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A pocos días de haber accedido al control de la petrolera YPF, el gobierno nacional analiza ofrecerles a las compañías productoras de gas una mejora en los valores que reciben por la entrega al sistema regulado (consumo residencial, uso en centrales térmicas y GNC para automóviles), a cambio de inversiones que incrementen la extracción. Al menos, esto es lo que se deduce de lo que el presidente de la petrolera Medanito, Emilio Carosio, transmitió un día después de la reunión que mantuvo con el ministro e interventor de YPF, Julio De Vido. Según Carosio, fue el secretario de Energía, Daniel Cameron, el que antes de la reunión le deslizó que el Gobierno estudia establecer un “nuevo sendero de precios” que mejore la retribución de las empresas e incentive la producción.
Carosio indicó que “el actual precio del petróleo es remunerativo y alienta inversiones, pero le hicimos saber al Gobierno que es necesario que se actualice la retribución del gas”. La respuesta la tuvo el mismo lunes. “Antes de verlo al ministro, tuve la oportunidad de dialogar con el secretario de Energía y él nos dijo que establecerán un sendero de precios que incremente el valor del gas y lo vaya acercando a los precios en la región”, contó Carosio durante una entrevista para Radio El Mundo.
Las conversaciones sobre un mejor precio para el gas ya se habrían planteado en la reunión que mantuvo la semana anterior De Vido con autoridades de la petrolera Total, la principal productora de gas del país. La firma francesa opera y extrae en la Cuenca Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego, pero al igual que otros productores en esa provincia afronta dos problemas: el gas que extrae es el peor remunerado del país (porque se le descuenta al productor el costo del transporte hasta el área metropolitana) y no puede trabajar al ciento por ciento de su potencial porque no hay capacidad de transporte para el traslado entre Río Gallegos (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut). La merma de bombeo es de casi 10 millones de metros cúbicos diarios, aproximadamente un 8 por ciento de la producción nacional.
Medido en función de los precios en otras partes del mundo, el gas en boca de pozo en Argentina está bajo, aunque no tanto como indican los petroleros ni en forma tan homogénea. El precio argentino es muy inferior al que se paga por el gas de Bolivia o Ecuador (entre 8 y 10 dólares el millón de BTU), pero no respecto al del mercado estadounidense (dos dólares). La particularidad del gas es que no existe un mercado mundial como en el petróleo, por las dificultades de transporte a grandes distancias. La conversión a gas licuado para transportarlo por barco y regasificarlo en el país de destino encarece varias veces el precio, como se verá luego.
Como al productor se le descuenta el precio del transporte, al mismo gas que a Neuquén se le paga 3,50 dólares el millón de BTU, a Tierra del Fuego se le abona dos dólares. Según técnicos y operadores del sector, un precio de 3,50 a 5 dólares es remunerativo para pozos en producción y atractivo para invertir en pozos nuevos. Un precio de dos dólares, según las mismas fuentes, cubre apenas los costos de extraer e inyectar el gas en gasoducto.
En función de los precios de importación, el gas que reciben los productores resultaría extremadamente bajo. El gas de Bolivia se abona actualmente por arriba de los 9 dólares el millón de BTU, pero producto de un acuerdo político como compensación por inequidades (abusos, en realidad) históricas en contra de ese país por parte de otros gobiernos argentinos. El gas licuado que se importa por barcos, para regasificarlo antes de inyectarlo al sistema, se paga entre 15 y 17 dólares el millón de BTU. El principal proveedor es Repsol y el segundo, Pdvsa.
Por último, los precios que recibe el productor en Argentina varían en función del destino y, como fue dicho, la localización del yacimiento. El gobierno nacional regula el volumen de gas que cada productor debe destinar a uso residencial (a través de las distribuidoras), como combustible de centrales térmicas (a través de Cammesa) y para uso vehicular (GNC), fijándole precio a cada una de ellas. El valor para el gas de uso residencial no supera los 50 centavos por millón de BTU; los dos restantes oscilan por debajo de los 2 dólares. El excedente de producción de cada firma operadora es de precio libre. Los contratos de provisión en firme a las industrias oscilan en torno de los 2,50 dólares. La diferencia entre lo que le cuesta al Estado el gas importado y lo que le abona al productor da margen para mejorar este último precio, siempre que la contrapartida sea un aumento de la producción que efectivamente sustituya importaciones. De ese modo, la mejora en el precio al productor no tendría que afectar el precio final del gas al consumidor, en tanto reemplace el gas importado más caro.
De allí que lo más razonable sea que la mejora en la retribución vaya atada a un aumento en las inversiones y en la producción. El anuncio del titular de Medanito, aunque parcial, da cuenta de que el Gobierno estudia una solución en ese sentido.
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