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La decodificación del desplante masivo del jueves 8 insumirá tiempo y atención por parte de actores políticos y analistas, debido a la descentralización y la ausencia de un liderazgo explícito. Es obvio que se trató de una manifestación adversa al gobierno nacional pero la lectura se hace menos nítida cuando se trata de discernir el mensaje transmitido al resto del sistema político. En una interpretación extrema, quedó a la vista la crisis de representación de los sectores sociales que tomaron la calle, que detestan al gobierno pero no confían en quienes lo enfrentan. En el otro extremo, la organización habría sido conducida por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maurizio Macrì, único adalid de las demandas latentes y manifiestas, mientras otras fuerzas penaban para explicar por qué no pudieron ir a una movilización que lisonjean.
El profesor de historia económica de la Universidad Nacional de Buenos Aires Ricardo Aronskind se preguntó qué ocurriría si las consignas de los carteles y las propuestas de economistas, medios de comunicación y empresarios de la derecha aborigen se convirtiera en realidad. De aplicarse ese programa implícito se aceleraría la fuga de capitales originados en la evasión impositiva, la especulación cambiaria volvería a ser la actividad económica principal. Sucedería otra megadevaluación, con aumento generalizado de precios, vertical caída de salarios, consecuente contracción de la demanda, quiebra de pequeñas empresas y desempleo generalizado. Para mantener el consumo suntuario de los indignados, se agotarían las reservas del Banco Central y se reiniciaría el ciclo del endeudamiento externo, luego de capitular ante los fondos buitre y el FMI y saldar las cuentas con el Club de París. Disminuidos o eliminados las retenciones, los impuestos a las ganancias, el cheque, la renta presunta, los bienes personales y la propiedad inmobiliaria, la inevitable reducción del gasto público generaría más recesión y desempleo, con lo cual disminuirían o desaparecerían las presiones salariales. El corte drástico de subsidios a la energía y el transporte, la reducción de los planes de obras públicas, el congelamiento de la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones y el despido de personal del Estado incrementarían la pobreza, la indigencia, la conflictividad social, la violencia y el gasto en seguridad privada. Sin crédito a la producción y el consumo y contenida la expansión monetaria, el aumento de la tasa de interés dejaría sin financiamiento a la producción y el comercio. Caerían las ventas y la actividad económica. El allanamiento a los reclamos de los acreedores del país derivaría en corridas cambiarias y bancarias, con colapso de la actividad económica y cierre de bancos. La firma de “tratados de libre comercio unilateral” con Estados Unidos, la Unión Europea y China llevaría a la desaparición de la industria nacional y a una desocupación estructural del 30 por ciento, con flexibilización laboral extrema para el resto. Si el gobierno desmantelara los organismos de regulación y control, eliminara la restricción a la compra de tierras y la remisión de utilidades por parte de extranjeros, se produciría un incremento exponencial del lavado de dinero proveniente de actividades criminales, habría un gran aflujo de capital especulativo, que financiaría la formación de activos externos y las remesas de las multinacionales. Aronskind no se priva de una tenue ironía; también habría buenas noticias: las firmas multinacionales invertirían en recursos naturales, que se exportarían en bruto, en los shoppings se conseguiría de todo y la Fragata Libertad retornaría triunfal.
