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El jueves 7, durante una charla con vecinos porteños organizada por una agrupación política, Nilda Garré informó sobre su gestión en el flamante ministerio de Seguridad. Dijo que en Prefectura y Gendarmería sólo eran necesarios pequeños ajustes y que el principal problema lo había encontrado en la Policía Federal. Contó que la jueza federal María Servini había ordenado allanar boliches, cabarets y prostíbulos con personal de Prefectura y Gendarmería, porque se sospechaba que esos lugares funcionaban con protección policial, cosa que se corroboró en los procedimientos. Agregó que eso no era nuevo, al punto que era habitual oír hablar de cuánto recaudan las distintas comisarías mediante la asociación con ese y otros delitos. El diario Clarín tituló su portada del sábado 9 con su propia versión de lo dicho, pero atribuida a la ministra: “La Policía Federal es el más serio problema”, y en páginas internas: “El principal problema del gobierno es la Federal”. En la página 3, una columna de su editor general adjunto, Ricardo Roa, titulada “A Garré se le soltó la lengua”, decía que la ministra “debería denunciarlo ante la Justicia”. Esta insistente distorsión de los hechos es más asombrosa cuando se repara en que el propio diario Clarín había titulado una nota de Virginia Messi el 20 de marzo “Investigan a 90 policías por dar protección a prostíbulos”. Allí narraba en forma minuciosa la investigación concluida en noviembre por la Unidad Fiscal Antisecuestros (UFASE) creada por la Procuración General de la Nación para investigar la trata de personas, que derivó en los allanamientos ordenados por Servini. Los fiscales Marcelo Colombo y Marcelo Raffaini involucraron a seis comisarios, quince subcomisarios y otros setenta policías de una docena de comisarías, distribuidas en seis de las ocho circunscripciones porteñas, dijo Clarín. Todas esas comisarías y cuarenta boliches fueron allanados entre el 1º y el 2 de marzo. Se encontraron menores sometidas a explotación sexual, actas policiales de control falsificadas, en las que personas que habían mostrado sus documentos para realizar algún trámite firmaban como testigos de que no había irregularidades. Según el relato periodístico se encontraron en varios lugares “indicios de pagos a policías: algo tan burdo como billetes agarrados con un clip a un papel en el que estaba anotado el número telefónico de la seccional”. El 31 de marzo, al informar sobre el relevo de 47 de los 53 jefes de comisarías porteñas, de nuevo Clarín, con la firma de la misma estricta periodista, dijo que “para hacer los movimientos, se analizaron los legajos y el patrimonio de decenas de oficiales superiores” y que entre los “desplazados figuran cinco de los seis comisarios denunciados por la Unidad Fiscal Antisecuestros (UFASE) por proteger prostíbulos”, a quienes identifica. Esta secuencia deja en claro que la ministra se refirió a hechos ocurridos antes de que se creara su ministerio; que la UFASE ya había investigado y denunciado los hechos y la causa estaba en manos de una jueza; que la Justicia comprobó la realidad de los hechos y que Garré tomó en cuenta esa información para decidir los destinos policiales. Eso es todo lo contrario de ser irresponsable o lengua larga.
