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Al negarse a tratar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña e insistir con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior contra las denominadas nuevas amenazas y desafíos multifacéticos, el Pentágono fracturó la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana pasada en Punta del Este, Uruguay. Los desacuerdos fueron tan marcados que ni siquiera llegó a considerarse en la plenaria ministerial la propuesta impulsada por Estados Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa (JID) pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y la Memoria Institucional de la Conferencia de Ministros de las Américas. En cambio, su rol se tratará junto con el de todo el Sistema Interamericano de Defensa en una próxima conferencia que convocará la OEA.
En la guerra de 1982, Estados Unidos fue el aliado decisivo del Reino Unido al suministrarle bases, apoyo logístico, Inteligencia y misiles de última generación. Ese apoyo deslegitimó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según cuyo texto Estados Unidos debería haber apoyado a la Argentina ante un ataque extrahemisférico con el eventual despliegue y uso de la fuerza contra el agresor. A raíz de ello menos de la mitad de las naciones de la región son miembros del TIAR. El ministro argentino de Defensa, Arturo Puricelli, pidió que los países asistentes se declararan preocupados por “la creciente militarización del Atlántico Sur y la realización de ejercicios que incluyen el disparo de misiles como los que se están llevando a cabo en las Islas Malvinas” y que reiteraran “su firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre de 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En cambio Chile, Colombia y México se pronunciaron en favor de la soberanía argentina pero sin referirse a la militarización británica de la región. Esto marcó una clara diferencia con Estados Unidos y Canadá, que se negaron a tratar el tema porque sostienen que no corresponde a este foro. Estados Unidos sigue privilegiando así su alianza estratégica con el Reino Unido. Canadá fue aún más lejos: esa ex colonia inglesa que aún reconoce como su soberana a la reina británica se refirió al territorio en disputa como Falkland Islands y sentó que lo considera un asunto bilateral sobre el que “sólo los habitantes” de las islas “tienen el derecho de determinar su propio futuro”. El mínimo consenso reflejado en la Declaración Final sostiene que las naciones del continente americano tienen carácter pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” y que reconocen la importancia de la Declaración que la Asamblea General de la OEA firmó este año, para continuar examinando “la cuestión de las Islas Malvinas hasta su solución definitiva” por tratarse de un tema de “permanente interés hemisférico”. O sea, poco menos que nada: hay un problemita y nos preocupa.
En el único día que dedicó a la conferencia antes de partir para un encuentro más importante de la OTAN, el jefe del Pentágono, Leon Panetta, dijo que era difícil distinguir si las amenazas transnacionales a la paz y la estabilidad son asuntos de Defensa o de Seguridad Interior y que el empleo de militares para mantener el orden interno “no puede ser una solución de largo plazo”. No cuantificó si hablaba de años, décadas o siglos, pero dijo que entretanto su país apoyará a quienes apliquen esa solución, por supuesto con el siempre declamado “respeto a los derechos humanos y a las competencias de las autoridades civiles”. Uno de los países que votaron junto con el Pentágono por el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa fue Guatemala, donde tres días antes del comienzo de la conferencia las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz y el capítulo sobre derechos indígenas en la reforma constitucional que impulsa el gobierno del general Otto Pérez Molina. Como es natural, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala condenó el empleo de los militares y nueve de ellos fueron detenidos por “ejecuciones extrajudiciales”, el primer caso desde el proceso de paz. Los campesinos formaban un piquete que cortó la ruta Panamericana, que lleva a México. Los militares fueron enviados para asegurar el derecho a la libre circulación de personas y bienes. El primer detenido por decisión judicial fue el coronel Juan Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de Seguridad Ciudadana del Ejército, quien al mando de ochenta hombres con armas de guerra desoyó la recomendación de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de no acercarse al área de concentración. Aunque al principio el gobierno dijo que las tropas no estaban armadas, la evidencia fílmica y fotográfica lo refutó. Se recogió en el lugar un centenar de casquillos disparados desde ocho fusiles de asalto Galil.
La Conferencia fue organizada sobre tres ejes temáticos. El primero fue “Desastres Naturales, Protección al Medio Ambiente y la Biodiversidad” y también dio lugar a una votación dividida en la que la Argentina, Brasil y Venezuela se opusieron a la posición del Pentágono. La propuesta firmada por Chile pero que fue distribuida a varios asistentes por la delegación de Estados Unidos, “visualiza a las FF.AA. como un actor principal de los dispositivos de asistencia humanitaria internacional”, según el cuestionamiento argentino, que considera a la capacidad militar “un componente más de la oferta nacional”, cuyo uso y aprovechamiento depende de las autoridades civiles, igual que la coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Si resulta necesario, esas autoridades, que en la Argentina dependen del Ministerio del Interior, pueden apelar “al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas”. El punto 12 de la Declaración Final reflejó el desacuerdo entre las dos posiciones que confrontaron en la Comisión de Trabajo respectiva. Dispone aceptar la propuesta de Mecanismos de Intercambio de Información sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales, “para su eventual adopción” y dice que los ministros de Defensa la someterán “al estudio de las autoridades nacionales responsables de cada Estado con competencias primarias en la materia” y que la participación de cada país en ese mecanismo “será voluntaria, de conformidad con su propio ordenamiento jurídico”. También resuelve poner el tema a consideración de “las organizaciones a nivel hemisférico, regional y subregional que tienen competencia sobre los asuntos de desastres naturales”. Junto con Estados Unidos apoyaron esta posición Canadá, México, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. Además de la Argentina, Brasil y Venezuela votaron en contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Surinam, y se abstuvieron Uruguay y Guyana. La propuesta alternativa, que la Argentina y Brasil defendieron en comisión, no mencionaba la eventual adopción del mecanismo sino apenas “su estudio”. La Cancillería argentina también había advertido al Ministerio de Defensa sobre un párrafo de la propuesta chilena de Estados Unidos sobre el despliegue o empleo de “unidades o medios que tengan una capacidad mínima de siete días de operación con autosuficiencia”. En la práctica ésta podía ser una puerta de acceso para la eventual presencia en el territorio nacional de tropas estadounidenses “con un accionar autónomo”. Como queda claro en el propio punto, lo que se aprobó no es obligatorio, lo cual hace previsible que no sólo quienes votaron en contra se abstengan de entregar información para que el Pentágono la centralice. La discusión fue tan ardua que antes de votar se pasó a un cuarto intermedio, luego del cual el país anfitrión, Uruguay, presentó una tercera propuesta, en un último y fallido intento de impedir que la desavenencia quedara expuesta. La votación fue nominal y constó en el acta a pedido de la Argentina. Como se puede apreciar en sus resultados, Estados Unidos consiguió el apoyo de sus socios en el tratado de libre comercio de Norteamérica, Nafta, de casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, del bloque del Pacífico salvo Ecuador, y de Paraguay, recién suspendido en el Mercosur como resultas de lo que sus socios definieron como quebrantamiento del orden democrático, por la destitución del presidente Fernando Lugo sin las garantías del debido proceso. Mientras, la Argentina se alineó con Brasil y con los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La Declaración Final dispone “conmemorar” los 70 años transcurridos desde la creación de la JID y los 50 del Colegio Interamericano de Defensa. Perú había propuesto “felicitar a la JID por su aniversario y desempeño”, pero el amor no daba para tanto.
