas observaciones apuntan válidamente a metodologías que ya han demostrado su inutilidad política y social y en las que el Gobierno se sigue empecinando. Sólo a título de ejemplo: ¿alguien podría creer que el tema de la universalización de las asignaciones es tan sólo una idea brillante surgida de quienes hoy conducen el país y que sólo a ellos se les puede atribuir mérito? Entonces: ¿por qué no asumir y celebrar este paso como un avance del conjunto de las fuerzas sociales y políticas en lugar de pretender acaparar en exclusiva un rédito que finalmente no será tal?
Otras críticas están apenas apoyadas en la miopía de dirigentes que creen que hacer oposición se restringe a decir “no” a todo lo que surja de los despachos oficiales, aunque esas determinaciones hayan formado parte de los propios reclamos o de las plataformas de esos mismos candidatos y partidos. Me opongo caprichosamente porque me opongo. Y en esto, vale decirlo, no hay distingos de derecha, centro o izquierda. Pareciera que conceder un acierto de la vereda contraria es claudicar en las convicciones propias. Tampoco del lado de Gobierno se entiende esto.
Así planteadas las cosas la decisión que, como bien se dijo, no acabará con la pobreza pero puede llegar a eliminar la indigencia entre los niños y niñas de la Argentina, quedó también envuelta en las mezquindades políticas de corto plazo.
A la hora del análisis habría que poner varias cuestiones en la balanza de las consideraciones. En primer lugar precisar que los titulares del derecho son todos los niños y niñas y no los adultos responsables, aunque por razones obvias éstos cobren el beneficio. Primer tema no aclarado. En segundo lugar: la universalización de las asignaciones familiares es el resultado de una conciencia colectiva construida pacientemente en la sociedad por una multiplicidad de actores. No habría que olvidar nunca el aporte del Frenapo y tampoco el de organizaciones sociales, de iglesias, de técnicos, políticos y personalidades. Cada uno sumó desde un lugar diferente y complementario para llegar a este final. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo el coraje político de ponerlo en marcha. No existe lo uno sin lo otro. Todos aportaron para conseguir este logro.
El anuncio ocurrió hace apenas unos días. Aún no se conoce en detalle la forma de implementación y el tema ya salió de las primeras planas de los diarios y los noticieros. ¿Por qué en lugar de llenar las páginas con noticias que sólo hablan del conflicto no nos damos el tiempo para valorar los éxitos que como sociedad vamos plasmando? Más allá de las contribuciones que puedan provenir de la psicología social, seguramente esto tiene una respuesta directa en la batalla que los grupos multimediales y el Gobierno sostienen en torno de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero ésa no es la única explicación. También es cierto que en estos temas básicos y fundamentales el Gobierno aún sigue demostrando incapacidad a la hora de comunicar. Porque no bastan las cadenas nacionales y los discursos de la Presidenta. Es necesario entender la comunicación como un proceso complejo, que requiere llegar a cada audiencia con los mensajes apropiados, generando propuestas de mediación pedagógica y comunicacional para que todos y todas puedan apropiarse del sentido y del valor de lo que se está generando. Sin comunicación adecuada lo que es un derecho universal puede terminar envuelto en la maraña del clientelismo de algunos o, lo que no es menos grave, severamente limitado en el acceso efectivo.
La comunicación no es apenas una cuestión de medios, sino fundamentalmente un proceso social, de interacción y de construcción de sentidos colectivos. Así entendida, la comunicación es acción política para producir nuevos sentidos en la sociedad. Y se hace no sólo a través de lo que conocemos como medios de comunicación, sino sobre todo mediante el trabajo de organización social, en los espacios culturales, en los ámbitos políticos e institucionales. ¿Alguien se habrá planteado que la universalización de las asignaciones familiares necesita ser comunicada también a través de canales diferentes del anuncio presidencial, una página de Internet o una línea telefónica de consulta? O lo que es lo mismo: ¿no será hora de que alguien en el Gobierno asuma que los logros sociales necesitan, para ser validados, de acción política genuina a través de las redes y las organizaciones sociales para que los mensajes lleguen a donde tienen que llegar y de la manera más eficaz? Seguramente la inquietud está, aunque bloqueada por la acción de algunos que siguen creyendo que la manera más válida de hacer política es a través de la sorpresa y el golpe de efecto y no de la construcción paciente, permanente y participativa de la organización social.
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