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La Sociedad Rural eligió el primer mes del año para la reanudación de su ofensiva sobre el gobierno nacional, que intentará reforzar a partir de marzo. El Estado planea responder sólo en términos de racionalidad económica, que pongan en evidencia el trasfondo ideológico y político del desafío: el rechazo a toda intervención estatal, incluyendo el control de la evasión impositiva, y la inminencia de una campaña hacia las elecciones primarias de agosto y generales de octubre. Para los más poderosos, cualquier límite que el Estado ponga a su libertad de acción es intolerable, aunque se fundamente en el bienestar colectivo. La renovación presidencial de este año decidirá la continuidad o no de un gobierno al que las patronales agropecuarias consideran el enemigo principal con el que anhelan acabar. No es superfluo recordar las manifestaciones explícitas en ese sentido de Hugo Biolcati, quien llegó a expresar su deseo de que la presidente CFK no concluyera su primer mandato, y de su satélite Eduardo Buzzi, cuyas acciones se orientaron según su propia confesión, a desgastar al gobierno. Ninguno de esos deseos se cumplió, lo cual exasperó sus ánimos, a pesar de la extraordinaria rentabilidad obtenida por sus representados en estos años. La estrategia oficial de separarlos choca con la realidad de un acuerdo profundo. Difieren los intereses de los respectivos representados, no los dirigentes que coinciden en sus valoraciones superestructurales.
Tal como ocurrió en 2008, la confrontación dispuesta por Biolcati en torno del trigo se produce en momentos de grandes cosechas y alza de los precios internacionales de los granos. Esto indica que los distintos sectores del agro no están atravesando un momento de crisis sino de bonanza excepcional, lo cual también se refleja en el impresionante boom inmobiliario, que no sólo alcanza la zona núcleo cerealera sino también a los países vecinos, donde las ganancias de los inversores argentinos se atesoran en ladrillos, más seguros que lingotes de oro. En julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cobos gozó de sus 15 warholianos minutos de fama, el precio de la soja llegó a los 550 dólares por tonelada, y el del trigo estaba en 330, en ambos casos en moneda corriente. Luego de la fuerte caída posterior y superadas la sequía argentina y la crisis financiera internacional, ambas las peores en un siglo, los precios vuelven a florecer. En noviembre de 2010 la tonelada de soja rondaba los 500 dólares y la de trigo los 300, siempre en moneda corriente. Pese a que Biolcati y Buzzi habían augurado que en 2010 y 2011 sería necesario importar trigo, la actual cosecha superará los 14 millones de toneladas de trigo, casi el doble que el año pasado, de las cuales sólo la mitad se consumirá en el país.
El punto central del debate es la fijación de un cupo que el gobierno nacional considera innegociable, porque hace a la seguridad alimentaria, y el requisito de permisos de exportación que sólo se otorgan si no está comprometido el abastecimiento interno. El Estado calcula a cuánto llegará cada año el consumo de los 40 millones de habitantes del país y reserva ese cupo para las empresas que se encargan de triturar el grano y convertirlo en harina. Recién por encima de esa cuota permite la exportación, que está en manos de otras empresas, aunque algunas coinciden en ambos rubros. De ese modo asegura que no faltarán pan, galletitas, fideos, ravioles y pizza. Para que lleguen al público a precios razonables, el Estado paga subsidios a los molineros. Esto les permite no trasladar al mercado interno el precio internacional. Por medio de la ONCAA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) verifica que los productores reciban el precio de exportación, menos las retenciones vigentes, que en el caso del trigo son del 23 por ciento, y los costos del embarque. En caso contrario, no paga el subsidio a los molinos. Para que los productores puedan participar en una instancia previa de control al momento de vender, el Estado informa cuál es ese precio teórico. Además, a los productores de menos de 800 toneladas (que son casi la mitad del total) se les devuelven las retenciones. Según la Sociedad Rural, ni la industria de la molienda ni los exportadores les pagan a los productores ese denominado “precio pleno”, es decir sin otros descuentos. Por eso pretende que no exista cupo alguno y que toda la producción quede librada a las fuerzas del mercado, aunque no explica cómo haría para que, con precios internacionales en alza, esa competencia irrestricta no encareciera la alimentación popular, nivelando hacia arriba.
En cambio, el gobierno ofreció créditos del Banco Nación a tasa cero y sin otra garantía que el propio grano, por el equivalente a un millón de toneladas, de modo que los productores más débiles pudieran retener el trigo por seis meses y no se vieran obligados a malvenderlo. Para las asignaciones se privilegiará la zona de emergencia climática y las evaluaciones serán realizadas en cada región por los ministerios de Agricultura, el Banco Nación y los municipios. A esa línea, de 840 millones de pesos se suma otra por igual valor con financiamiento subsidiado para compras adicionales de los molinos.
