El país|Domingo, 15 de noviembre de 2009

Por Gustavo Veiga

Paula trabajó hasta fines de octubre como psicóloga en Buenos Aires Presente, un programa del gobierno porteño que declama como objetivo asistir y contener a las personas en situación de calle. Según esta profesional de 33 años, esas funciones se desvirtuaron. Al punto de que renunció cuando se persuadió de que sus tareas eran funcionales a la cuestionada Unidad de Control del Espacio Público. Un informe del CELS le da la razón: describe que la patota nocturna contaba con “información recabada por el BAP” para realizar sus operativos. Paula tiene miedo y por eso pide mantener su imagen y apellido en reserva, aunque se dispone a declarar en la causa iniciada por la diputada Liliana Parada ante el Juzgado en lo Criminal nº 12. El 6 de noviembre le envió una carta a la legisladora para comentarle “los padecimientos” que sufren los que duermen a la intemperie, bajo el asedio de una política que pretende expulsarlos de la ciudad. Su testimonio a Página/12 proporciona datos clave que deberá sopesar la Justicia.

–¿Cuándo y de qué manera se vinculó al BAP?

–Ingresé al programa en mayo de 2009. En ese momento estaban tomando trabajadores sociales, psicólogos y choferes. El objetivo era trabajar con la gente en situación de calle, con vulnerabilidad social, víctimas de desalojos, de catástrofes. Si bien éste es un programa de atención primaria, inmediata, la idea siempre era la reinserción social. Yo ingresé a través de la Facultad de Psicología de la UBA.

–¿En qué lugares se desempeñaba y qué funciones cumplía?

–En el Hogar Rawson, en Amancio Alcorta 1402, pabellón Olivera, segundo piso. Ahí está la base, que sigue funcionando. Hace unos meses redistribuyeron a todo el personal y yo fui al CGP 1, ya que al BAP lo dividieron por comunas. Los primeros días de trabajo fueron previos a la campaña política, así que quedé un poco desilusionada después de eso, porque nuestra tarea era hacer presencia institucional en la calle.

–¿Cómo transcurrían sus días en el BAP?

–Salíamos con las camionetas amarillas a puntos fijos como el Obelisco, microcentro o Congreso, para estacionar el móvil y dar vueltas caminando por ahí. Si encontrábamos a alguna persona en situación de calle, se le asignaba un recurso, siempre y cuando completara un informe social. Es decir, sus datos personales, y entonces lo invitábamos a un parador.

–¿Sólo lo hacían con personas en situación de calle?

–Sí. Pero cuando no había nadie, la premisa era caminar por la zona y que la camioneta estuviese parada en esos puntos específicos.

–¿Cuál es su percepción de este tipo de tareas que le mandaban a realizar?

–La primera sensación que tuvimos era que nos habían tomado para la campaña, para hacer promoción.

–¿Compartía esa conclusión con sus compañeros?

–Con todos.

–¿Por qué?

–Porque era un trabajo sin sentido el que estábamos haciendo. Si a usted lo dejan cinco horas en un lugar donde entrevistó a pocas personas y le piden que siga dando vueltas por la calle, no le veo justificativo.

–Cuando terminó la campaña electoral del 28 de junio, ¿cómo siguieron las tareas que le asignaban?

–Una vez pasadas las elecciones, comenzó realmente el trabajo. Mayo y junio estuve haciendo aquello, pero no todos los días. Alternábamos. Aunque básicamente era mostrarse en la calle. El BAP trabaja con llamados del 108, con pedidos políticos o lo que se implementó después, que fue la zonificación o hacer recorridos por zona si se veía a alguien en la calle. Ahí empezaron a llegarme comentarios sobre la existencia de la UCEP, que ya conocía, de parte de las personas que entrevistaba. Algunos tenían miedo o rechazo a ser entrevistados, porque representábamos al gobierno de la ciudad. Otros no. Nos hacían declaraciones de que habían sido golpeados, de que los amenazaban, que habían tenido que desplazarse de lugares, que los amenazaban si los volvían a encontrar.

–¿A quiénes acusaban por esos ataques?

–A un grupo de personas que bajaban de los camiones blancos por las noches, generalmente vestidos de negro, que les daban vuelta los colchones, les pegaban, les robaban la misma documentación que nosotros habíamos gestionado.

–¿Qué documentación?

–Los DNI, por ejemplo.

–¿El BAP se encarga de eso también?

–Sí, les iniciábamos el trámite de DNI, hacíamos una derivación para que quedaran eximidos del pago.

–¿Mencionaban si la Policía Federal participaba en los operativos?

–Sólo una vez tuvimos un cruce con la UCEP y la policía cuando estábamos por la calle Florida con un artesano. Se nos acercó a hablar y en ese momento estaba siendo bastante violentado verbalmente por la Federal y por la UCEP. Pero recuerdo sólo un caso.

–¿Qué hacía cuando una persona le contaba que la agredía la UCEP?

–Era muy difícil, porque yo me sentía representando a la misma política que la UCEP. En ese momento, con ese buzo amarillo, iba en nombre del Estado y del gobierno de la ciudad. Mi momento de quiebre fue ante el testimonio de un señor con el que veníamos trabajando, que me describió cómo lo habían puesto contra la pared y golpeado con un palo. Sus palabras fueron: “Después de la dictadura militar es lo más parecido que vi”.

–¿Dónde ocurrió ese episodio?

