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“(...) Sois ricos.
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;
Y alumbrando el camino de la fácil conquista,
La Libertad levanta su antorcha en Nueva York.”
“Oda a Roosevelt”,
de Rubén Darío.
“I wanna wake up in a city
That doesn’t sleep
And find I’m king of the hill,
Top of the heap...”
“New York, New York”,
canción que Frank Sinatra transformó en himno.
“Nunca vi un fallo así”, confiesan abogados afincados cerca de Wall Street, insospechados de populismo. Concuerdan economistas de postín, ajenos a la galaxia K. Aluden tanto a la parte resolutiva cuanto a los inflamados fundamentos. La decisión del juez Thomas Griesa no reconoce precedentes, ése es uno de los motivos (no el único) que hizo que fuera tan extendida la sorpresa que produjo.
El expediente debe recorrer todavía varias instancias, dista de ser una sentencia firme. Si llegara a estarlo (hipótesis no concretada pero para nada imposible) abriría las puertas a un cataclismo que implicaría a la Argentina pero que se propagaría al sistema financiero internacional. El Estado nacional la recurrirá mañana. Aunque algunos lo omitan, es su deber legal agotar las instancias frente a toda sentencia adversa a los intereses nacionales. Las instituciones de la república imponen ese comportamiento, dato que varios “republicanos VIP” ignoran. Se repite: es su obligación. Y se añade que (aunque suene estridente para ciertos oídos) es su deber patriótico.
El juez federal de Nueva York rompe todas las reglas, desoye los reclamos de Argentina tanto como los de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Acreedores institucionales (carne de Wall Street, digamos) se suman. El argumento compartido es que acceder al reclamo de los fondos buitre genera un riesgo sistémico de imprevisibles, pero seguro tremendas, consecuencias. Impacto eventual en canjes futuros, algunos inminentes en el corazón del Primer Mundo.
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Un día de furia: Si el cronista creyera que sus lectores son masoquistas y quieren agriarse el domingo, les aconsejaría leer la resolución. Es impresionante. Un dato ineludible, primordial, es la furia del magistrado. A Griesa, valga la expresión, lo sacan de quicio declaraciones públicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Economía Hernán Lorenzino y de otros integrantes del equipo de Gobierno. Las traduce como un desafío a su poder, un anuncio de que desacatarán una sentencia en su contra. Eso, son sus palabras en traducción libre, lo compele a exigir un fastuoso depósito en caución, 1330 millones de dólares, antes del 15 de diciembre.
La ecuación personal de un octogenario, conservador de pálpito, impone su sello. Una intrincada lógica legal, que Argentina consintió en mala hora, le otorga competencia a un juez que no capacita para resolver lo que tiene entre manos. Amante de las comparaciones, que tienen parte de licencia literaria, el cronista evoca el caso del asesinato de José Luis Cabezas. Una bisagra histórica que recayó en el tribunal de un oscuro, ya crecidito y poco avezado juez de pueblo. Incapacitado para un asunto de tamaña entidad, aunque competente desde el punto de vista legal.
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De iguales, nada: Griesa cree que deben cesar las exenciones y los plazos otorgados a la Argentina en su mismo juzgado. Habla de equiparar a los buitres con los acreedores que aceptaron los dos canjes soberanos de deuda. Pero, puesto a decidir, los coloca en una situación de feroz primacía. Para ellos no hay quitas ni plazos. Los 1330 millones son el total de la demanda en la que se dicta la decisión.
La sentencia está redactada en el inglés conciso que suelen usar los norteamericanos, tiene bastante menos jerga técnica que la media de los fallos de los tribunales argentinos. Una característica chocante lo caracteriza: parece referirse a un conflicto entre dos particulares. Digamos, un deudor y un acreedor por un accidente de tránsito o el cobro de un pagaré. Las (fenomenales) peculiaridades del conflicto le atraen poco o nada. Algo comenta, al desgaire, para replicar fundamentos de los litigantes argentinos o del Norte, pero su núcleo es la conducta de las partes, sus palabras. Las resonancias y consecuencias de la cuestión le son ajenas.
No hay gran casualidad en esto. Como comenta el economista Jorge Gaggero, en diálogo informal con el cronista, la Argentina resignó la competencia de sus tribunales para aceptar litigar en el país en el que la propiedad privada es sacrosanta. En donde las sociedades comerciales son consideradas más importantes que las personas. Los límites impuestos al mercado por la lógica del Estado de Bienestar son vistos con recelo, cuando no con ánimo condenatorio. Todo juzgador tiene una ideología que condiciona sus resoluciones, la de Griesa es flagrante. Hay un pecado original del Estado argentino: haber prorrogado (cedido) la competencia de sus tribunales.
