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El avance de los juicios de lesa humanidad permite conocer nuevas facetas de la última dictadura, incluso empezar a entender el impacto que tuvo en la city porteña, “descontrolada” por el efecto financiero de las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz. A raíz de los pedidos de distintos juzgados por la actuación de un grupo de funcionarios durante la última dictadura, la Comisión Nacional de Valores, que encabeza Alejandro Vanoli, creó una oficina de derechos humanos que durante el último año analizó mas de 500 actas del directorio, relevó legajos e hizo entrevistas a una serie de empresarios que fueron secuestrados y desapoderados luego de investigaciones que encaró el organismo en el período 1976-1983. El informe que Página/12 adelanta en exclusivo se presentará mañana. Entre otros datos, señala, por ejemplo, a partir de un primer relevamiento, que el número de empresarios, financistas y agentes de Bolsa secuestrados durante la ultima dictadura asciende a 130, 11 de ellos están desaparecidos. En algunos casos, existió el secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento de bienes. El análisis indica que el pico más alto se produjo a partir de 1978-1979, en coincidencia con la caída del número de desapariciones e ingresos de NN a los cementerios de militantes políticos y sociales. Para la CNV, esto podría ser pensado como una segunda etapa de la represión: “El hecho de que la lucha contra la ‘subversión’ en gran parte estuviera cumplida dejaba una estructura represiva libre para ser utilizada para otros fines”.
El corazón del informe preliminar de la Comisión Nacional de Valores –elaborado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo– describe la política de Martínez de Hoz, muestra el caso Acindar y Papel Prensa (ver aparte) y se ocupa de analizar las actas, muchas de las cuales se exponen públicamente por primera vez, para mostrar cómo funcionó el sistema financiero durante la dictadura. En ese esquema, aparece una CNV actuando bajo un doble estándar que articula lo legal con lo clandestino. Por un lado, investiga operaciones financieras fuera de los parámetros de aquella legalidad (o blanquea operaciones a través de omisiones de datos, como sucedió en Papel Prensa). Pero, por otro lado, articula sus investigaciones operativamente con áreas como el Primer Cuerpo del Ejército y envía peritos en “comisión” a Campo de Mayo para interrogar a los empresarios secuestrados. Las denuncias muestran a los interventores en centros clandestinos. Esta “embestida sistemática contra las empresas”, de acuerdo con el informe, se dio en un mundo de roles y poderes cruzados, donde se jugaron internas, y en el que, en algunos casos, secuestrados y secuestradores compartieron espacios de poder.
La CNV es una entidad autárquica y tiene jurisdicción en todo el país. Se creó en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para “velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios”. A partir del 24 de marzo de 1976 quedó intervenida. Juan Alfredo Etchebarne fue designado presidente el 10 de junio de 1976, pero hasta ese momento era abogado, amigo y nombrado por el ministro de Economía Martínez de Hoz, ubicado como parte del Grupo Azcuénaga y había sido gerente de Control de Legalidad de la CNV entre 1969 y 1972. Otro directivo activo durante el terrorismo de Estado fue René Garris, del área de Legales. Los dos están denunciados por haber presenciado interrogatorios. El organismo reunió, además, a civiles con militares: las Fuerzas Armadas tuvieron intervención desde el comienzo y a partir de 1979 representación completa de las tres armas. Ese es, para el informe, un “año bisagra”: el período más álgido de denuncias e intervenciones de la CNV entre empresas y empresarios.
Desde 1976, la CNV se concentró especialmente en cuatro casos: Banco de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola y compra venta de acciones de Celulosa y Canale. Todas tenían el doble estándar de ser empresas y financieras y están atravesadas por la sombra del Grupo Graiver, que aparece una y otra vez en las actuaciones de la CNV. El modo en que el organismo operó frente a esas empresas, como revisor de actividades que efectivamente parecían fuera de control, permite entender el sistema de intervención más general y cómo lo legal se combinó con lo clandestino.
