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Las redes de trata para explotación sexual están mutando las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar que están esclavizadas en los burdeles. Las víctimas tienen en su poder sus documentos y en buena parte de los casos pueden salir del lugar, porque en definitiva esa situación no pone en riesgo un posible escape, dado que no tienen a quién pedir ayuda y el sometimiento opera de otros modos. Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre la dinámica que está adquiriendo el delito, realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), a partir de un exhaustivo análisis de las causas judiciales que desembocaron en los primeros 74 autos de procesamientos por trata para explotación sexual en el país, desde la sanción de la ley que tipificó el delito, en abril de 2008. Por el momento la Justicia no detectó grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni rutas de exportación de mujeres argentinas a otros países. El informe –al que accedió Página/12– muestra con claridad cómo la connivencia estatal, local, policial y judicial “legitima la actividad y conduce a su naturalización”. Resulta significativo que en trece de los casos relevados se encontró presencia de personal de las fuerzas de seguridad en el lugar de explotación. Pero, llamativamente, en las causas judiciales no se investigó a los uniformados. El estudio describe el mapa de la trata para explotación sexual en la Argentina: las rutas, el perfil de las víctimas y de los imputados, el alcance de las redes y sus características, las principales formas de sometimiento y las nuevas modalidades delictivas.
Los expedientes relevados incluyen a 228 implicados y 216 víctimas, de las cuales el 27 por ciento son menores de edad. Aunque “probablemente el universo de víctimas menores afectadas por la problemática sea considerablemente mayor que lo que la Justicia ha constatado”, advierte la investigación. Se presume que a las niñas y adolescentes las podrían mantener escondidas y ofrecerlas solo a clientes de confianza (ver aparte).
“En algunas de las causas, los explotadores dan cuenta de un arreglo con la comisaría, del pago de una suma semanal –cerca de 400 pesos–, que esgrimían como argumento para aseverar que no explotaban a las mujeres que allí ‘trabajaban’”, dice el informe. Sin embargo, en ninguno de estos casos se detecta que las investigaciones judiciales ahonden sobre la participación de funcionarios policiales o públicos. “De hecho, a excepción del único caso donde hay un policía procesado, en el resto de las causas no aparecen funcionarios en actividad ni personal de las fuerzas de seguridad imputados”, señaló a Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. El informe se llama “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito”. Y fue elaborado por el Inecip y la Ufase. Lo dirigió Sidonie Porterie, titular del Inecip. “En entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad surge la vinculación que habría entre jueces y/o fiscales locales y los lugares de explotación, que se traduce en dilación en el tiempo de la concreción de los pedidos de allanamiento o el descarte arbitrario de posibles situaciones de trata que las fuerzas de seguridad acercan a los órganos jurisdiccionales”, denunció Porterie a este diario.
Hay dos datos concluyentes: la casi totalidad de las víctimas –-involucradas en los expedientes analizados– son mujeres, tienen hijos menores a cargo y graves problemas económicos; y en la amplia mayoría de los casos –72 por ciento– están esclavizadas en locales nocturnos habilitados por los municipios como whiskerías, pubs o pools. En el resto de los casos –22 por ciento–, la explotación sexual fue detectada en departamentos privados. “La práctica prostibularia aprovecha una triple condición de vulnerabilidad de las personas ahí prostituidas: son todas mujeres, pobres y muchas de ellas son migrantes de países extranjeros o de provincias o regiones alejados del lugar de explotación”, puntualizó el fiscal Colombo.
Un aspecto que llama la atención de los investigadores es que no se han producido numerosos casos de allanamientos a bares o privados en las grandes ciudades, con excepción de Mar del Plata. “Los lugares de explotación alcanzados por la Justicia están más asociados a ciudades del interior de las provincias, que son fácilmente reconocibles e identificables y en la gran mayoría de los casos, habilitados por organismos locales”, puntualizó Porterie. La mitad de las víctimas fueron explotadas en ciudades pequeñas, con menos de 70 mil habitantes. Una hipótesis es que en los centros urbanos puede existir una mayor proporción de “privados” que en las localidades del interior del país. Pero lo que queda en evidencia para los autores del informe es que sobre esos VIP “no opera ningún tipo de control oficial”, indica el informe.
El fiscal Colombo señaló que solo en la ciudad de Buenos Aires la Ufase ha detectado y denunciado la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados. “En varios de esos casos existían indicios de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas denuncias ante el fuero federal”, indicó. Y destacó que de otras 79 denuncias realizadas ante la Justicia Federal porteña por el delito de trata sexual, solo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. “Todas las restantes no han presentado ningún avance significativo”, denunció. El tema está incluido en el informe.
Hasta ahora, las investigaciones judiciales no han detectado grandes organizaciones criminales detrás del delito de trata ni rutas de exportación de mujeres argentinas a otros países. Predomina la “trata interna” y entre Paraguay y Argentina, que es lugar de destino de explotación (ver aparte). Queda la duda, señala el estudio, si como ocurre en otros delitos “es posible que la persecución en estos casos también alcance a los sectores más vulnerables, directamente involucrados en la fase de explotación”.
Las redes que se observan, en aquellos casos judicializados, no indican un alto alcance territorial: “Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas, sin una organización jerárquica, con poca diferenciación interna de roles, muchas veces de carácter familiar, y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad”, advierte el informe.
En el relevamiento se identificaron varias situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los prostíbulos. “En términos generales, la presencia de funcionarios policiales se debe interpretar como un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”, señaló la abogada Laurana Malacalza, coordinadora de la investigación.
Para el estudio, explicó Malacalza, se analizaron 74 causas judiciales vinculadas con la totalidad de los procesamientos dictados en los juzgados federales, que fueron informados a la Ufase, desde la sanción de la Ley de Trata N° 26.364, en abril de 2008, hasta abril de 2011 inclusive. En segundo lugar, se realizó un relevamiento de casos de trata con fines de explotación sexual en medios gráficos de tirada nacional –entre 2007 y 2010– del que se obtuvieron 142 noticias que representaron 57 hechos y daban información sobre 179 víctimas. Además, el estudio incluyó entrevistas a funcionarios y funcionarias a cargo de distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y de los ministerios de Justicia, Interior, Desarrollo Social y Seguridad de la Nación. Como parte de la investigación, se llevaron adelante talleres con miembros de las fuerzas federales, provinciales, ONG locales, funcionarios públicos y operadores de la justicia federal, en las provincias de Santa Fe, Tucumán y Misiones, en los que también se obtuvo información relevante.
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