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La presencia de una docena de representantes de organizaciones sociales y políticas en el salón de los escritores y pensadores argentinos de la Casa de Gobierno, desde donde señalaron las carencias de la política del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que condujeron a los gravísimos enfrentamientos entre vecinos en el Parque Indoamericano, ejemplifica en forma inmejorable la definición formulada el viernes por la presidente CFK de que no permitirá una respuesta represiva a un grave conflicto social. Esto obligó incluso al ingeniero Maurizio Macrì a bajar la bandera de la xenofobia y la intransigencia absoluta con los reclamos de los sectores más débiles de la sociedad y presentarse él también acompañado por tres dirigentes de entidades de Paraguay y Bolivia, luego de haber utilizado barras bravas y punteros para azuzar a los vecinos asustados de modo que atacaran a los habitantes de las villas. El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos permitió el empleo de tropas de Gendarmería para perimetrar el espacio del Parque Indoamericano en el que continuarán los ocupantes hasta que se encamine una solución definitiva y el de comandos de Prefectura para patrullar los sublevados barrios vecinos. La creación de un ministerio de Seguridad completa el mensaje: conducción política de las fuerzas de seguridad, con respeto por el orden constitucional y los Derechos Humanos. Como en los preparativos de la masacre de Ezeiza en junio de 1973, la asociación gremial de los trabajadores municipales participó en la movilización de esos civiles armados. Entonces se llamaba UOEM y hoy SUTECBA, pero su conducción sigue estando en manos de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini.Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisara al Poder Ejecutivo. Como en el asedio a la Legislatura porteña en julio de 2004, barrabravas del fútbol vinculados con Macrì intervinieron en el desencadenamiento de la violencia. Como en uno y otro caso, la política y los negocios se cruzaron en forma espuria. El gobierno camporista de 1973 avanzó indefenso hacia su consumación porque no comprendió la deliberada manipulación de lo que sucedía, según los pasos de “La técnica del golpe de Estado”, descrita en 1931 por Curzio Malaparte. El de Néstor Kirchner en 2004 advirtió lo que estaba en juego y se consolidó: impuso un criterio novedoso en la política argentina, por el cual las fuerzas de seguridad no pueden portar armas letales para el control de manifestaciones de protesta social, que deben encaminarse por la vía de la negociación política y la asistencia a las necesidades en juego. El de Cristina enfrenta el desafío a un mes y medio de la muerte de su esposo y líder político y, luego de un grave error inicial, ha respondido con sensibilidad e inteligencia, sin ignorar la intencionalidad de los episodios ocurridos cuando celebraba el tercer aniversario de su mandato y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo que sus enlaces políticos con Macrì instigaban la violencia, el ex senador Eduardo Duhalde reclamaba desde Estados Unidos la imposición del orden. CFK reiteró la decisión de Kirchner de eludir las respuestas represivas a problemas políticos y sociales y asumió la difícil decisión de terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, que no podía prolongarse sin graves riesgos. La creación de un Ministerio de Seguridad y la designación para ocuparlo de quien demostró capacidad y firmeza para conducir y reformar las Fuerzas Armadas llega cuando la conducción civil de las fuerzas de seguridad se había demostrado impostergable y cuando el conflicto en la zona más pobre de la Capital quedó fuera de control. De ahora hasta el miércoles, cuando asuma Nilda Garré, el rostro político y asistencial del Estado deberá desescalarlo. En los términos del sociólogo francés Loïc Wacquant, quien ha estudiado este fenómeno en su país y en Estados Unidos, el regreso del Estado Providencia es la alternativa progresista al Estado Penitencia del neoliberalismo.
