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La disputa por la fallida tentativa de una misión militar estadounidense de introducir de modo subrepticio en la Argentina armas, equipos de comunicaciones encriptadas y drogas se canalizará por carriles diplomáticos sin demasiado estrépito. El viernes, el máximo responsable del Pentágono para la región, Frank Mora, hijo de exiliados cubanos, ya no dijo que la devolución del material incautado debe ser inmediata, sino “lo más pronto posible”. Esta fórmula tan laxa admite su cumplimiento dentro de dos días, de dos meses o de dos años. Ni la Argentina se apurará a enviarlo de vuelta ni el gobierno de Barack Obama pedirá disculpas, aunque la nota entregada por el Departamento de Estado incluye al menos algunas de las explicaciones que hasta ese momento Estados Unidos no había dado. Ninguno de los dos gobiernos tiene una actitud hostil ni se propone escalar un conflicto que refleja distintas concepciones culturales. Estados Unidos cumple su destino manifiesto de actuar como policía del mundo y se asombra cuando alguien pide documentos a sus hombres, les revisa el equipaje y aplica sus propias leyes. Pero afirmaciones como las del presidente venezolano Hugo Chávez de que Estados Unidos hará “todo lo posible para que Cristina no siga al frente del gobierno” no reflejan la línea oficial argentina.
En su respuesta, el Departamento de Estado minimizó la diferencia entre lo declarado y lo introducido, que redujo a la categoría de un error burocrático respecto de la numeración de una de las armas, y atribuyó la falta de declaración de seis caños de ametralladora a un diálogo previo con los funcionarios del Registro Nacional de Armas (Renar), posición que la Aduana no habría aceptado. Respecto de los equipos de comunicaciones e informática pretendió que fueron declarados en forma genérica como “radios y computadoras” o “major end ítems”, que según la definición del Pentágono es “una combinación final de productos terminados listos para su uso, por ejemplo, barcos o aviones”. Sobre las drogas narcóticas y estupefacientes, la nota sostuvo que se trataba de “un maletín de primeros auxilios, que contenía morfina y otros materiales para ese fin, incluidas medicinas legales vencidas, ninguna de las cuales iba a ser utilizada por personal no estadounidense”. Como puede verse en esta página no era un maletín sino varios cajones. Según el Departamento de Estado tanto los sistemas de comunicaciones encriptadas como las drogas son de uso rutinario en las misiones de sus tropas, ya que pueden ser necesarios en caso de emergencia real. Estados Unidos “reconoce que hubo una discrepancia en las armas declaradas en la lista oficial suministrada a los funcionarios argentinos” y expresa un “compromiso claro de respetar las leyes argentinas vigentes”. Cita el Acuerdo vigente desde 1999 sobre Medidas de Seguridad para la Protección de Información Militar Clasificada, que responsabiliza a cada parte por la salvaguarda de la información de la otra parte, ya sea que esté en tránsito o almacenada. Pero en este caso el “material confidencial” no fue proporcionado a la Argentina “en forma directa o indirecta”, según contempla aquel acuerdo, sino que se intentó hacerlo pasar bajo una definición genérica que no se ajusta a su índole. Por último, el Departamento de Estado declara su esperanza de que el material sea liberado y devuelto “de inmediato”. La ley argentina permite pero no obliga a su destrucción, por lo cual cuando se determine con exactitud de qué se trata, tampoco habría inconvenientes para su devolución. Apenas dos días después de esta nota, el viernes 18, en una entrevista con el inquisitivo reportero colombiano Juan Carlos López, de CÑÑ, Frank Mora bajó el tono en forma ostensible. Ya no habló de devolución inmediata, sino “lo más pronto posible” e insistió una y otra vez que se estaba trabajando para una solución diplomática, que no pasaba porque ninguna de las partes pidiera disculpas.