Griesa rechaza, con pocas y confusas palabras, lo del precedente infausto y el riesgo sistémico. La Argentina es única en su contumacia, propone. Pocos especialistas o dirigentes políticos en el mundo concuerdan con su enfadado punto de vista. Pero ahí está el poder, hasta un punto que se irá midiendo.
Se abre un escenario sin precedentes y por eso mismo impredecible. Es, como casi siempre, un buen aliciente para matizar las profecías, críticas o encomiásticas.
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Barras bravas en la tribuna (de doctrina): Por cierto, el diario La Nación no tiene pliegues ni dudas. Se alinea con el juez neoyorquino o, por ser más estricto, con los fondos buitre. “Fallo Griesa: el valor de honrar las deudas” se titula el editorial del viernes 23. De nuevo, se propondría su lectura si no fuera tan indigesta.
La tribuna de doctrina no se pone del lado de los acreedores institucionales, de ese 93 por ciento que negoció con Argentina, acordó, cobra prolijamente sus acreencias y le reclama a Griesa que piense con sensatez. Fiel a su historia, La Nación
enarbola la bandera de lo peor del globo terráqueo, ahora es la hez del mundo financiero. Ironicemos apenas, para aliviar el domingo: si bancó genocidas, es casi un avance que ahora se encolumne con usureros.
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Pedid lo imposible: Griesa impone una suerte de medida cautelar. Se aclara que la traslación de las expresiones del derecho argentino (bien distinto al anglosajón) es aproximativa, para facilitar las explicaciones. Argentina debe depositar la caución exorbitante antes de la fecha en que se dispone a honrar el pago de bonos canjeados. La operatoria se realiza transfiriendo dólares del Banco de Basilea al de Nueva York (BNY), que es el encargado de los pagos. Legalmente la plata deja de ser argentina no bien se ordena la transferencia, por eso Griesa no ordena el embargo. Sí le ordena al BNY que, si no hay depósito judicial, se abstenga de pagar a los bonistas o se atenga a las consecuencias. El apercibimiento, no muy detallado, es severo. Linda con considerarlos en desacato. De ahí que sea imposible saber con certeza qué hará el susodicho banco. Se irá develando en los próximos días. Por eso, en el gobierno argentino se cabildea sobre si “des-rutear” el pago y derivarlo a otro agente financiero, en una sede más segura. No es una tarea sencilla, por evidentes razones técnicas y legales, pero quizá sea forzosa.
Lo que sí hará el Estado es demostrar su voluntad de pago y su solvencia, que han sido constantes desde el primer canje de 2005. O sea, probar que no quiere caer en default y tiene con qué evitarlo.
Bueno es recordar que esas negociaciones no fueron una transa realizada en un oscuro callejón de suburbios. Fue una pulseada firme, inédita en la magnitud de la quita, con arrestos de desafío pero al unísono dentro de la normativa internacional. Los canjes se hicieron con la intervención del sistema financiero internacional, público y privado. Sus exigencias forzaron cambios, reglas de juego e incluso postergaciones. La historia se reseña a trazos gruesos en recuadro aparte.
El producto es un acumulado de un 93 por ciento de acreedores que aceptaron la quita y vienen cobrando en tiempo y forma. La resolución de Griesa vulnera esos pactos y esa legalidad. El Estado nacional se comprometió a no realizar acuerdos mejores con los holdouts (acreedores que no aceptaron). Si incumple el pacto, los bonistas pueden reclamar judicialmente, lo que abriría un tsunami de reclamos judiciales. Una “ley cerrojo” del Congreso nacional confirmó esos márgenes. Si hubiera otro (muy otro) gobierno que quisiera avenirse con los fondos buitre debería derogar la ley primero, algo accesible con una mayoría calificada. Pero no escaparía al escarmiento de los pleitos de los demás. Quienes proponen sentarse a negociar con los buitres desconocen esos condicionantes.
Pero, por añadidura, las reglas dispuestas por Griesa, al ser tan beneficiosas para los fondos buitre, obstaculizan cualquier tratativa. Les da todo.