–En Combate de los Pozos y el pasaje Eduardo Jenner, debajo de la autopista. Ahí hay una placita. Así me iba dando cuenta, aunque no trabajé tanto –entre mayo y octubre– de que todo funcionaba como una misma organización de la política. Era como que el objetivo implícito del programa se iba haciendo cada vez más explícito. En el sentido de que la problemática ya no radicaba en la situación de calle de la gente, sino en la molestia que ocasionaba la gente en situación de calle.

–¿Con qué otro tipo de irregularidades se topó?

–Teníamos casi prohibido entregar frazadas.

–¿Cómo casi prohibido? ¿Y cuando había bajas temperaturas qué pasaba?

–En los operativos durante el frío había frazadas, pero la idea era que las personas fuesen al parador. Para el BAP, dar frazadas fomentaba que se quedara la gente en la calle. Entonces la entrega se acotaba. De hecho, en el último tiempo, una orden de la coordinación decía que no hubiese ninguna frazada en el CGP por si pasaba Macri.

–¿Qué indicaciones recibían en el BAP respecto de la UCEP?

–La orden que nosotros teníamos era que si en el mismo lugar estaba la UCEP, debíamos retirarnos. Un día llamaron de esa unidad a coordinación. Llovía y muchas personas estaban refugiadas en el edificio del Plata, que tiene un techo grande. Nos pidieron que fuéramos a trabajar con toda esa gente.

–¿Para que se fueran, pese a la lluvia?

–Sí, que se los echara.

–¿Cuántas personas relevaba por día?

–Depende, porque estaban los seguimientos, como llevar la gente al hospital o hacer alguna gestión. Diría que atendía tres, cuatro o cinco casos por día. Teníamos que pelear para eso. Poder realizar un seguimiento era casi como un premio. Nos decían: haga hoy el seguimiento, pero mañana tiene que hacer tres, cuatro o cinco puntos que pida la supervisión.

–¿A quién se reportaba?

–Fue cambiando con el tiempo. La tarea está dividida por turnos y el mío era de 13 a 20. Un supervisor nos pasaba los puntos para ir y debíamos darle respuestas. Nos manejábamos por handy, con él en la base, desde el pabellón del Rawson. Trabajar en serio con la gente es un esfuerzo que lleva tiempo. Esto se dificulta por todas las fallas institucionales que hay. A mí me llamó la atención que el programa, después de diez años de permanencia, no tenga ninguna prioridad para gestionar nada, ni un documento, un turno médico o la articulación con bolsas de trabajo.

–¿El BAP también intervenía en desalojos de viviendas?

–Hacíamos relevamientos por posibles desalojos en casas, algo bastante dificultoso porque nos llevaban sin ninguna información. Se trataba de informes sociales a las familias que allí vivían sin saber el porqué, ni para qué. Muchas veces eran relevamientos sistemáticos en las mismas direcciones. Cuestiones a las que nosotros nos negábamos porque era angustiante para la gente, era violentarla. Ibamos a casas donde todavía no habían llegado órdenes de desalojo. Es decir, nos pedían a nosotros la información sobre quiénes vivían, si había discapacitados, si había niños. No sé quién pediría esa información, como tampoco los informes socio-ambientales que tampoco sabíamos para qué.

–¿Sospecha que esos datos pudieron ser utilizados por la UCEP para realizar sus operativos violentos?

–Sí, aunque en realidad tengo muchas dudas. Con certeza no sé si nuestros informes se utilizaban para eso. No puedo decir específicamente si se le daba información a la UCEP. Pero sí que formé parte de una política de gobierno donde lo social no importa, en donde lo único que interesa es ver limpia de pobres la ciudad y si se van del otro lado del Riachuelo, mejor. Una política totalmente exclusiva, violenta. Es difícil de creer que estas prácticas se vean en democracia.

–De un informe que publicó este diario sobre 444 operativos de la UCEP se desprende que varios desalojos en la vía pública se realizaban por pedido de determinados funcionarios o políticos. ¿Conoce esa información?

–La política es como que se abocaba a eso. Si alguien veía a una persona en tal dirección, pedía “hay que ir a sacarla”. Y cuando respondíamos que no sacábamos a nadie, nos decían: “Hay que sacarla de ahí porque lo pidió tal persona”.

–¿Cómo quién?

–Rodríguez Larreta o la secretaria de la ministra de Desarrollo Social, por ejemplo. Desde la base nos decían: “Dejen lo que están haciendo, es urgente”. “No”, les contestábamos, “estamos con un caso”. “No importa”, nos respondían.

–¿Puede describir una situación puntual?

–Me llamó la atención cuando hicimos un relevamiento en Congreso con Pablo Díaz, el coordinador del BAP y con varios funcionarios más. En esos días iba a hacerse el programa de televisión La Liga con gente en situación de calle. Entonces, se ofrecieron en esa zona uno o dos días en el parador de Costanera, a cambio de entregar el subsidio habitacional. O sea, que salieran de la calle. Para mí fue por ese programa, porque durante una semana estuvimos en Plaza de Mayo y Congreso entrevistando a la misma gente, presionándola para que se alojara en el parador, diciéndole: si se van dos días les damos plata. Una cosa así.

–¿Está decidida a hacer la denuncia ante la Justicia?

–Justamente por esta angustia, por esta indignación y malestar que no se me va pese a que ya renuncié al programa. Porque se va a seguir trabajando igual con la Policía Metropolitana si no se denuncia.

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