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El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, afirmó en diálogo con Página/12 que en los próximos días comenzarán a investigar los potenciales “daños ambientales” dejados por Repsol-YPF. La compañía ya cuenta con una demanda penal por contaminación en la localidad de Luján de Cuyo, donde opera su refinería. El gobernador sostuvo además que va a discutir con los otros gobernadores qué hacer con las concesiones que se le habían quitado a la compañía. Tras una gira por Dubai y los Estados Unidos, el mandatario asegura que hay compañías petroleras que quieren invertir en el país.
–¿Qué cambiará a partir de la recuperación del control de YPF por parte del Estado nacional y las provincias?
–Esto fue una decisión estratégica soberana que tiene que ver con dos ejes principales. Por un lado, está la cuestión del federalismo, ya que en el nuevo armado de la compañía (e incluso en el Consejo Federal) tendrán lugar las provincias productoras de hidrocarburos. Y en segundo lugar, podremos sentarnos en el directorio de la empresa y tener una participación activa en la toma de decisiones. Es una intervención inteligente, que apunta al mejor diseño de las políticas hidrocarburíferas que necesita el país. El proyecto que presentó la Presidenta fue el resultado de un trabajo conjunto con las provincias, donde ella nos fue marcando la pauta de cómo debía ser la nueva compañía. Ahora podremos diseñar en conjunto la política de expansión en la producción y comercialización del crudo y sus derivados.
–Durante su presentación en el Senado, Julio De Vido y Axel Kicillof sostuvieron que YPF posee en su haber una serie de pasivos ambientales que incidirán (negativamente) en la valuación final de la compañía. Incluso mostraron ejemplos puntuales de Mendoza. ¿Cuál es la situación ambiental en su provincia?
–En la etapa previa al conflicto con Repsol-YPF habíamos realizado una denuncia penal contra la compañía, en la zona de Ugarteche, una localidad de Luján de Cuyo. Ahora investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa. Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados.
–Otro de los temas que surgen de los fundamentos del proyecto de ley tiene que ver con la política de precios alrededor de las naftas y una derivación de la producción hacia los combustibles más caros en detrimento del gasoil. ¿Esta situación se daba en su provincia?
–La refinería tenía capacidad ociosa porque no les llegaba el crudo –que ellos mismos extraen– para proveer a las catorce provincias a las cuales llegaban desde Mendoza. YPF aplicaba una política de desabastecimiento en todas las jurisdicciones. Por eso debemos cambiar la política de comercialización. En Mendoza, 18 departamentos no cuentan con estaciones de bandera, en otras tantas no se mejoró el cupo de abastecimiento en años, cuando el precio creció fuertemente. Su política de comercialización monopólica provocó el cierre de muchas estaciones de servicios, sobre todo a partir de la diferenciación en los precios; las inversiones de la destilería apuntaban a las naftas premium en detrimento de los combustibles que necesitaban desde la industria o la producción agropecuaria. Todas estas cuestiones no podían objetarse en la mesa del directorio. Era más importante para el país invertir en nuevos pozos que en naftas premium, que no son las que mueven la economía del país.
–¿Qué va a pasar con las áreas que le quitaron a YPF? ¿Fue una estrategia para disminuir el valor de la empresa antes de la expropiación?
–Vamos a tener que discutir este tema en coordinación con las provincias. Algunas se adelantaron y licitaron nuevamente las áreas. Nosotros quitamos dos concesiones, y a partir del desarrollo de la nueva YPF analizaremos el futuro de esos pozos. En realidad, la quita de las concesiones fue una estrategia mancomunada para no provocar, de golpe, ningún cambio estructural. Primero realizamos varios llamados de alerta y como la empresa hizo caso omiso a los mismos, se tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso. Hace casi dos semanas, (Antonio) Brufau me llamó porque quería mostrarme el plan de inversiones de la compañía. En esa conversación le dije que primero debía retrotraer los precios de las naftas que habían aumentado dos veces en 72 horas. Eran sus últimos manotazos de ahogado, ya que antes no se había mostrado tan propenso a invertir.
–Una posibilidad que se estuvo barajando antes del anuncio del proyecto es que cada provincia, a través de sus empresas públicas de hidrocarburos, pueda explotar esas concesiones. ¿Sigue en pie esa idea?
–Todas las provincias trataremos de trabajar en una misma línea, en lo conceptual, pero hay que ver la característica de cada región. No es lo mismo Mendoza, que tiene una destilería, que Salta o Jujuy. Tampoco es lo mismo el tipo de crudo que se extrae de Neuquén que el que se saca en esta provincia. La situación varía en cada jurisdicción. También es diferente la situación gremial. Por lo tanto, primero trabajaremos por YPF y luego cada provincia analizará cuál es el mejor escenario para las empresas provinciales del sector.
–La semana pasada estuvo en Dubai, Nueva York y Washington. Habló de la situación de YPF con empresarios. ¿Están preocupados por la situación o interesados en invertir en el país?
–Ambas cosas. Pero la preocupación deviene una posibilidad de inversión, cuando se entiende bien el porqué de la medida. Los empresarios están interesados en saber cómo sigue esta nueva etapa en la vida de YPF. La retirada de Repsol genera la posibilidad de que ingresen nuevos jugadores. Incluso, varias empresas ya lo venían manifestando. En Mendoza entró recientemente una compañía alemana. Pudimos transmitir estos ejemplos. Hay muchas empresas líderes de Europa que perciben que en el país no hay turbulencias, como nos quieren hacer creer. El proyecto de ley apunta contra Repsol (por ser quien controlaba a la compañía) pero no se mete con el resto de las inversiones que hay en el sector. El proyecto en cuestión deja bien en claro que están abiertas las puertas para que haya joint ventures con otras compañías.
–¿Y tras su paso por Washington escuchó cuestionamientos del gobierno norteamericano?
–No ha existido ninguna declaración en ese sentido. Fueron los exabruptos del canciller de España los que cayeron mal en el gobierno de Estados Unidos. El funcionario se reunió con Hillary Clinton y dijo que tenían el apoyo de ellos para llevar adelante acciones contra la Argentina, pero en realidad nunca existió una declaración oficial norteamericana. El gobierno estadounidense no habló demasiado del tema y eso molestó al canciller español. Hay un dato clave para entender esta situación. Las principales empresas norteamericanas ya invierten en el país y están interesadas en continuar en esa línea, como Exxon o Apache, que es líder en el desarrollo de los pozos no convencionales, como es el caso del yacimiento Vaca Muerta en la cuenca de Mendoza y Neuquén.
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