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Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En un piso estuvieron las empresas y nombres más conocidos del masserismo y en el otro aparece una ruta de sociedades que conduce al mundo de bienes y empresas del marino Jorge Ernesto Vildoza. Los dos pisos están en el legendario edificio de la calle Cerrito 1136: en el piso 10, el jefe de los marinos Emilio Massera fundó su partido Para la Democracia Social (PDS) y es la parte más conocida: allí se inscribió la sede social de Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras de Coria. La historia del piso 12 recién ahora empieza a mirarse de cerca: aparecen direcciones de tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Ernesto Vildoza.
El edificio de la calle Cerrito 1136 parece envuelto en una trama de misterio. Las ventanas encojadas en paredes marrones le dan un aire de televisor color años ochenta. La estructura está metida hacia adentro de la vereda. En el hall de entrada, oscuro, un encargado saluda detrás de un mostrador. En las paredes hay chapones con indicaciones de lo que podrían ser estudios de abogados o empresas. El hombre del mostrador dice que la mayoría son estudios de abogados. Y que cada piso tiene un dueño. La página del Telexplorer muestra más o menos lo mismo, y alguna cosa un poco más llamativa: en el piso 8, por ejemplo, una empresa llamada Zass International, en su sitio web, ofrece, entre imágenes de barcos, el recupero de pérdidas de trasporte marítimo en todo el mundo.
En los años de la dictadura hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 10 de Cerrito en calidad de trabajadores esclavos. Otros escucharon las carcajadas de Miguel Donda en el pozo de la ESMA, cuando volvió eufórico después de hacer lo que describió como “un autoatentado” en ese departamento, como parte de una campaña destinada a buscar notoriedad para Massera en medio de sus aspiraciones políticas. En enero de 1983, Massera se presentó como candidato a las elecciones por PDS y la sede estaba en ese espacio. El lugar fue descripto numerosas veces por este diario como un verdadero cuartel de operaciones, desde donde se hizo de todo: el masserismo combinó contactos políticos con la derecha peronista y negocios que incluyeron hasta un plan de reequipamiento naval, fragatas misilísticas, y armas. En 2005 y 2006, el juzgado federal de Sergio Torres instruyó un expediente de robo de bienes en la causa de la ESMA: el departamento del piso 10 aparece como propiedad de Ecer SACIA, IF y M desde el 24 de noviembre de 1979. Entre los accionistas había un hijo de Massera y un cuñado. Lo que se escribió sobre ese departamento y los negocios es mucho, pero todos parecen situarlo como un posible punto de origen de la historia que existió alrededor de los negocios de la ESMA. El represor condenado Jorge Radice era contador en la ESMA, además de conspicuo tirador. Massera se lo llevó al piso 10 de Cerrito. Algunos dicen que lo puso como secretario privado del partido. Sus alias eran Ruger pero también “Héctor Ríos”, alias con el que integró junto a Francis William Whamond la sociedad llamada Will-Ri: un juego de palabras con los nombres. A través de extorsiones y de violencia, Will-Ri se quedó con la chacra de Cerro Largo S.A. en Chacras de Coria, propiedad de un grupo de mendocinos desaparecidos.
Radice es otro de los nombres importantes de la trama de negocios y anuda dos vías sólo desde ese piso. Por un lado, operaciones inmobiliarias, algunas de las cuales investigó Torres en aquel expediente, y por el que lo procesó a él, a Jorge “El Tigre” Acosta y a Carlos José Pazo. Y otra ruta es una compleja trama de relaciones societarias que siempre fueron denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. Las más conocidas son Martiel S.A., Seal Lock S.A. y Talsud S.A., donde Radice se combinó en distintas épocas con Ricardo Cavallo y Acosta, y de las que emergieron numerosas compañías que hoy se investigan en otro expediente del juzgado. Allí aparecen nombres que no son de marinos pero siempre se los asoció: uno es Norma Radice, la hermana de Ruger; Raúl del Prato; el Colorado Miguel Angel Egea y su mujer, o ex mujer, Bárbara Franz. Puede pensarse frente a ese enorme mapa de sociedades que a medida que fueron cayendo presos los marinos, esos otros nombres empezaron a reemplazarlos definitivamente en la trama de sociedades externas.
Algo de esa misma lógica de nombres que empiezan a aflorar cuando los marinos ya no pueden operar podría pensarse sobre el clan Vildoza. Oscar Beccaluva conoció a los hombres asociados a Jorge Ernesto Vildoza en 1995. Beccaluva es un abogado todoterreno de Misiones, y lo llamaron para resolver un problema con la licitación de un bingo. Volvieron a llamarlo más tarde por la ejecución de unos pagarés. Las primeras reuniones en Buenos Aires, las tuvo con el apoderado de la empresa: un abogado llamado Luis Alberto Campi lo recibió en Cerrito 1136, piso 12.
American Data S.A. se creó en 1987 (el mismo año en el que el Tigre Acosta fundó sus astilleros Astilsud con Radice y Egea). Según los papeles, el objeto comercial son actividades de juego de azar y apuestas. El presidente de la compañía es el hijo de Vildoza, que también lleva su nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante de Inteligencia de la Marina hasta 1988. El vicepresidente es su yerno: Fernando Giromini, piloto del Ejército hasta 1983, ahora piloto de Aerolíneas, hijo de un marino con grado de vicealmirante que fue presidente de Coviara (Construcción de Viviendas para la Armada) y padre de otros dos hijos de la fuerza.