En el lanzamiento de su candidatura presidencial, Macrì definió con precisión su oferta al electorado. Precedido por su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó a la política migratoria del gobierno nacional, que llamó permisiva y descontrolada, y propuso la disyuntiva entre atender las necesidades habitacionales, sanitarias y educativas de los porteños o de los extranjeros. Hijo de un ladrillero italiano que llegó a la Argentina hace apenas 63 años, primer argentino nativo de su familia y casado con otra hija de inmigrantes, Macrì identificó migración con comercio ilegal de sustancias estupefacientes, sin la menor prueba ni mención a los empleados municipales y punteros de su partido involucrados en el episodio. Su afirmación de que la Policía Metropolitana no contaba con el armamento necesario para desalojar el Parque Indoamericano y proteger los barrios vecinos desnuda su concepción mejor que cualquier análisis ideológico. ¿Qué necesitaba su fuerza policial para tratar con los centenares de personas que acamparon allí, atraídas por su ofrecimiento de títulos de propiedad y por las transacciones económicas de sus punteros? ¿Acaso tanques, bazookas, misiles, cazabombarderos? Sus reiteradas alusiones a inmigrantes ilegales son inexactas. La chica boliviana asesinada iba a recibir la semana próxima su DNI. Era una de los centenares de miles de inmigrantes que desde 2003 han regularizado su situación. Pese a ello, la desocupación se redujo, del 23 al 7,5 por ciento, lo cual descalifica la literatura barata sobre su impacto negativo en la situación económica. Sin duda que presionan sobre las necesidades habitacionales, educativas y sanitarias de la Ciudad. Pero el verdadero problema reside en la desinversión decidida por Macrì en esos rubros, con presupuestos declinantes que además se subejecutan. De este modo se introdujo en el debate político la agenda de las derechas de los Estados Unidos y de Europa, versión remixada del Tea Party, de las políticas expulsivas de Berlusconi, Sarkozy y los partidos derechistas de Suecia, Suiza y Holanda, donde se aprobó en plebiscito la posibilidad de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido algún delito. La idea, reiterada por Macrì, es que la inmigración constituye un problema de seguridad. Cristina le respondió en un discurso emotivo, que la Argentina no estaba dispuesta a formar parte de ese club de países xenófobos y solicitó a Bolivia las disculpas que Macrì se negó a pedir. El diputado Martín Sabbatella y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky visitaron la embajada para comunicar su solidaridad.
El contraste con las posiciones del gobierno nacional no puede ser mayor, como destacó recién el viernes el jefe de gabinete Aníbal Fernández: los problemas sociales se resuelven con política, no a palos. Lo hizo por orden expresa de la presidente, luego de dos días en los cuales la Policía Federal actuó librada a sus impulsos, con resultado desastroso. La jueza de la Ciudad María Nazar ordenó el desalojo de lo que llamó “inmueble”, “domicilio” o “finca”, en una muestra transparente de la inadecuación del artículo 181 del código penal a este tipo de acontecimientos masivos que obedecen a complejas causas sociales, económicas y políticas y que, en todo caso, cabrían con mayor pertinencia en las figuras del capítulo II del Código Contravencional porteño sobre uso indebido del espacio público. Pero su directiva al comisario de la seccional 36ª de la Policía Federal ni siquiera mencionó a la Policía Metropolitana, que es la que tiene jurisdicción en casos de contravenciones. La coordinación entre ambas fuerzas para el vergonzoso procedimiento ocurrió sin intervención de las autoridades políticas, que recién tomaron conocimiento de lo sucedido cuando ya habían ocurrido hechos irreparables. El tremendo episodio, a pocas horas de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la participación de punteros del PRO, el discurso xenófobo de Macrì, al mismo tiempo que el matrimonio Duhalde usaba una cátedra académica en Estados Unidos para reclamar una vez más la militarización del conflicto social, configuran un abierto desafío a las políticas centrales del gobierno nacional. El reto consiste en eludir el absurdo dilema entre permitir en forma pasiva cualquier contravención o delito o reprimir en forma letal, provocando daños mayores a los que se pretende evitar, como ocurrió en este caso.