Mora también redujo el dramatismo de la primera declaración de su homólogo en el Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, según quien los militares de las fuerzas especiales del primer Ejército del mundo se habían sentido “amedrentados” por los funcionarios argentinos (la directora de la Aduana, las médicas del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los especialistas de la Aduana, el RENAR y la Policía Aeroportuaria). Con mayor sentido de las proporciones, Mora dijo que las tropas de elite pasaron una situación “desagradable”. Insistió en que los vínculos con la Argentina son muy fuertes y que las relaciones están bien institucionalizadas. Mora se ha reunido varias veces con el canciller Héctor Timerman, a quien trató de convencer sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “narcoterrorismo”, ya que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar dos fenómenos distintos, como el terrorismo y el narcotráfico, y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior. Lo mismo ocurre en la Argentina, efecto colateral de la última dictadura militar, debido a la desprofesionalización que las Fuerzas Armadas padecieron cuando se las usó para la represión de la disidencia política, armada o no, con métodos criminales. Esta restricción disgusta al Pentágono. Dentro de su trabajo de penetración en los medios académicos, el Comando Sur firmó un acuerdo con la Facultad Internacional de Florida, cuyo Centro de Investigación Aplicada está realizando una investigación sobre “Cultura Estratégica”. Su informe sobre la Argentina, de 2010, cuestiona la ausencia de militares y de diplomáticos en el diseño de las políticas de Defensa y de Relaciones Exteriores, a los que en el mejor de los casos se les permite participar en la implementación de las directivas que bajan del Poder Ejecutivo, elaboradas por la presidente y su círculo íntimo, se queja. “Las Fuerzas Armadas están en estado de total abandono y desorganización” y “el uso de la fuerza como una de las herramientas de gobierno parece cosa del pasado”.
En sus comunicaciones informales, los norteamericanos se declararon perplejos por la presencia del propio ministro argentino de Relaciones Exteriores en el aeropuerto y por la difusión del caso. La concurrencia de Timerman se explica porque no es la primera sino la segunda vez que los militares norteamericanos intentan ingresar al país materiales no declarados y la difusión fue obra de los propios norteamericanos, como puede comprobarse con la primera crónica del caso, el sábado 12 en La Nación. Aquel primer avión, con personal y pertrechos para el mismo curso, llegó el 6 de agosto de 2010. Personal del (RENAR), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Administración Nacional de Aduanas detectó que además del material incluido en el manifiesto de embarque la carga incluía un fusil semiautomático Remington, modelo 700, calibre 300 plg; dos pistolas automáticas Beretta M9. 9x19 mm; dos lanzagranadas M320, calibre 40 mm y veinte cartuchos para ese lanzagranadas. La Aduana rechazó el ingreso de ese material sin declarar. Puesta al tanto de lo ocurrido, la embajadora Vilma Martínez dispuso que la máquina regresara con toda su carga a los Estados Unidos. Luego se comunicó con el ministro Julio Alak, por entonces a cargo de la Seguridad, le solicitó disculpas, le rogó que se las transmitiera a la presidente CFK y que el incidente no trascendiera a la opinión pública. La Argentina lo aceptó y la embajada reprogramó el curso. El 10 de febrero llegó el carguero de la Fuerza Aérea estadounidense desde la 7ª Brigada de Paracaidistas de Fort Bragg, Carolina del Norte (en inglés brag significa jactancia, canchereada). Esta vez aparecieron sin declarar una carabina y seis caños para ametralladoras, diversos aparatos electrónicos y de comunicaciones de tal sofisticación que, según los militares norteamericanos, no podían mostrarse a cielo abierto sin graves riesgos de seguridad. También había cajas con medicamentos en apariencia vencidos, un kit para francotirador, una motosierra capaz de cortar columnas de hormigón y numerosas drogas narcóticas y estupefacientes. La confidencialidad concedida en agosto sólo sirvió para que la tentativa de introducir este tipo de elementos en forma clandestina pudiera repetirse seis meses después. Ahora es más probable que no vuelva a ocurrir. En aquel caso se evidenció la discrepancia entre los ministerios de Defensa (Department of Defense, DOD) y de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (Department of State, DOS). Mientras DOD realizó el envío, DOS lo devolvió a Estados Unidos. No es un caso excepcional, ya que en las últimas décadas, el Pentágono desplazó a la Cancillería en la fijación y ejecución de la política exterior de su país. Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), con 1.200 hombres el Comando Sur dispone de mayores recursos y personal especializado en la América Latina que la suma de los del Departamento de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro. En el último presupuesto estadounidense, los recursos que el gobierno de Obama destina para la Defensa son diez veces y medio mayores que los asignados a las relaciones exteriores. Con algunas oscilaciones, esa desproporción se mantiene en los últimos 35 años. Era de ocho veces y media bajo el mando de James Carter, trepó a casi quince veces durante la presidencia de Ronald Reagan, descendió a doce veces y media cuando gobernó George Bush y se mantuvo en trece veces durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush.