Si, tal como afirma la Mesa de Enlace y no desmiente el gobierno, molineros y traders pagan menos que el precio pleno, ¿cómo es posible que no haya denuncias específicas por esta infracción, que descalifica para recibir el subsidio? La razón de este misterio es que imponen un fuerte descuento a quienes ofrecen sus granos en negro, en aplicación de un axioma de la sabiduría popular sobre el perdón y el tiempo que dura según quien sea la víctima. Pero hay que buscar en el orden de la ideología y de la política para entender por qué las entidades que dicen representar a los pequeños chacareros y a las cooperativas, vuelven a correr detrás de la representación de los grandes latifundistas, agrupados en la Rural y en Carbap. Biolcati también fue el vocero del conjunto para descalificar la petición de la presidente de que en el encuentro pactado con los gremialistas patronales también se analizaran las medidas posibles contra la informalidad y el trabajo esclavo en el sector agropecuario. Las cuatro entidades se opusieron a la formalización de esas relaciones y su adecuación a la legislación vigente cuando la Comisión Nacional de Trabajo Agrario las planteó en diciembre de 2008.
Cada eslabón de la cadena triguera tiene un grado distinto de concentración. El 92 por ciento de los productores, es decir unos 27.000, son responsables de algo más de la mitad de la cosecha. La otra mitad está en manos del 8 por ciento restante, unos dos mil productores. Es obvio el mayor poder negociador de este último grupo. Tres molinos (Cañuelas, Lagomarsino y Cargill) compran el 30 por ciento del trigo para harina; los otros 160 molinos, que manejan el 70 por ciento restante son empresas familiares y/o pymes. Las diez grandes traders comercializan nueve de cada diez toneladas (también aquí Cargill, más Bunge, ADM, Dreyfus, ACA, Toepfer, Oleaginosas Moreno, Nidera, Aceitera General Deheza y Noble), mientras otras treinta y tres se disputan la tonelada restante. Además, molinos y exportadores pactaron acuerdos de los que la Mesa de Enlace se negó a participar y que consistieron en deprimir los precios que reciben los productores más débiles. Otro actor que cincha del mismo lado de la soga es el sector de acopiadores, que embolsa la diferencia entre el precio reducido al que liquidan las operaciones con los pequeños productores y el pleno que le pagan molinos y exportadoras. Esta cartelización de los actores principales, que se reparten los cupos, es un dato histórico, que la Sociedad Rural recién denuncia ahora, porque hay un Estado presente. En otros países los gobiernos difunden cuál es el costo de producción, al que le suman un porcentaje de rentabilidad. En la Argentina, en cambio, se publica el valor en el mercado internacional, que es un arma en defensa del productor. La respuesta de la Sociedad Rural a esta situación compleja que requiere mejorar las herramientas de fiscalización con que cuenta el Estado, consiste en suprimir las pocas que hoy existen. Si su aspiración se concretara no sólo sufriría el consumo interno, también se acentuaría la desigualdad entre los grandes y los pequeños productores. Por el contrario, el Estado exige la documentación completa sobre las circunstancias de cada operación, lo que incluye el pago de impuestos, como condición para el cobro del llamado precio pleno. La solución propuesta por Biolcati bajaría aún más los precios que recibe el productor, ya que se duplicaría la oferta, de 7 a 14 millones de toneladas, frente a una demanda muy concentrada. Y al mismo tiempo aumentarían los alimentos, porque las comercializadoras impondrían al mercado interno el precio internacional.
Desde la década de 1930 y bajo gobiernos militares, peronistas y radicales, existió un organismo regulador que fue disuelto en 1991 por el presidente Carlos Menem, su ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Agricultura Felipe Carlos Solá. Ese organismo, cuyo último nombre fue Junta Nacional de Granos, compraba en el mercado un tercio de la producción y lo comercializaba, con lo cual regulaba su precio. En aquel momento se destruyó también la flota mercante, con lo cual el Estado perdió instrumentos decisivos para lograr que la renta agrícola quedara en el país. La recreación de un ente similar ya fue contemplada durante la crisis de 2008 y reaparecerá cada vez que se plantee un reto similar. Los principales compradores asiáticos de granos argentinos, como China, prefieren centralizar el comercio entre los estados, sin intervención de las multinacionales. La nostalgia de la Junta Nacional de Granos fue uno de los rasgos identitarios de chacareros y cooperativistas. Pero una vez más han privilegiado la unidad de la Mesa de Enlace, al mismo tiempo que el principal mentor político de Buzzi, Víctor De Gennaro profundizaba un giro sorprendente, debutando como columnista en el diario La Nación. No obstante, han recomendado que sus afiliados aprovechen las inusuales líneas crediticias ofrecidas por el gobierno. Tal vez haya que esperar el surgimiento de una dirigencia gremial sin mañas políticas ni agenda oculta para que al avance del Estado en esa dirección la respuesta deje de ser la puñalada por la espalda. Mañana, cuando comience el lockout patronal, arrancará también el raid con que el ministro de Agricultura Julián Domínguez se propone cubrir toda la región triguera, en contacto con los ministros provinciales y los intendentes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para hablar con los productores en el comprensible idioma del bolsillo.
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