En la desolada residencia de Olivos durante la noche del martes y el feriado del miércoles, en la Casa Rosada el jueves y de nuevo en Olivos el viernes hasta la hora de partir para la entrega de los premios a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CFK tuvo en vilo a sus principales colaboradores. La presidente urgió la realización de las necropsias de los primeros muertos, para lo cual debió recurrir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque el Cuerpo Médico Forense remoloneaba sin premura; cotejó los resultados de esos peritajes con las versiones que divulgaban las policías Federal y Metropolitana; observó varias veces las secuencias filmadas por distintos canales de televisión. Durante las largas horas de silencio político, la única palabra oficial fue la de un vocero de la Policía Federal, sólo preocupado por defender la imagen institucional. Los mismos argumentos formaban parte del mensaje que se proponía leer el ministro que estaba a cargo de la Seguridad, Julio Alak. La presidente lo impidió. También recibió a los familiares del muchacho paraguayo Bernardo Salgueiro y de la chica boliviana Rosmarie Churra Puña, asesinados el miércoles. Algunos llegaron con el temor de verse involucrados en un show, pero CFK decidió que esos dolorosos encuentros íntimos transcurrieran sin fotógrafos ni periodistas, como ya había dispuesto cuando recibió a padres y hermanos de Mariano Ferreyra, el chico asesinado por una patota gremial en Constitución. No hizo lo mismo con los tobas agredidos por la policía de Formosa, lo cual marca una diferencia indefendible. En cambio, los recibió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien mostró fotos en las que se veía a un indígena con un machete, a otro con un arma de puño y a un tercero con una carabina rudimentaria, los instrumentos de trabajo de esa etnia de cazadores y recolectores, que de ninguna manera pueden equipararse con el despliegue de un cuerpo especial de la policía formoseña, de entre 70 y 200 hombres según qué fuente se escuche. Macrì siguió repitiendo la versión policial, según la cual Salgueiro había muerto antes de que comenzaran los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pese a que la declaración de la chica que lo acompañaba, Alejandra González, de 18 años, ante un funcionario de la seccional 52 de la propia Policía Federal, ratificada luego por sus familiares y otros testigos, indicaba en forma categórica que los disparos que le costaron la vida provinieron de las armas de las dos policías, formadas codo a codo sobre el puente que domina la villa 20. La policía informó al gobierno que Salgueiro tenía sólo un perdigón y que nadie más de su grupo había recibido impactos, lo cual avalaría la hipótesis de un disparo de tumbera. Pero la necropsia no habla de un perdigón único sino de genérica “posta de plomo de cartucho”, y un pariente de Salgueiro que iba junto a él fue herido en un brazo. De este modo, CFK terminó de formarse un juicio sobre lo sucedido y tomó decisiones llamadas a poner fin al autogobierno policial, una de las principales asignaturas pendientes de la democracia argentina. Aconsejado por sus expertos en imagen pública, Macrì acusó al gobierno nacional de discriminar a la zona sur de la ciudad, un cargo asombroso por provenir de quien la abandonó a su suerte. Convencer sobre la presunta preocupación del gobierno de la Ciudad acerca del espacio público necesitaría de un genio de la publicidad. Durante los largos tres años de la gestión de Macri, ese gigantesco terreno de 130 hectáreas fue entregado a las malezas y los roedores. Durante la reunión de madrugada con las organizaciones políticas y sociales, que pidieron la presencia del Estado Nacional como garante, Macrì se volvió a negar a cualquier solución que no pasara por el empleo de la fuerza para desalojar el parque, sin negociación alguna, a pesar del ofrecimiento del gobierno nacional de tierras en otro lugar para los ocupantes.