Además de la economía, el 8N se vocearon otros reclamos más apasionados, sobre el autoritarismo de la dictadura K y el anhelo de libertad. Esta percepción merece algo más que una sonrisa. La mayor manifestación porteña en décadas (en pocas ciudades del interior se vieron contingentes menores) transcurrió en absoluta tranquilidad, sólo interrumpida por los propios manifestantes con ataques a periodistas que caracterizaron como provocadores oficialistas. Que este logro extraordinario de la democracia, en contraste con lo que puede observarse en Europa, donde policías bravas golpean, gasean y matan a los protestones, no sea registrado ni penetre en el razonamiento de sus principales beneficiarios, da cuenta de su extrema cerrazón ideologista. Las medidas adoptadas por un gobierno democrático en protección de los más vulnerables o del conjunto, son vividas como dictatoriales por quienes prosperaron gracias a las más sanguinarias dictaduras, como el hoy procesado barón del azúcar y el papel Carlos Blaquier y muchos no tan poderosos pero con su mismo horizonte de aspiraciones. Tampoco tienen remedio las reiteradas acusaciones a CFK. Para ellos es soberbia y para muchos otros espléndida. En eso consiste el pluralismo. Las también reiteradas denuncias sobre su eventual rrrelección tienen la consistencia de un ectoplasma. Como la propia presidente dijo en su discutido tour por las universidades de la costa Este de los Estados Unidos, es imposible que ocurra sin el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Si en algún momento improbable dos tercios del Congreso quisieran habilitarla la cuestión ya no sería problemática. Otros dos rubros descollantes en la agenda de aquella noche de pasiones desatadas fueron la corrupción y la inseguridad. El trabajo académico “Corrupción, delincuencia y democracia” del politólogo de la privada Universidad Torcuato Di Tella Germán Lodola, allega elementos útiles para el debate. Es el capítulo argentino del Barómetro de las Américas que realiza el Programa de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) radicado en la universidad canadiense de Vanderbilt, con el financiamiento de la Usaid, la agencia del gobierno de los Estados Unidos para la ayuda internacional. Lodola constata que la percepción y la realidad sobre la corrupción en el sector público y las tasas de delincuencia no siempre coinciden. “A pesar de que la probabilidad de ser victimizado por la delincuencia es baja (incluso en países con altas tasas de criminalidad), las personas habitualmente leen sobre crímenes violentos en los periódicos, ven imágenes crueles en la televisión, o conocen a personas que han sido víctimas del crimen. El temor a ser victimizado, por lo tanto, puede tener un impacto mayor sobre la formación de actitudes hacia la democracia que el haber sido víctima directa del crimen”, dice Lodola.
La percepción de corrupción en la Argentina es en forma estable de las más altas de la región, sólo inferior a las de Colombia y Trinidad & Tobago, aunque descendió en forma significativa desde la asunción de CFK. Esa percepción se agudiza entre “las personas con mayores ingresos”. Transparencia Internacional elabora un índice con evaluaciones externas y encuestas a hombres de negocios. Durante el menemismo la Argentina descendió del puesto 24 al 71 de ese ranking mundial. Con la Alianza cayó al puesto 92 y hoy ocupa el 100 entre 183 países. El nivel de victimización real es mucho menor, con una tendencia también descendente. En 2008, 27,5 por ciento de los entrevistados declararon haber sido víctimas de por lo menos un acto corrupto por parte de funcionarios públicos y este año sólo el 19,2 por ciento. En el caso de la inseguridad, Lodola coteja la percepción de inseguridad sobre la vida cotidiana con las estadísticas sobre homicidios dolosos compiladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y con una encuesta de victimización, que incluye otros delitos que las estadísticas no registran con la misma exactitud. En la tabla de la percepción, la Argentina es el undécimo país del continente donde los ciudadanos se sienten más inseguros de ser víctimas de un asalto o robo, con 38,9 puntos en la escala, por encima del promedio regional y de otras naciones como Colombia o Brasil “donde las tasas de homicidios dolosos son marcadamente superiores”. En el listado de Naciones Unidas, la Argentina padeció 4,3 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en 2011. Este es el tercer mejor puesto, sólo detrás de Canadá (1,6) y Chile (3,2). En la encuesta de victimización la Argentina no ocupa un lugar tan destacado: el 21,3 por ciento de los entrevistados informaron haber sido víctimas de algún acto delictivo, contra el 17,6 por ciento del promedio continental. Pero incluso la subjetiva percepción de inseguridad tuvo una fuerte baja en los últimos años. Según el investigador, en 2008 alcanzó 57,3 puntos y en 2012 cayó a 38,9. Aún así, la seguridad constituye la mayor preocupación de la opinión pública. Así lo dijeron “el 39,8 por ciento de los argentinos, frente al 29,6 por ciento de los habitantes del continente”. El 40,5 por ciento de los delitos