En julio de este año, la jueza María Servini de Cubría detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza. Los dos estaban prófugos desde 1986 por la apropiación de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. La jueza allanó diez días después las oficinas de American Data en la calle Repetto al 3300 en Vicente López y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de José Sbatella bloqueó las cuentas de la empresa por lo que a esta altura parece casi un menudeo: las intervenciones de teléfonos demostraron que desde ahí se prestaba asistencia financiera a los prófugos dado que, por ejemplo, pagaron el teléfono de Grimaldos.
Desde entonces, la UIF investiga a la empresa en dos direcciones: su trama de relaciones societarias en el tiempo presente y en el pasado rastrea sus orígenes: el abogado Oscar Beccaluva viene denunciando desde 2006 ante la Justicia de Tierra del Fuego que Vildoza padre le dijo que el origen de su empresa fue producto del robo de bienes de la ESMA. Uno de los nombres que dio Beccaluva en las declaraciones fue el de Campi. Lo situó entre los principales actores del círculo interno, encargado de proveer a Vildoza de documentos falsos e insumos en su condición de prófugo, pero también lo ubicó como responsable operativo de los negocios. “Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí”, dice Beccaluva que le dijo Vildoza en una entrevista con Página/12 publicada dos semanas atrás. “Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina –dijo–. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle y la autorización era de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.”
Los fiscales de Tierra del Fuego pidieron la indagatoria a Campi en 2011 por esas denuncias en una causa que (aún) no prosperó, pero incluye la hipótesis del lavado de dinero. Hace dos semanas, luego de la publicación de la entrevista en este diario, Campi le mandó una carta documento a Beccaluva para pedirle que se retracte o rectifique de la información.
Ahora bien: ¿cuáles son los datos que hacen que ese nombre sea interesante, que valga la pena mirarlo de cerca? ¿Y por qué esa dirección de Cerrito?
La jueza Servini de Cubría secuestró documentos de American Data en el allanamiento. Campi aparece en esos papeles como apoderado de la empresa. También actúa como abogado. En este momento, patrocina a Vildoza hijo y a su cuñado Giromini en la causa por el congelamiento de fondos impulsada por la UIF. Apareció, por ejemplo, como apoderado de una UTE que formó American Data S.A., Gilaberte S.A. y Punto y Banca SRL para licitar un emprendimiento de casinos. Ese dato importa sobre todo en aquella búsqueda que intenta unir pasado y presente. Gilaberte es una empresa de, o muy cercana a, Vildoza: misma dirección de American Data y mismo directivo. Pero la articulación con Punto y Banca conecta dos cosas: los nombres que aparecen integrados a Punto y Banca (en base de datos de empresas consultadas por este diario) atan esa compañía a un impresionante tendido del mundo del juego para dejarlos casi como uno de los actores más importantes. Por otro lado, en esa relación de búsqueda de conexiones que en el pasado puedan leerse en la trama del robo de bienes, lo que se sabe es que el casino de Punto y Banca en Puerto Madryn tuvo en 2006 como gerente al ex comisario Julio César Garachico, hombre de Miguel Etchecolatz, juzgado en este momento en La Plata. Existe la presunción de que pueden ser parte de la misma compañía porque Punto y Banca y American Data comparten el mismo domicilio comercial en Madryn y se facturan entre ellos.
Así las cosas, Campi aparece como apoderado o abogado de American Data, la empresa que, por lo menos, protegió a dos prófugos y se asoció a otra que tuvo en el frente a un nombre de la policía de Etchecolatz. Beccaluva dice que a mediados de los ’90 lo visitó en el piso 12 del mismo edificio que Massera ocupó. Según la base de empresas consultada por este diario, la posición de Campi en el piso 12 aparece además reforzada por otros datos. El hombre está vinculado a cuatro sociedades: tres tienen su sede social en ese lugar. En Petrolera Sudamericana aparece como síndico suplente, y luego hay dos inmobiliarias en las que aparece como presidente: Dunker S.A. y Menchilú S.A..
Beccaluva dice que sus oficinas estaban en el último piso, un piso que formaba una especie de dúplex con otro más. Dijo que en la parte de afuera había como un golfito. El piso 12 es último piso del edificio. De acuerdo a la charla con el encargado está conectado en dúplex con el piso 13.
Radice declaró en junio de 2006 en la causa de Torres. Y esas declaraciones ahora son revisadas nuevamente por la UIF. En la declaración reconoció la lógica de la apropiación de bienes a la que lee como parte de la racionalidad de la “lucha contra la subversión”. No habló de “apropiación” sino de “recuperación” de bienes. Explicó que una de las personas por las que le preguntaron en el juzgado tenía una función en la ESMA: “recuperar dineros, bienes muebles e inmuebles y demás objetos de valor que se hubieran utilizado en el accionar guerrillero y cuyo origen ilegal fueron producto de secuestros y acciones similares”. Quien determinaba cuáles eran los “fondos ilegales” era “una comisión especial conformada por oficiales de la Armada” y detenidos-desaparecidos.
Por otro lado, explicó el camino del dinero: dijo que el producto de la venta “era entregado por acta al Segundo que estaba a cargo de la UT3.3.1 e interino de la 3.3.2 capitán (Adolfo Mario) Arduino en ese momento. Lo que se efectuaba con el material y el dinero como destino final no es de mi conocimiento”.
Vildoza reemplazó a Arduino en 1979. Una hipótesis que investiga la UIF es si Vildoza comenzó a recibir ese dinero: allí ponen el ejemplo de Arduino, que murió pero se le descubrieron dólares en una cuenta de Suiza.
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