La población es una de las fuentes clave en el crecimiento económico. Un informe preparado en 2008 por The Economist Intelligence Unit, que hasta su muerte tuvo como representante en la Argentina al dirigente de-sarrollista Horacio Rodríguez Larreta, contradice los argumentos xenófobos. Desde hace 120 años, por lo menos el 2,5 por ciento de la población que vive en la Argentina es extranjera de país limítrofe. La Argentina tenía en 2008 un millón y medio de inmigrantes, de los cuales la mitad irregulares frente a la ley Videla, de 1980. El 77,5 por ciento de los varones inmigrantes trabaja, contra el 51,6 por ciento de los varones argentinos. La diferencia expresa el porcentaje de argentinos que estudian y no trabajan. Del mismo modo, la tasa de desocupación del total de la población inmigrante limítrofe y peruana, supera en por lo menos un 10 por ciento a la del conjunto de la población. La tasa de desocupación de los paraguayos llega al 27 por ciento. Sólo los uruguayos y peruanos registran tasas de desocupación menores a la de los argentinos. En el caso de la más reciente inmigración peruana se debe a su menor exigencia a la hora de buscar un empleo y a su mayor docilidad frente a las condiciones laborales que les imponen sus empleadores. Mientras la población nativa prevalece en las actividades industriales, comerciales y de servicios (sociales, personales, comunales y financieros) los inmigrantes procedentes de los países limítrofes y del Perú concentran a casi la mitad de su población en el servicio doméstico y la construcción. Entre los inmigrantes llegados en los últimos años casi dos tercios se dedica a las actividades domésticas (44,4 por ciento) y de la construcción (16,2 por ciento), en las que se acercan al 15 por ciento del total de la mano de obra ocupada. Los bolivianos chilenos y paraguayos se concentran en cuatro ramas de actividad: construcción, comercio, restaurantes y hoteles, industria y servicios; los peruanos en servicios y comercio, restaurantes y hoteles. Según el informe, la población migrante es del 4,2 por ciento del total de habitantes del país. Esto supera el porcentaje sudamericano (3,34 por ciento) y mundial (3 por ciento). Pero es casi cuatro veces menor que el 15 por ciento durante casi todo el siglo pasado. Además, ha cambiado su origen nacional. Hasta la Segunda Guerra Mundial prevaleció la inmigración europea; desde entonces creció la de los países limítrofes y el Perú, con excepción de los primeros cuatro años de la posguerra, cuando se produjo una nueva oleada de obreros industriales y agricultores italianos y españoles. A partir de entonces, los paraguayos desplazaron del primer lugar a los italianos, y los bolivianos a los españoles del segundo. La cantidad de inmigrantes peruanos casi se duplicó entre 1980 y 1991 y se quintuplicó en la década siguiente. Esto obedece a los desniveles del PIB per cápita en cada país. En las últimas seis décadas el PIB per cápita argentino triplicó tanto al paraguayo cuanto al boliviano, lo cual a su vez atrae a inmigrantes de esos países, reforzando un círculo virtuoso: a mayor inmigración, mayor riqueza, a mayor riqueza, mayor inmigración. En cambio es menor el flujo de chilenos, porque el PIB de su país es el único de la región que creció sin interrupciones en el último cuarto de siglo y llegó a superar al argentino. Pese a ello la Argentina sigue resultando más atractiva para los inmigrantes, tal vez por su mejor posición en el Indice de Desarrollo Humano del PNUD. Sin la inmigración producida desde 1950 a la fecha, la Argentina tendría hoy 8,7 por ciento menos de habitantes, su producto interno bruto sería por lo menos 36 por ciento más chico y el producto bruto per cápita 25 por ciento más reducido. Esto demuestra que la inmigración ha resultado benéfica para los argentinos nativos, incluyendo a los vecinos de clase media de Villa Soldati, Villa Lugano o el Bajo Flores, que se indignan contra lo que sienten como una invasión amenazante y, sin duda, para el ingeniero Macrì, cuya empresa constructora hizo fortuna con la plusvalía del trabajo de albañiles bolivianos y paraguayos. Esas ganancias son mayores, cuanto menores son los derechos de que goza esa mano de obra.
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