sucedieron en el hogar, el 30,5 por ciento en el barrio de los encuestados, el 17,4 por ciento en su municipio. Es decir que 3 de cada 4 se producen en el entorno geográfico inmediato a la víctima, lo cual sugiere que “se relacionan con conflictos interpersonales antes que con actos derivados de la criminalidad”. También la tasa de victimización disminuyó en la Argentina: del 27,5 por ciento de los entrevistados en 2008 al 21,3 por ciento en 2012. Lodola destaca que las personas más jóvenes, las más educadas y quienes viven en grandes centros urbanos son las más proclives a ser víctimas de la delincuencia en la Argentina. Las dos últimas variables coinciden con el perfil del caceroleo de hace diez días. Lodola concluye que la victimización, tanto por corrupción como por delincuencia tienen impacto negativo sobre el apoyo al sistema político, pero muy inferior al de las respectivas percepciones. “Cuanto más inseguros se sienten los argentinos y cuanto más generalizada entienden que está la corrupción en el país, menor es el nivel de apoyo que demuestran hacia el sistema político”, con independencia de los niveles reales de seguridad y corrupción.
Sincronizados por un mismo patrón intelectual, los principales medios volvieron a vaticinar catástrofes. Como Cristina no escucha y mantiene las políticas cuestionadas está “bailando al borde de una profunda crisis política y social” (JMS). Así, puede “poner en riesgo no sólo a su gobierno sino al sistema democrático” (Sergio Berensztein). A diferencia del gobierno, que “no aprenderá nada de lo que sucedió el jueves 8”, algunos dirigentes de la oposición “saben dónde terminarán si no proceden como se les ha pedido que lo hagan desde las calles” (Santiago Kovadloff). “La Argentina parece encaminarse a un cambio de gobierno en un plazo natural o en una aceleración indeseada” (Eduardo Fidanza, todos ellos en La Nación). Pasando de la expresión de deseos a las invectivas, tanto Nelson Castro, en TN, como Eduardo Van der Koy, en Clarín, calificaron de “necedad” diversas actitudes de la presidente, como si el exabrupto fuera la relación normal de un comentarista con la jefa de Estado. Nadie fue más explícito que el director de La Nación, Bartolomé Mitre, quien desde Brasil dijo que el país vive bajo la dictadura de los votos, que a su sincero entender es “la peor de todas”. Con la misma candidez agregó que “ni el gobierno de Perón ni la dictadura militar fueron tan lejos”. Con un instrumento de medición insólito en sus manos, opinó que “este gobierno no es realmente peronista” y aventuró que no ve otra opción que una sucesión de Cristina por “otra corriente peronista, un poco más abierta, más de centro”. Sobre la composición social del país, agregó que “hay una elite que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la presidente”. Así, borró de un plumazo a la clase media, la misma que según el Banco Mundial se duplicó en la década kirchnerista mientras se reducía la desigualdad social. Esta notable exasperación en personas que se consideran cultas, serenas y racionales se explica por el primer retrato cuantitativo que Artemio López realizó después del episodio, entre 1200 personas seleccionadas en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El 32,3 por ciento coincide con la protesta y el 61,6 por ciento no. Apenas el 1,6 por ciento de los asistentes votó a CFK en 2001. Igual que luego de la mediocre elección de medio término en 2009, el gobierno nacional precisa el rumbo y acelera, en la liquidación del Estado que legó el neoliberalismo y en la ampliación de distinto tipo de derechos, en muchos casos con apoyo parcial o total de la oposición. Cuenta los días para la aplicación plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que (según pronunciamientos coincidentes de la Corte Suprema de Justicia y las relatorías para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas) favorece el pluralismo y no afecta la libertad de expresión, mientras sólo la cuestionan las sociedades de patrones de medios, como la SIP o AIR. Consiguió dictamen de comisiones para el proyecto de regulación del mercado de capitales, pese a la oposición de la Bolsa pero con el voto en general de la UCR y el FAP. Envió un nuevo proyecto de ley de trabajo doméstico, con jornada máxima de ocho horas, 50 por ciento adicional por horas extras y 100 por ciento el sábado; con aguinaldo, vacaciones pagas, seguro de riesgo de trabajo y negociación salarial tripartita en una Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. También anticipó que discutirá con los sindicatos un nuevo mínimo no imponible del impuesto a los ingresos de las personas para el año próximo y dispuso elevarlo por decreto para el próximo medio aguinaldo. Hizo públicos todos los decretos del Poder Ejecutivo que tenían la clasificación de secretos, con pocas y fundadas excepciones. La Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad el proyecto denominado de femicidio, que agrava la pena si la motivación del asesinato es “placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”, y la de Senadores dio media sanción al mecanismo de prevención de la tortura.