En estos casos, la CNV hizo investigaciones y encuadró muchas de las operaciones como infracciones a la Ley de Seguridad Nacional y Subversión Económica. Hizo allanamientos, tomó de declaraciones en su sede, hizo denuncias judiciales y repitió idénticas denuncias en espacios castrenses. La presentación de las denuncias en el Primer Cuerpo del Ejército derivó en el secuestro de empresarios, financistas y agentes de Bolsa relacionados con esas empresas. “Muestra algo interesantísimo, que son los poderes del Estado funcionando a pleno y cruzados”, dice Bruno Napoli, integrante de la oficina de derechos humanos del organismo. “La CNV, como mecanismo estatal, regula el mercado de capitales, interviene en un caso extraño, complejo, ve causas que son reales y existen, había maniobras que no eran claras, una compra sin fondos y venta de una deuda, cita a dar testimonios a todos, le da lugar a la Justicia y al Ejército, que es el Ejecutivo, y finalmente los poderes avanzan sobre todos, cada uno a su manera y de acuerdo a los intereses que tenían”.
Los funcionarios de la CNV alcanzados por denuncias judiciales de ese período son Etchebarne y Rene Garris. Raúl Aguirre Saravia, de La Agrícola, declaró que Etchebarne y Garris lo interrogaron en un centro clandestino cercano a la Ricchieri. Enrique Lucio García Mansilla, del Banco de Hurlingham, declaró que Etchebarne lo interrogó en Campo de Mayo. Rosa Dominga Laurito manifestó que “Etchebarne, que era socio de Martínez de Hoz, estaba intentando destruir Industrias Grassi. El presenciaba las torturas; a Raúl Grassi le tiraron un termo de agua hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba Etchebarne”.
Además de ellos, las denuncias incluyen a un grupo de cuatro peritos que concurrió en “comisión a Campo de Mayo” a pedido del coronel Roberto Leopoldo Roualdes durante el período en el que fueron secuestrados el grupo de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi y La Agrícola. Los peritos son Julio Spinoza, Horacio Muñoz, Carlos Berini y Pedro García.
“El Ejército pide cuatro peritos para que cumplan horarios de oficina en Campo de Mayo y discuten si les van a pagar o no viáticos”, indica Walter Bosisio, también integrante del equipo que elaboró el Informe. “Los peritos no preguntaron por qué tenían que ir; van y colaboran. El Ejército tiene 20 o 30 personas, dueños de empresas, pero no sabe qué preguntar. Allí la CNV entra a colaborar aportando peritos que son contadores y abogados que saben qué tiene cada uno”. Los peritos recibieron más tarde una carta de agradecimiento y felicitación de Roualdes por las tareas cumplidas con “tanto esmero”.
Uno de los méritos del informe es la intención de empezar a trazar un mapa más amplio sobre el secuestro del sector empresario. Allí no están solo los casos en los que intervino la CNV, sino todos: los que cotizaban en Bolsa y los que no. Están los grupos secuestrados entre 1976 y hasta 1983. En el primer momento, las víctimas parecen ser más “empresarios” netos, y son los casos más conocidos: Cerro Largo por Chacras de Coria, Papel Prensa, del Grupo Graiver (16 personas) y Mackentor (34 personas secuestradas) en Córdoba. Luego aparecen aquellos que también son financistas. Ese es de hecho el momento “más álgido” de intervención de la CNV. “El secuestro a empresarios y financistas implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la ‘subversión’ en dos sentidos”:
1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”.
2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente “atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como “causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas”
Para el caso 1 se recuerdan testimonios de algunos empresarios: Marcelo Augusto Chavanne (Grupo ChavanneGrassi) indicó que el interventor de la CNV Juan Alfredo “Etchebarne impulsaba a descubrir los 20 millones de Montoneros”. Luis Taub (Hotel Liberty) dijo: “El secuestro se produce por supuesto manejo de dinero del movimiento uruguayo Tupamaros”. O los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino: “En los interrogatorios nos preguntaban por nuestros vínculos con el ERP”.