El jueves 14, la ministra clausuró un seminario internacional convocado por el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD), del que participaron entre otros el coronel Robson Rodríguez, coordinador de las Unidades Policiales de Pacificación de la Policía Militar de Río de Janeiro, con jurisdicción sobre sus favelas. Este policía buscó en la universidad las respuestas que no encontraba en su institución y se graduó de antropólogo y de abogado. El ASD se creó hace un año y medio a raíz de la crisis del paradigma de la demagogia punitiva. Lo integran un centenar de organizaciones de la sociedad civil (universidades, centros de investigación, organismos defensores de los derechos humanos, académicos, especialistas en seguridad) y también políticos de todo el arco democrático, tanto del oficialismo como de la oposición. El ASD apoyó la creación del ministerio de Seguridad y los criterios generales formulados por la ministra, pero sostuvo que no practica el seguidismo acrítico sino el acompañamiento crítico de su gestión. Por eso sostiene la necesidad de controles externos, la reforma de las fuerzas de seguridad y la producción de información confiable, para lo cual elaboró un proyecto de ley de Observatorio Nacional del Delito y la Violencia. Mientras en la sala Bioy Casares del Centro Cultural Borges transcurría la última jornada del Seminario, el Tribunal Oral de San Martín pronunciaba la condena a prisión perpetua del comisario Luis Patti, por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar. Patti es emblemático del paradigma que el ASD objeta por ineficaz y el gobierno nacional intenta modificar. Ya en democracia, Patti fue protegido por jueces que lo dejaron en libertad pese a las pruebas contundentes sobre su responsabilidad en los asesinatos de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso. Esto le permitió proseguir su carrera delictiva con uniforme y llegó a justificarla al decir que no era posible esclarecer un delito sin cometer otros, que enumeró: privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilio. Con apoyo del ex presidente Carlos Menem y del ex senador Eduardo Duhalde pasó luego a la política, fue diputado nacional y candidato a la gobernación bonaerense. Su nexo con el duhaldismo fue el hoy diputado José María Díaz Bancalari. El juez que sobreseyó a Patti por el asesinato de Pereyra Rossi y Cambiasso y que entregó en adopción al hijo del asesinado Gastón Gonçalves es Juan Carlos Marchetti, quien sucedió a Díaz Bancalari como abogado de Naldo Brunelli, el secretario general de la UOM de San Nicolás. Uno de los camaristas que confirmó la absolución, Oberdan Andrin, es cuñado de Díaz Bancalari. No es asombroso que Hilda González de Duhalde haya opinado que “Kirchner debilita la democracia” y que en cambio “Patti es un hombre de la democracia”.
Durante el seminario, el investigador y periodista mexicano Marco Lara Klahr y el argentino Gabriel Kessler reflexionaron sobre el rol de los medios en la producción de inseguridad. Según el mexicano, los medios son “el principal espacio de legitimación de las políticas autoritarias de seguridad pública y justicia penal”, que invisibilizan tanto su ineficiencia como “la articulación de agentes del Estado a hechos de corrupción y asociación delictuosa”, por lo que además de imponer una percepción distorsionada de la seguridad pública son fundamentales “en la construcción de espacios sociales inseguros”. Kessler se refirió a una investigación según la cual la Argentina es el único país americano en el cual la infancia no se asocia con educación o esparcimiento sino con delitos y lo atribuyó a la caja de resonancia que son los medios. Las tasas de homicidios dolosos del país son de las más bajas de América, en cambio son altas las de pequeños delitos en los medios urbanos. Al acoplar en la sensibilidad social ambos fenómenos, el eco mediático extiende el temor y la percepción de posibilidad de ser víctima de los delitos más violentos, afirmó. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, hay más robos pero menos homicidios. Una tarea imprescindible es especificar cuáles son las prioridades en seguridad, los valores que más nos importan, agregó. También dijo que los medios argentinos tenían suficiente corrección como para no estigmatizar a personas, pero sí lo hacían con determinados lugares, lo que legitima las políticas de control social. De allí la ministra partió hacia las ex bodegas de Palermo ocupadas por personas sin vivienda, donde a pesar de las demandas del gobierno porteño de represión se prefirió negociar un desalojo pacífico, luego de que Sergio Berni, secretario de Gestión y Articulación Institucional del ministerio de Desarrollo Social, censara las necesidades de cada ocupante. Al día siguiente, Garré concretó el cambio de nombre de las escuelas de la policía federal, para que dejen de llevar los nombres de tres represores como Ramón Falcón, Alberto Villar y Cesáreo Cardozo. En cambio pasarán a llamarse Juan Angel Pirker (el jefe de la Policía Federal de Alfonsín); Enrique O’Gorman (el jefe de la policía que en el siglo XIX prohibió el uso en las comisarías de instrumentos de tortura), y Enrique Fentanes, el docente y teórico del trabajo policial de la década de 1940 cuyo nombre llevaba la escuela hasta que la dictadura lo reemplazó por Cardozo. Ni Clarín ni La Nación informaron sobre estos cambios de enorme valor simbólico. Pero el mismo viernes 15, Clarín editorializó sobre la charla de Garré del jueves 7, con el título “Irresponsabilidad de una ministra”, por haber “hablado sin fundamento y sin tener en cuenta la responsabilidad a que está obligada”. En el país de Borges y Bioy Casares, la realidad no pasa de ser una conjetura, menos consistente que la fantasía de un diario que libera su imaginación.
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