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Una hora después de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, asegurara públicamente que había agotado todas las instancias judiciales antes de ordenar la demolición de un taller protegido en el Hospital Borda, la Justicia porteña dictaminó que el procedimiento vulneró una medida judicial vigente, de protección de ese espacio. El fallo, además, le impone una multa de 20 mil pesos por cabeza a Macri, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y al procurador general Gerardo Conte Grand. El lunes, el asesor tutelar Gustavo Moreno presentará una denuncia penal contra el jefe de Gobierno por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña se expidió anoche rápidamente, en respuesta a presentaciones de Moreno, de la Defensoría porteña y de los diputados Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, para ratificar que está vigente la medida cautelar dictada por ese mismo tribunal el 28 de diciembre último, que suspende el proceso licitatorio para la construcción del denominado Centro Cívico. El tribunal dejó en claro, además, que la revocatoria de la jueza Andrea Danas (en la que se escudó la decisión del macrismo) aún no está firme.
No parece haber sido un acto de distracción o impericia del gobierno. Los funcionarios sabían que había una medida judicial en trámite: apenas dos días antes, el miércoles 24, los camaristas habían realizado una inspección ocular al taller protegido en compañía del procurador Conte Grand, la ministra de Salud, Graciela Reybaud, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, quien había solicitado la medida.
“El proceder adoptado (por el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso, conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe”, reprochó la Cámara, en un fallo que lleva la firma de los jueces Mabel Daniele y Fernando Juan Lima.
Los camaristas recuerdan que tienen la potestad sancionatoria de “las conductas temerarias o maliciosas” con el objeto de evitar “el perjuicio que de ellas puede derivarse para la instrucción y decisión de los procesos”. Tras estimar que la conducta evaluada “no puede considerarse meramente negligente sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones” judiciales y que “demuestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado”, resuelve imponer las multas al jefe de Gobierno, al procurador y a la ministra de Salud.
“Este es un hecho inédito: en 26 años de función, nunca vi semejante hecho de desobediencia a un procedimiento jurídico”, dijo Moreno a Página/12. “Y lo que ocurrió es algo aberrante, por el daño que sufrieron tres pacientes indefensos, uno de ellos con once impactos de bala de goma, internado en el Hospital Ramos Mejía.”
La batalla por el espacio del Hospital Borda comenzó el mismo día que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007. Por entonces se conoció el interés del ministro Daniel Chaín por urbanizar los amplios terrenos parquizados del barrio de Barracas, que forman parte del entorno de los hospitales Borda y Moyano. En septiembre de 2011, Macri y Chaín anunciaron la licitación de las obras del Centro Cívico, con la idea de construir 40 mil metros cuadrados para trasladar allí la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. La obra fue adjudicada a las empresas Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA por 369 millones de pesos.
Las obras están previstas en terrenos que pertenecen al Borda, aunque desde el gobierno aseguran que son “aledaños” al hospital. Se trata de tres hectáreas arboladas, ubicadas en el fondo del amplio parque, detrás del centro de salud, donde además se levantaba un enorme galpón, donde funcionaba uno de los talleres protegidos, en el que los internos hacían tareas de rehabilitación.
A partir de 2012, la vicejefa María Eugenia Vidal asumió en persona la negociación con los gremios para obtener su consentimiento para concretar la obra. ATE y la Asociación de Profesionales expresaron su rechazo: no se oponen a un Centro Cívico en el sur de la ciudad pero creen que ese lugar será la cabecera de playa para el desmantelamiento del hospital.
En agosto comenzó el desmantelamiento del taller protegido: operarios del gobierno se llevaron maquinarias para instalarlas en un nuevo espacio, en Brandsen al 2500, a la vuelta del hospital. Desde entonces quedó inactivo, porque en Brandsen tampoco fue habilitado: los pacientes perdieron ese espacio.
Un fallo de la jueza Patricia López Vergara paralizó la licitación hasta que se determine si la obra avanzaba sobre un espacio declarado Monumento Histórico Nacional, sin la correspondiente intervención de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. El recurso fue presentado por el dirigente de ATE Marcelo Frondizi.
Otro recurso fue presentado por los legisladores Naddeo e Ibarra, con el patrocinio de la defensora oficial Mariana Pucciarello, por el daño que la obra implicaría para los pacientes usuarios del taller protegido. También tuvo una resolución favorable. Ambos fallos de primera instancia fueron ratificados por la Cámara el 28 de diciembre, y desde entonces están vigentes, según lo aclaró ayer el propio tribunal.
Un tercer recurso fue presentado por el dirigente Marcelo Frondizi, con el patrocinio de la Asesoría Tutelar, por el desmantelamiento del Taller Protegido 19. La jueza Elena Liberatori ordenó su reapertura, en enero de este año, pero al finalizar la feria, su par Andrea Danas la revocó, al considerar que ese taller había sido reemplazado por el espacio de la calle Brandsen.
“Apelamos esa medida, porque comprobamos que el taller de Brandsen no funcionaba: le falta poner en funcionamiento el ascensor para llegar al segundo piso. Por eso pedimos a la Cámara una inspección ocular, que nos concedió y se hizo hace dos días (por el miércoles)”, informó el asesor tutelar de Cámara. Con el aval del fallo de la Cámara porteña, Moreno presentará el lunes su denuncia penal contra el jefe de Gobierno en la Cámara del Crimen.
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