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Subejecución en escuelas públicas y aumento de subsidios en escuelas privadas. Cierre de 221 grados y un 52 por ciento menos de inversión en infraestructura escolar en 2013. Un 0800 para perseguir las actividades políticas en las escuelas y separación de docentes por criticar estas medidas. Pésimas condiciones edilicias y falta de recursos en los hospitales porteños. Abandono a su suerte de los habitantes de las villas que requieran una ambulancia. De-salojos en La Boca y falta de urbanización en los barrios pobres. Restricción de los derechos sindicales de los trabajadores municipales. Esas son las conclusiones del informe anual del Observatorio de Derechos Humanos sobre la gestión de Mauricio Macri al que tuvo acceso Página/12.
El repaso de los hechos de este año, a decir del ODH, “refleja una situación de angustiante e ilegal violación a todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en el articulado de la Constitución porteña”. En el texto –que se presentará mañana a las 19 en la sede de UTE, Bartolomé Mitre 1984– reflejaron además las acciones que se hicieron para resistir a las políticas de la gestión PRO, que van desde amparos judiciales hasta toma de colegios.
El informe reitera el contraste que se observa desde el comienzo de la gestión de Macri entre el presupuesto para educación privada y el que se destina a la infraestructura edilicia de las escuelas públicas. Para las privadas, “los subsidios en cifras absolutas tuvieron incrementos sistemáticos. En 2011 recibieron 1150 millones de pesos. En 2012 el monto se elevó a 1250. Y en el presupuesto 2013 ya se proyectó que recibirán 1600 millones”. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había publicado en otro informe que el subsidio será “un 24 por ciento más que en 2012. ¿Quiénes reciben este dinero? En 2012, el Gobierno otorgó subsidios de más de un millón de pesos mensuales a escuelas que cobran cuotas de 1800 pesos. Incluso subsidia a las que cobran 2900 pesos”.
El informe de ODH indica que la subejecución es el paradigma de ajuste:
“En las escuelas públicas se acentúa la doble reducción que significa, por un lado, la reducción en términos absolutos del total asignado, y por otro, la creciente subejecución”. “En 2011, de un presupuesto de 730 millones de pesos se ejecutaron 487. En 2012, el presupuesto asignado fue de 294 millones. Para 2013 se prevé una asignación de 140 millones; es decir, un 52 por ciento menos que el año que termina.” “En la educación especial persiste la desatención, tanto en infraestructura como en asignación de personal. Su presupuesto sufre un recorte constante. Fue bajando de 381 millones de pesos en 2010 a 210 millones en 2011. En el 2012 tuvo un presupuesto de 188 millones de pesos”, alerta el informe. Al ajuste presupuestario, se suman una serie de medidas conflictivas:
- Reducción de las juntas docentes. Esta medida se condice, según el ODH, con la propuesta de evaluación docente con parámetros de flexibilización laboral y de jerarquización de las escuelas por clase social: “Los docentes con mejores ‘calificaciones’ tenderán a concentrarse en las zonas más acomodadas, en detrimento de las escuelas más desfavorecidas”, indica.
- Cierre de grados. “Este año hubo cierre de grados de las escuelas primarias y cursos de secundaria. Esta decisión arbitraria de cierre de 221 grados aduciendo ‘falta de matrícula’ se da mientras se subvenciona a las escuelas privadas cercanas.”
- 0800 BUCHON. El Ministerio de Educación habilitó una línea telefónica para delatar supuestas intervenciones partidarias en las escuelas. Lo hizo con una contratación directa a un call center. Esa medida fue severamente restringida por un fallo de la jueza Elena Liberatori, luego de una audiencia en la que el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, no pudo argumentar legalmente la medida contra los talleres del Eternauta.
- Separación de docentes. “Otro aspecto de la persecución e intimidación fue la separación de sus cargos de docentes que difundieron en su comunidad educativa la problemática de reducción de grados (Escuela Nº 3 Monte Castro). El Ejecutivo aplicó una certera represalia contra ellos intentando una medida ejemplificadora”, indica el informe del ODH. La comunidad educativa y el gremio UTE-Ctera se movilizaron en el barrio de Monte Castro y en la puerta del ministerio, donde Bullrich se negó a recibirlos. Nuevamente, un fallo de Liberatori los restituyó. Como difundió Página/12, fueron sometidos a interrogatorios en el Ministerio de Educación para que se inculparan unos a otros. “¿Cuántos masculinos y cuántos femeninos había?” “Usted se va cuando yo le diga”, fueron algunas de las frases que recibieron las maestras de primaria. Los abogados que llevaron a cabo esa tarea, Juan Manuel Arretino y Marcela Escribal, no sólo no tuvieron ninguna sanción, sino que fueron ascendidos.
- Modificación de planes de estudio. “Aduciendo una interpretación –incorrecta por cierto– de acuerdos en el Consejo Federal de Educación, dispuso en forma arbitraria y unilateral modificar y/o sacar materias específicas de especializaciones técnicas y artísticas”, indica el informe, que reseña la sucesión de tomas de 54 colegios y movilizaciones que le siguieron a la medida. El gobierno de Macri sólo se sentó a dialogar con ellos cuando la Justicia se lo ordenó.
“La atención de la salud fue de las más perjudicadas”, indica el ODH:
- Cierre de terapia intensiva en el Durand. Pese a que se había inaugurado en agosto de 2010, la sala recién empezó a funcionar un año después y con menos personal del necesario. “Fue cerrada en junio por falta de personal; recién luego de un mes fue reabierta sólo parcialmente. La falta de designaciones de profesionales médicos y de enfermería provocó, durante el cierre del servicio, un brote de bronquiolitis y el aumento de la mortalidad infantil” en la Comuna 15.