Esto refleja los disensos que empantanaron la discusión del Eje Temático III, que a su vez se dividía en dos subtemas: “Seguridad y Defensa” y “Futuro de la Misión y Funciones del Sistema Interamericano de Defensa”. La Declaración Final se refiere sin discriminar a Defensa y Seguridad, reconoce que ambas son “responsabilidad de los Estados y de la sociedad en su conjunto” (es decir, no sólo de las instituciones armadas) y reafirma “la importancia de la conducción política sobre estos asuntos”, lo cual marca algunos cambios en la región desde que finalizó la guerra fría y pasaron a considerarse inadmisibles los gobiernos militares. Los puntos cruciales al respecto son el 9 (“Los desafíos en defensa y seguridad así como la cambiante realidad de nuestros tiempos requieren una evaluación permanente de los instrumentos y mecanismos de cooperación apropiada entre los Estados”) y 10 (“La Conferencia de Ministros de Defensa considerará los temas prioritarios de las agendas regionales que resulten de interés para los sectores de defensa bajo una óptica integral y en el marco de la cooperación y complementariedad, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”). En el debate en comisión, se reconoció la coexistencia de distintas visiones y definiciones políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la defensa, “según las percepciones de riesgos y amenazas” de cada país y se aclaró que el grupo de trabajo no había intentado definir los conceptos de seguridad y defensa sino delimitar los ámbitos respectivos que podrían ser abordados por los ministros, ya que “la seguridad pública corresponde principalmente a otras instancias hemisféricas y a las particularidades de la arquitectura institucional de cada país”. Si bien existen esas diferencias, los ministros deben aplicar “los criterios de cooperación, visión integral y respeto a las normas de cada Estado, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”. Además, “los ministerios de Defensa de las Américas, a través de sus Fuerzas Armadas, actúan conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de manera subsidiaria como institución secundaria en apoyo a las otras fuerzas para hacer frente a una amenaza a la seguridad pública”.
El punto 6 de la Declaración Final es el que más tiempo de negociación insumió desde los meses previos a la reunión de Punta del Este, incluyendo un viaje a Montevideo y Buenos Aires del académico Frank Mora, el hijo estadounidense de exiliados cubanos que es viceministro del Pentágono para la región. Estados Unidos planteaba el fortalecimiento de la Junta y del Sistema Interamericano de Defensa. La nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”, difundida por el Pentágono una semana antes de comenzar la conferencia de Punta del Este anticipó que Estados Unidos promovería en la OEA y mediante relaciones entre las Fuerzas Armadas “un férreo sistema de cooperación” para la acción colectiva “frente a los desafíos complejos del siglo XXI”, lo cual implica “reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad”. En forma explícita se refiere a la Conferencia de Ministros, a la Junta Interamericana de Defensa y a las Conferencias de Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas, descriptas como “los foros principales en donde los jefes de las distintas fuerzas del hemisferio dialogan sobre temas como el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y respuesta a desastres, ciencia y tecnología, cooperación cívico-militar, el medioambiente y las amenazas emergentes”. En cambio la Argentina se había ofrecido como sede para una conferencia especial que encarara la revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, que considera obsoletos. Mora terminó por aceptar que la revisión era inevitable, pero dijo que su país sólo aceptaría que se realizara en la OEA, cuya sede está en Washington y la Argentina lo admitió. En la Comisión respectiva, la Argentina actuó como relator y entre los organismos que propuso evaluar incluyó a la conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, señaladas como instrumentos originados bajo la lógica de la guerra fría. En el último medio siglo esas conferencias constituyeron “un esquema de intercambio y cooperación horizontal militar-militar, en no pocos casos disociadas de las instancias político-institucionales hemisféricas y nacionales en materia de Defensa”, sostuvo en la Comisión el secretario de asuntos internacionales de Defensa, Alfredo Forti. El punto 6 de la Declaración Final acortó las distancias. Dice que la Conferencia solicita “al Consejo Permanente de la OEA que programe y lleve adelante, con la participación de los ministerios de Defensa, reuniones para la discusión sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del sistema interamericano de defensa, incluyendo a la Junta Interamericana de Defensa”. Continuará.
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