Una fuente insustituible para conocer los objetivos del Comando Sur es el informe anual de su jefe ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos, que debe aprobar su presupuesto. El 11 de marzo del año pasado, el brigadier general Douglas Fraser explicó allí que el mayor mercado para los Estados Unidos es el que va desde Canadá hasta la Patagonia, “con casi el 38 por ciento del comercio”, contra 31 por ciento de la Cuenca del Pacífico y 21 por ciento de Europa. “Importamos más petróleo crudo de esta región (52 por ciento) que del Golfo Pérsico (13 por ciento)”. La inversión extranjera directa de Estados Unidos es igual en la región que en Asia, Medio Oriente y Africa juntas. “En 2011 el intercambio con América Latina será mayor que el de Estados Unidos con Europa y Japón sumados”, dijo Fraser. Estados Unidos ya no puede dar por sentado que el American Way of life “sea la ideología única preferida en la región”. Dada la presencia de jugadores en expansión global como China, Rusia e Irán la democracia “debe competir en forma activa” en la región con el “populismo y el socialismo”. Estados Unidos debe contrarrestar entonces cualquier “mensaje antiestadounidense” y para ello “entrenamos y trabajamos con nuestros socios regionales en el mejoramiento de la seguridad, proveemos asistencia humanitaria y respondemos a desastres”. Agregó que el gasto militar per capita en su área de responsabilidad es el más bajo del mundo, igual que la probabilidad de amenazas militares convencionales. “Pero enfrentamos desafíos no tradicionales”, alimentados “por las endémicas condiciones de pobreza, la desigual distribución del ingreso y la corrupción”. Entiende que “las mismas rutas y redes por las cuales los traficantes contrabandean de 1250 a 1500 toneladas de cocaína por año pueden emplearse en forma deliberada o no para pasar armas, dinero, material fisible o terroristas”. El tráfico ilícito “provee un posible nexo para el terrorismo trasnacional y la potencial proliferación de armas de destrucción masiva”. Esa forzada lógica lo lleva a concluir que “así como esos dos vectores se funden en un nuevo híbrido, el narcoterrorismo, también deben hacerlo nuestros esfuerzos para contrarrestarlo”. De Colombia, esa fusión se traslada ahora al Perú, explicó Fraser. Considera que “el alarmante crecimiento de la violencia criminal” es un “corolario del tráfico ilegal”. Esto a su vez “exacerba las condiciones de pobreza e inequidad, obstruyendo los esfuerzos por el desarrollo”. Como prueba de este fantástico encadenamiento de factores disímiles el informe consigna que en “nuestra región ocurre uno de cada tres homicidios y uno de cada dos secuestros en el mundo” y la tasa de homicidios, de 27 por cada cien mil habitantes, es la más alta del mundo (en la Argentina es de 5/100.000).
Una respuesta que el Comando Sur enfatiza es la de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Esto requiere “mejor inteligencia de imágenes y señales, amplia área de cobertura, integración de sensores, indicadores de blancos en movimiento”. También “herramientas de management, biométrica, contrainteligencia y agentes humanos de recolección de información”. Con ese fin “trabajamos con la industria y con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa (Darpa) en busca de soluciones innovativas”. Estos párrafos tal vez expliquen parte de la carga no declarada del avión, y algunos episodios recientes de la política nacional y en especial porteña.
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