- Incendio en el Hospital Alvarez. “El 10 de enero de 2012 se produjo un incendio el Pabellón D del Hospital Alvarez. El incendio se extendió a diversas áreas del establecimiento, obligando a la evacuación de pacientes a otros hospitales e impidiendo el funcionamiento de servicios como Odontología, Kinesiología, Oftalmología y Hemoterapia, que siguieron sin funcionar durante meses.” El gobierno porteño había tenido diversas advertencias sobre las condiciones de seguridad por parte de los trabajadores. “A casi un año del incendio y sin saber fehacientemente sus causas, los trabajadores y pacientes se encuentran hacinados, los sectores siguen funcionando a menos del 40 por ciento.”
- Bic Mac para el Gutiérrez. Entrando en el terreno del surrealismo, el informe se sumerge en el intento de abrir una Casa de McDonald’s dentro del Hospital Gutiérrez en mayo de 2012. El gobierno de Macri había firmado un convenio que le permitía a la cadena de comidas rápidas usar parte del hospital por 20 años. Los frenó un fallo de la jueza Liberatori.
- Hospital Borda. “Desde el año 2007, con el arribo del PRO, la situación del Borda se ha visto agravada. Desde los problemas edilicios, ya que no se han realizado las tareas de mantenimiento necesarias. Es obsoleta la red eléctrica utilizada y hubo graves problemas con el suministro de gas. Durante 2011 existió un corte del suministro que se mantuvo durante los meses de la época invernal”, recuerda el informe, que denuncia que se externan pacientes que no están en condiciones de cuidar de sí mismos. A esto se suma el intento de desalojo que hizo la Policía Metropolitana de los talleres protegidos del Borda, para construir allí parte del Centro Cívico. En octubre, la jueza Patricia López Vergara dictó una medida cautelar que frenó las obras. La acción de los jueces para revertir medidas de la gestión de Macri quizás explican por qué uno de sus legisladores presentó un proyecto que facilitaría las mayorías en el Consejo de la Magistratura porteño para poder remover jueces.
- Falta de ambulancias en las villas. “Este año fueron cinco las muertes (entre ellas una mujer embarazada y dos niños) ocurridas en villas de la ciudad en las que el SAME no ingresó a tiempo por razones de discriminación social”, consigna el informe. “El 2 de marzo de 2012, Gustavo Maldonado, habitante de la Villa 31 bis, murió al recibir una descarga eléctrica. Maldonado agonizó por espacio de casi una hora, sin que una ambulancia del SAME llegara a asistirlo”, relata. “El 26 de julio de 2012 en la Villa 21, tras un incendio desatado presuntamente a partir de un cortocircuito eléctrico, fallecieron Leonela Berrioz, embarazada, de 20 años y sus hijos, de uno y siete años, sin que acuda un médico del SAME a su auxilio. En esta ocasión, la ambulancia llegó a destiempo e, inexplicablemente, sin un médico a bordo”, reseña. Sobre la gestión PRO pesa un fallo del juez Andrés Gallardo que los obliga a responder a la atención médica en los barrios pobres.
- El barrio de IRSA. El informe consigna la situación del Barrio Rodrigo Bueno a raíz del “proyecto de ley que habilitaría la construcción del proyecto inmobiliario denominado ‘Solares de Santa María’ que está siendo discutido en la Legislatura. El mismo es impulsado por el macrismo e implica un megaproyecto inmobiliario de construcción de torres de hasta 160 metros de altura en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca, linderos al barrio Rodrigo Bueno. No contempla un estudio de impacto ambiental y no garantiza el derecho a la vivienda digna”.
- Desalojos en La Boca. “La ciudad tiene 340 mil viviendas vacías y es también la ciudad con mayor proporción de desalojos”, indica. El ODH consigna que el 2 de octubre hubo un desalojo en “un precario conventillo de La Boca, donde unas 20 familias recibieron la sorpresiva visita de la Policía Metropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y golpes desalojó las viviendas, violando impunemente los derechos de quienes allí habitaban a la vez que al debido proceso y al acceso a la justicia. Niños, embarazadas, hombres, todos a la calle”. Para dimensionar los desalojos recurrieron a datos de la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño: “En 2009 se registró un pico con 13.474 subsidios. En 2010 ese número descendió a 7965 familias. El año pasado volvió a ascender a 9199 hogares. Cada año se suman, en promedio, cinco mil familias desalojadas”.
En materia del derecho al trabajo, el ODH señaló que una resolución intentó restringir las asambleas de empleados públicos. Y citó como caso testigo las condiciones de precarización en el programa Buenos Aires Presente (BAP) que atiende a personas en situación de calle: “Según denunciaron los representantes sindicales, la precarización laboral alcanza a 1300 contratados y 500 tercerizados, que cobran un promedio de 2500 pesos por mes, a lo que se les descuenta el monotributo”. El ODH denunció que, ante un intento de sindicalizarse para reclamar un plus que le adeudaban desde el año pasado, recibieron amenazas. El 1º de noviembre, “mientras se encontraban reunidos en el Hospital Rawson, fueron violentamente abordados por un grupo de más de 30 personas armadas, que mediante coacción física les exigían el nombre y paradero de los organizadores”. Cuando llegó la Policía Federal, “el grupo se fugó en móviles del Programa de la Dirección de la Niñez del gobierno porteño”.
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