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La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores dio despacho favorable al proyecto de producción pública de medicamentos que, hace dos meses, Diputados aprobó por unanimidad: el 1º de junio, el dictamen llegaría al recinto, con altas chances de convertirse en ley. El texto establece que los medicamentos son “bienes sociales” y que su producción en laboratorios públicos es “de interés nacional”. La ley –según quienes la impulsan– podría permitir que los medicamentos que la Nación distribuye a través del Plan Remediar sean provistos a menor costo por la producción pública y propiciaría la investigación y la producción de principios activos –casi inexistente en la Argentina– mediante la participación de las universidades públicas. Los medicamentos y vacunas de estos laboratorios también funcionarían como reguladores de los precios del mercado. De hecho, existe ya una Red Nacional de Laboratorios Públicos, que apoya la sanción de esta ley.
“Hemos decidido, por unanimidad, dar dictamen favorable al proyecto aprobado en Diputados, que podrá tratarse en el recinto el 1º de junio”, anunció a este diario el senador José Cano, titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta. “Cuando uno habla de políticas de Estado, nacidas de acuerdos amplios y que se extiendan en el tiempo, se refiere a leyes como ésta”, comentó el legislador.
El 16 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley de “investigación y producción pública de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos”, que a su vez unificó los proyectos presentados por los diputados Eduardo Macaluse y Mario Martiarena. El texto declara que los medicamentos son “bienes sociales” y que su producción pública es “de interés nacional”.
La proyectada ley requiere poner la producción pública en condiciones de “promover la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud”; esto concierne a los fármacos que el Ministerio de Salud provee a todo el país mediante el plan Remediar, con un costo superior a los 200 millones de dólares. El proyecto requiere que el Ministerio de Salud de la Nación promueva mecanismos para que el Estado nacional y las provincias otorguen “preferencias” a los productos de los laboratorios públicos.
Para entender la nueva ley conviene tener presente que ya existe una red de laboratorios públicos –pertenecientes al Estado nacional, a los provinciales y municipales y a las universidades–, algunos de los cuales tienen una clara presencia en el mercado e incluso exportan. Sobre esta base, el proyecto requiere “promover compras centralizadas de insumos” o “establecer un procedimiento que permita una eficaz distribución” entre las jurisdicciones.
La norma también pide “promover la investigación y producción de ‘medicamentos huérfanos’”, es decir, los que, por ser poco rentables, no interesan a las empresas farmacéuticas, y “promover la articulación con instituciones académicas y organizaciones de usuarios”.
Claudio Capuano es coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, que impulsa la sanción de la ley: “De las 39 unidades públicas de producción de medicamentos, 11 están en condiciones de producir un tercio más del total de lo que necesita el programa Remediar, y a un costo mucho más bajo –comentó–. También bajaría el costo de la distribución, ya que la Red cubre el país, mientras que el 95 por ciento de los laboratorios privados está en la provincia de Buenos Aires”.
Según Capuano, “la sanción de una ley permitirá dar al programa de producción pública de medicamentos una continuidad que no puede garantizar un decreto o una resolución ministerial: así sucedió con la resolución 286/08, que dictó Graciela Ocaña cuando era ministra de Salud de la Nación; ella la sostuvo, pero el actual ministro, Juan Manzur, restó impulso a la producción pública de medicamentos”.
Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología –integrado por investigadores independientes–, advirtió que la normativa propuesta “es una ley amplia, una ley marco: sus alcances dependerán de su reglamentación, que a su vez depende de la voluntad política del Ministerio de Salud de la Nación”.
Isturiz señaló que “la ley abre el camino para hacer investigación en la Argentina: llegar a elaborar principios activos de medicamentos, que hoy prácticamente no se hacen, sino que se importan. El Estado tiene posibilidad de encarar esta producción, ya que sus laboratorios pueden fácilmente vincularse con las universidades y los organismos de ciencia y técnica”.
Antes de la media sanción en Diputados, las entidades empresarias Cilfa y Caeme –que respectivamente agrupan a los laboratorios de capitales nacionales y extranjeros– se habían pronunciado en contra del proyecto de ley. “Temen que les saquen el negocio –comentó Isturiz–. Pero los medicamentos de producción pública no van a salir a las farmacias o a proveer a las prepagas. Incluso, los laboratorios nacionales podrían aprovechar las investigaciones que se lleven a cabo en la red pública. Sólo dos o tres de los 150 laboratorios de capital nacional hacen investigación: el resto se limita a importar los productos a granel y fraccionarlos. Podrían hacer convenios con el sector público y llegar a exportar medicamentos elaborados gracias a la investigación nacional; claro que en estos convenios las utilidades deberán ser distribuidas en función de la inversión realizada por cada sector, el privado y el público.”
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