Página/12 :: El país :: Droguería allanada

El juez federal Norberto Oyarbide (foto) allanó ayer las oficinas de la droguería Urbana, principal proveedora de medicamentos para tratamientos de alta complejidad de la Obra Social de Camioneros (Oschoca). El magistrado investiga supuestas vinculaciones entre el gremio de Hugo Moyano y el circuito de comercialización de medicamentos adulterados, vencidos y robados, así como los fraudes con troqueles falsificados (utilizados para simular tratamientos y cobrar los subsidios correspondientes). Marcos Hendler, el dueño de la droguería allanada, ya está citado a indagatoria para el 23 de este mes en el expediente. Había quedado comprometido por una escucha telefónica. Además, fue aportante de la campaña del Frente para la Victoria en 2007 y una de las aristas que investiga Oyarbide es si el financiamiento electoral fue una forma de blanquear dinero proveniente de los negocios con los medicamentos y los fondos de la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud. Otro de los puntos que se investiga es si Hendler compró, entre 2007 y 2008, remedios a droguerías vinculadas con el asesinado Sebastián Forza y con Néstor Lorenzo, preso y procesado junto con el bancario Juan José Zanola como personajes clave de la trama de los remedios truchos. Por lo pronto, la División Unidad de Investigación Técnica del Delito de la Policía Federal con colaboración de personal del Iname realizaban anoche procedimientos en la sede de Urbana, en Moreno al 3000, y en otros dos lugares en Balvanera y Avellaneda. Durante el día fueron indagados, como presuntos integrantes de la asociación ilícita bajo la lupa, Carlos Torres (socio de Lorenzo) y Agustín Schwarz, y por lavado de dinero Ibar Esteban Pérez Corradi. El último, sospechado en la causa del triple crimen de General Rodríguez y detenido a pedido de EE. UU. por narcotráfico, declaró ante Oyarbide que se dedicaba “al cambio de cheques en una mesa de dinero” y fue así como canjeaba los de la droguería San Javier, que solían ser cheques a 180 días que en ocasiones provenían de la obra social bancaria. Su negocio, dijo, era cobrar una tasa de, mínimo, 36 por ciento anual.