La sentencia es incumplible. En eso concuerdan dos ex banqueros centrales: Alfonso Prat Gay (diputado hoy por la Coalición Cívica) y el hiperredradista Martín Redrado. Los dos son de derecha, pero algo los distancia. Prat Gay, que intervino como funcionario en el primer canje de deuda, tiene fundamentos técnicos, que por cierto mezcla con su postura política. Redrado es, a más de un ignorante, un irresponsable. Su conducta al atarse a la silla del Banco Central en 2010 complicó el segundo canje infligiendo un grave daño a los intereses nacionales.
Otros dirigentes políticos se manifestaron con sensatez, contra la prepotencia de Griesa. El peronista federal en tránsito Felipe Solá fue el más decidido. El radical Ricardo Alfonsín también eligió la postura correcta, de modo menos enfático. El ex gobernador socialista Hermes Binner volvió a derrapar comprobando que atraviesa una etapa que contradice lo mejor de su respetable trayectoria. Su propuesta de pagar es imbancable, a tal extremo que ni siquiera logra consenso en las filas del Frente Amplio Progresista (FAP), del que fuera candidato presidencial pero que no consigue liderar.
Volvamos al núcleo.
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Los pasos futuros: La abrumadora mayoría de acreedores que aceptaron los canjes argentinos no obliga a la minoría que quedó afuera. Lo contrario ocurre en las convocatorias de acreedores comerciales y también se aplicó en algunos canjes soberanos posteriores. Así las cosas, los fondos buitre no actúan sin derecho al reclamar. Lo que los coloca fuera de la racionalidad y hasta de la respetabilidad en el resto del mundo financiero son sus prácticas extorsivas y sus demandas exorbitantes. Griesa la admite y ordena un depósito que iguala la totalidad del reclamo. Es una medida de garantía que se sale de cauce y equivale a una sentencia.
El Estado recurrirá a la Cámara neoyorquina, que ya hizo un importante aval general a la decisión de Griesa. Pero fue en su sesgo (Argentina debe pagar) y no en su importe. Le pidió precisiones, que Griesa redondeó con la orden del depósito previo y urgente. Argentina, entonces, recurrirá por partida doble los aspectos lesivos: por el fondo y por la garantía exigida. Buscará el concurso de otros actores y agotará las instancias.
Tres camaristas ya le votaron en contra. El Estado nacional puede solicitar el equivalente de un plenario de la Cámara: que ahora se expidan sus trece integrantes. No es imperativo para el Tribunal aceptarlo, lo hace en contadas ocasiones. La gravedad del litigio puede jugar a favor, dicen algunos analistas. Otros creen que primará la estadística.
Parecida es la perspectiva de llevar el juicio ante la Corte Suprema de Nueva York, que Argentina puede y (ya se dijo) debe impulsar. No es común que la Corte lo admita, no es común el caso que se le propondrá.
El ámbito judicial es un escenario ineludible. La novedad torna impredecible el devenir. También será necesario accionar en otros frentes. Los organismos políticos internacionales, en especial los de la región. Los organismos internacionales de crédito y (paradoja no menor) todo el sistema financiero que acompaña la postura nacional, por ahora. Queda hacer política, en toda la dimensión. Las declaraciones para la sociedad argentina (que se propagarán por el mundo) son una parte de cualquier estrategia, quizá no la más relevante.
El primer canje de deuda, el que cambió en parte la historia, fue en 2005. Estados Unidos empezaba a padecer las consecuencias de la política neo-con de la administración Bush, a allanar el camino a dos derrotas en las presidenciales futuras. Europa comenzaba a perder competitividad aunque nadie avistaba la magnitud de su crisis actual.
Otra es la escena mundial hoy día. Lo sucedido con la fragata Libertad en Ghana, la sentencia de Griesa tienen ingredientes anecdóticos pero, tal vez, sugieran un cambio de horizonte.
Los criterios generales de los gobiernos kirchneristas deben mantenerse, las tácticas deberán adecuarse a las circunstancias. Los enemigos, los fondos buitre, son peligrosos. Algunos actores relevantes, como Griesa, son torpes e incompetentes sólo para empezar. Pero, como hablamos de política y de correlación de fuerzas, no es suficiente (aunque sí imprescindible) señalarlos. También encontrar la manera más eficaz de combatirlos, de evitar o mitigar las consecuencias de sus embates.
Así están las cosas y habrá que mirar qué pasará el 15 de diciembre, otro día emblema que se suma al agitado calendario nacional.
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