Entre los secuestros producidos por “subversión económica” contra el mercado argentino, el Informe piensa, por ejemplo, en Industrias Siderúrgicas Grassi. Un acta del directorio de la CNV indica: “Tratándose de una empresa que reviste importancia estratégica en el campo de las ferroaleaciones –dice el directorio, un eventual quebranto atentaría sobre el orden económico y social no sólo por su importancia económica (...) y fuente de trabajo, sino también por la necesidad estratégica de sus productos (...) Dadas estas condiciones, el hecho denunciado por la CNV califica como de infracción a la Ley de Seguridad 20.840”.
Otra característica de los secuestros que empiezan a verse a partir de 1978 y 1979, según el recorte del Informe, es que en general son hombres muy conocidos de la city, personajes públicos, dueños de bancos y financistas que tienen voz programas de televisión. La city, en ese momento, es un mundo en el que se conocen todos. Y un elemento que parece tener muchos casos es que secuestrados y secuestrados se conocen o por relaciones empresarias o porque comparten espacios sociales o de poder. A modo de ejemplo señalan el caso de Eduardo Saiegh (banco Latinoamericano) o Fernando Combal (Finsur SA).
“Cuando secuestran a Eduardo Saiegh, dos directivos del banco se plantan en Casa de Gobierno y salen a hacer una denuncia en los medios: los que piden por él son el general Jorge Shaw y Bernardo Grinspun. Y esto muestra que entre víctimas y victimarios había muchas veces un espacio común de poder, económico, de relaciones políticas, sociales y familiares. Iban al Lawn Tennis Club”, dice Celeste Perosino, del equipo de investigación de la CNV.
El padre de Enrique Mansilla, uno de los secuestrados por el Banco de Hurlingham, pertenecía a la Marina y al Grupo Azcuénaga, como Etchebarne. Fernando Combal, de Finsur SA, fue secuestrado por una banda de la que participó Leandro Sánchez Reisse, del Batallón 601, con el que Combal tenía empresas y hacía negocios. Finsur SA era una financiera muy conocida, Combal era un prestamista de opinión de los que podía ser invitado al programa de Mirtha Legrand.
Otro elemento del Informe permite pensar por qué caen ellos y por qué a partir de 1978. “La multiplicación de bancos privados de capital nacional, que pasan de 68 a 152 en tres años, y su reflejo en los actores del sistema financiero con banqueros, financistas, agentes de Bolsa, casas de cambio es una modificación brusca en un mercado de capitales chico controlado hasta ese momento por una CNV cuyo instrumento de acción era la vieja ley de Onganía N 17.811”, indica Napoli. “Es dable pensar que cuando la dictadura genocida comienza a cambiar su discurso respecto de sus crímenes y a hablar de ‘fin de la guerra contra la subversión’ o ‘los desaparecidos están muertos’, también comience a apuntar sus cañones de control y rapiña contra un mercado financiero que, para la mirada de quienes ocupaban espacios de decisión, se había descontrolado. Podría plantearse que el aparato represivo, los grupos de tareas, viraron su atención de la ‘subversión’ a la ‘subversión económica’ a partir de 1978, para el secuestro de empresarios y su desapoderamiento de bienes”.
En las conclusiones del Informe se trabaja además con la hipótesis de que una de las razones que influyeron en este tipo de secuestros fue la iniciativa privada. “El hecho de que los militares consideraran que la ‘lucha contra la subversión’ estuviera en gran parte cumplida, dejaba una estructura represiva, tanto represores como dependencias, libres para ser utilizados para otros fines. Esto implica, por ejemplo, la realización de secuestros de ‘iniciativa privada’ por determinadas bandas que se organizaron dentro de la estructura represiva”. Esto también puede seguirse de cerca mirando los nombres de los secuestradores de empresarios. Dos grupos sobresalen por la frecuencia de casos: uno, que operaba en Campo de Mayo, encabezado por el general Leopoldo Roualdes e integrado por Francisco Obdulio D’Alessandri, Raúl Guglielminetti y Víctor Rei (Banco de Hurlinghan). Y otro más operativo a partir de noviembre del ’78, en el que estaban Rubén Bufano, Leonardo Sánchez Reisse y Luis Alberto Martínez (Orletti). Muchos aparecerán años más tarde en secuestros extorsivos durante la democracia.
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