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Pasó el 27 de diciembre, pero lo aguantaron siete días, y aparece una producción, con columnista y opinadores de todos los colores, en un medio que por lo general ha sido desaprensivo con el tema de los derechos humanos durante la dictadura, lo largan por la radio, la tele, el cable, las agencias y el diario al mismo tiempo y una semana después de que sucedió. Son varios enfoques de un mismo paisaje. Y el conjunto de tantas lateralidades sospechosas va dibujando una operación. Cuando se prepara así el lanzamiento de un tema, es porque se quiere buscar un efecto. En el centro no está la supuesta orgía cárnica en la ESMA, sino Julio Alak, el funcionario que juega en el punto de choque en los avatares judiciales de la ley de medios que ha desvelado al Grupo Clarín.
El origen de la denuncia no partió de ningún organismo de derechos humanos, sino en la interna gremial. El sector de ATE que responde a Pablo Micheli en el Ministerio de Justicia fue el que motorizó la denuncia metiéndola en su pelea contra el Gobierno. Los derechos humanos están en un segundo plano. En el primero está la pelea de ese sector de ATE con el Gobierno. Desde hace por lo menos más de dos décadas, los derechos humanos constituyen un tema menor en la clasificación editorial del Grupo Clarín. Allí tampoco los derechos humanos están en el primer plano. La mayoría de los políticos que expresaron su repudio al asado pertenecen a fuerzas políticas que están en deuda con los derechos humanos. Algunos fueron impotentes y por lo tanto durante mucho tiempo prefirieron no hablar. Otros participaron en los reclamos por los derechos humanos y cuando fueron gobierno, con la Alianza, se mostraron todavía más impotentes. Y muchos de los que hablaron, como los del PRO o los del peronismo disidente, han estado más cerca de los represores que de las víctimas. Por una razón o por otra, para la gran mayoría de los que se horrorizaron con el asado, el tema de los derechos humanos tampoco es importante.
En contrapartida, a todos ellos les preocupa erosionar la imagen que tiene este gobierno en el tema de los derechos humanos. Era una de las principales deudas del sistema político con la democracia en la Argentina de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. Y ha sido el Gobierno que más hizo, por lejos, en ese sentido, en los treinta años de democracia, por lo cual ha pagado costos políticos que los demás evitaron y se ha ganado enemigos de peso. Por supuesto que también ha capitalizado mucho. Entre otras cosas, se ha ganado la simpatía de los organismos de derechos humanos que participaron en la resistencia a la dictadura, como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y los Familiares. Y también de organismos que se incorporan después y participan en el núcleo más duro de la resistencia en los años ’90, como la agrupación HIJOS. A lo largo de su existencia, todas estas agrupaciones sobrellevaron presiones de todo tipo para acallarlas o desviarlas, sufrieron la represión, fueron amenazados, agredidos y trataron de seducirlos con ofrecimientos materiales. Nunca fueron seducidos por otros gobiernos porque en lo principal, que eran sus reclamos, no recibían las respuestas que esperaban. Las simpatías que generó el kirchnerismo fue por sus políticas, porque fue el primer gobierno que se puso de parte de las víctimas.
Todas estas agrupaciones tienen locales y realizan actividades en el Espacio para la Memoria en la ex ESMA y participan en su conducción. El anterior secretario de derechos humanos, Eduardo Duhalde, fue un reconocido luchador por los derechos humanos toda su vida. Martín Fresneda, el actual secretario, es integrante de la agrupación HIJOS. No puede haber banalización de los derechos humanos en ese contexto.
Sin embargo, en el marco de esa campaña donde los derechos humanos están usados con otros fines políticos y comerciales, aparecen algunas víctimas de la represión que pueden estar expresando una preocupación legítima. El destino que se le daría a la ex ESMA fue parte de un debate profundo entre los organismos de derechos humanos. Una minoría proponía que la entonces ESMA quedara intocable. La mayoría aceptaba que una parte se mantuviera como museo del horror, pero que las demás instalaciones del predio fueran destinadas a la promoción de los derechos humanos y la memoria a través de diversas actividades culturales, militantes, académicas, artísticas, y de todas las expresiones posibles. Ese fue un debate intenso y muy rico en su momento y finalmente se optó por la segunda posición. Pero el debate seguramente seguirá y es legítimo. Lo que no se puede hacer de buena fe es usar ese debate para aliarse con los que no hicieron nada por juzgar a los represores o incluso con los que fueron cómplices de esos represores. Resulta sorprendente, por lo menos, que para criticar a un gobierno que ha realizado logros muy importantes en los derechos humanos, haya familiares de las víctimas o algunas de las víctimas que terminen mezclados con quienes no hicieron nada en este tema e incluso con quienes apoyaron a los que los reprimieron a ellos o a sus seres queridos. La discusión política, en todo caso, pasa por otro lado y es deshonesto disfrazarse de ofendido por un asado y participar en programas junto a personajes que escriben libros en contra de Hebe de Bonafini. En el mejor de los casos, hay algo incongruente y gelatinoso en esas actitudes mediáticas reclamando públicamente renuncias que al único que le convienen es al Grupo Clarín.
El edificio donde se realizó el acto para presentar el Plan Estratégico de Justicia y el famoso asado se llama Casa de la Militancia y es el inmueble donde funciona la agrupación HIJOS. Para ellos es un acto de reconocimiento a sus padres, muchos de los cuales pasaron por la ESMA en la represión. Camilo Juárez es hijo de Quique Juárez, una de esas víctimas, y expresó que ellos transformaron a la ESMA en un lugar para la vida. Tiene más derecho a decir eso que cualquiera de la prensa opositora, así como de los políticos del radicalismo, del peronismo y del progresismo que fueron impotentes, en el mejor de los casos, cuando tuvieron alguna responsabilidad. Quique Juárez era un trabajador del gremio de Luz y Fuerza y seguramente preferiría ver a su hijo en la Casa de la Militancia, impulsando políticas de justicia y derechos humanos como integrante comprometido de esta sociedad y comiendo asado mientras lo hace. Allí funcionan las Madres, muchos de cuyos hijos pasaron por allí también, y las Abuelas, muchos de cuyos nietos fueron apropiados allí y lo mismo puede decirse de Familiares. Sobre ese dolor, así como enfrentaron en su momento a la dictadura –cuando pocos lo hacían– y mantuvieron en alto sus reclamos durante tantos años –cuando pocos lo hicieron– ellos decidieron que el mejor homenaje a sus seres queridos era transformar ese lugar de muerte en un lugar de vida. Nadie con un poco de vergüenza, ni siquiera ex detenidos desaparecidos, puede acusarlas de “banalizar” los derechos humanos y asociarse con esa acusación a campañas de difamación de las organizaciones de derechos humanos con las que la sociedad en su conjunto y esta incipiente democracia están en deuda.
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