Desde 2007 está vencido el plazo para la creación del mecanismo nacional de prevención que dispone el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por la Argentina en 2004. Ese mecanismo permitirá abrir a la visita y el monitoreo los espacios de la sociedad sumergidos desde siempre en la mayor oscuridad, ya sean cárceles, comisarías, institutos de menores o psiquiátricos, donde están documentados en exceso los patrones estructurales de violación de derechos sobre las personas privadas de libertad. Una amplia coalición de organizaciones sociales redactó e impulsó la ley. Con media sanción de Diputados en 2011, estaba a punto de perder estado parlamentario pero un acuerdo transversal obtuvo los dos tercios para tratarla sobre tablas y aprobarla por unanimidad, introduciendo modificaciones menores que las organizaciones negociaron con el bloque legislativo oficialista que conduce Miguel Pichetto, sin afectar lo esencial. El Comité Nacional de Prevención tendrá trece miembros, independientes y que no ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses. Tres serán postulados por las organizaciones no gubernamentales que participaron en el proceso de selección; otros tres por los mecanismos provinciales de prevención y la Procuración Penitenciaria; seis por los dos primeros bloques de cada Cámara del Congreso y uno por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La presidencia corresponderá a un miembro designado a propuesta de la mayoría parlamentaria. Todos pasarán por un procedimiento transparente, con la posibilidad para la ciudadanía de presentar observaciones, apoyos y preguntas, que serán respondidas en una audiencia pública. El Comité visitará los establecimientos de detención, controlará su capacidad de alojamiento y sobrepoblación; el empleo de la fuerza, requisa y medidas de sujeción, el régimen disciplinario, la designación de funcionarios, la documentación e investigación de casos de tortura o malos tratos, el régimen de traslados y el fortalecimiento de los controles judiciales. También habrá un Consejo Federal integrado por mecanismos locales independientes, con un proceso de designación abierto y participativo y representación de la sociedad civil. El Comité Nacional elaborará estándares y criterios de actuación que deberán ser puestos en práctica por todos los integrantes del sistema. La ley establece que todos los organismos públicos, así las como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas con los lugares de encierro, deberán facilitar acceso al conocimiento de la situación de las personas privadas de libertad y de los procesos de selección, formación, capacitación, promoción y ascensos del personal penitenciario. Las víctimas de hechos de tortura o malos tratos tendrán acceso a los expedientes judiciales o administrativos en los que se investigue la denuncia. También se garantizará la confidencialidad y la protección de los testigos, y las autoridades deberán definir el cupo carcelario y ajustar los casos de sobrepoblación a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. El senador oficialista Daniel Filmus y los opositores Nito Artaza y Rubén Giustiniani aportaron a la aprobación del proyecto, en una clara prueba de que aún en la más aguda polarización es posible encontrar puntos de coincidencia cuando la mira está puesta los derechos fundamentales de los más desprotegidos, aunque no fuera por ellos que doblaron las cacerolas.
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