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En Tribunales corre una humorada: “Hay que ver qué declaró en sede judicial y hay que ver qué declaró en sede periodística”. Está claro que lo que se investiga es si Lázaro Báez ha hecho una fortuna de manera ilegal y si transfirió parte de esa fortuna al exterior. Pero la ironía apunta a que en algunos casos lo que parecen enormes pruebas en la televisión, se convierten en evidencias inexistentes en las causas judiciales. Y, en ocasiones, ni siquiera está claro si hubo delito. Pero, además, en la mayoría de las denuncias el orden de los factores altera los resultados de la investigación. Si el tandem Elisa Carrió-Jorge Lanata sale a decir públicamente que se investiga una baulera en San Fernando, son nulas las posibilidades de que un imputado visite la baulera y que la Prefectura –instalada allí secretamente por orden del juez– aborde al que va a sacar o poner cosas en la baulera. Si difunden las fotografías de un supuesto desarme de una caja de seguridad, no hay chances de que un juez o un fiscal pueda avanzar en silencio con la pesquisa de algo que tampoco queda claro si es delito o no. Encima, el supuesto fotógrafo Sergio Triviño declaró el viernes en una causa judicial de Santa Cruz que las fotos se las robaron, que hay tomas que no corresponden a la quinta de Báez y que no desarmó ninguna caja. Para dar una idea de que lo que importa es el impacto mediático y político, basta decir que en un mes se hicieron treinta denuncias que no aportan ni un sólo dato más que el difundido previamente por los medios opositores.
n Lavado de dinero El viernes el juez federal Sebastián Casanello concretó operativos en seis instituciones bancarias y financieras. Lo que se buscó fueron operaciones de Southern Global Investments (SGI) a través de la cual, supuestamente, se cursó dinero ilegal que Lázaro Báez habría sacado al exterior. El magistrado también pidió informes a Panamá sobre la sociedad Teegan en la que un hijo de Lázaro Báez, Martín, habría depositado 1.500.000 dólares, que luego fueron transferidos a Suiza. El delito originario –porque el lavado requiere de un delito originario– no está claro del todo, pero sería evasión impositiva, cohecho, sobreprecios.
El puntapié inicial lo dieron las entrevistas a Leonardo Fariña y Federico Elaskar en Periodismo para Todos. Tras el programa, se presentaron 14 denuncias: compitieron en la carrera por el impacto ante las cámaras de televisión cuatro abogados mediáticos y diez legisladores de la oposición.
Que haya salido antes en los medios que en la Justicia llevó, por ejemplo, a que el allanamiento a SGI se hiciera tres días después. Porque, además, tantas denuncias hicieron que no quedara claro quién era el juez. En este expediente se sugiere que Báez es ahora el verdadero dueño de SGI, que fue comprada por una empresa con sede en Suiza, Helvetic, fundada en 2005, y que está a nombre de dos cordobeses que viven hace años en ese país y en Inglaterra. Helvetic tiene una estructura grande con sociedades formadas en numerosos países, incluyendo Estados Unidos y Chile.
Habrá que ver si desde Panamá contestan: algunos dicen que sigue siendo un paraíso fiscal, otros afirman que ahora quiere hacer buena letra. Aunque parezca asombroso, en Tribunales dicen que hay un país del que nunca se pueden esperar respuestas sobre sociedades y cuentas: Estados Unidos. De los procedimientos del viernes, la Prefectura se llevó todas las carpetas de depósitos de SGI y, si había, de transferencias al exterior por vía bancaria. La documentación recién se empezará a analizar en la semana que se inicia.
n Bolsos Otro despliegue mediático se generó alrededor del testimonio de la ex encargada de correspondencia de la Casa Rosada, Miriam Quiroga. La mujer se promocionó hace dos años como amante del fallecido presidente Néstor Kirchner, pidió dinero para seguir concediendo entrevistas y finalmente apareció este mes contando que vio bolsos, que le dijeron que contenían dinero y que los llevaba un secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, a Santa Cruz.
Quiroga testimonió ante el juez Julián Ercolini, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en otra causa sobre otros hechos –compra de vagones para el subte, construcción de una ruta, comercio con Venezuela, administración de autopistas– y por su declaración se deduce que nunca estuvo demasiado cerca, que no presenció ninguna reunión, que sólo entró en algún momento a un encuentro y escuchó que Kirchner sugería que inviertan en obras y en medios, que no recuerda cuándo ocurrió y tampoco sabe la fecha en la que vio los bolsos.
El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la causa por los bolsos y hasta ahora sólo pidió copia del programa en que habló Quiroga y envió una cédula a la Casa Rosada para saber qué cargos ocuparon Muñoz y Quiroga y en qué años.
Parece una causa con pocas chances: la ex funcionaria no tiene pruebas ni fechas ni datos adicionales. Al menos por ahora.
n Caja I La denuncia iniciada por Elisa Carrió con 200 fotocopias de 200 fotos supuestamente tomadas por un carpintero, Sergio Triviño, en la casa de Lázaro Baéz y en la que se demostraría que desarmó una caja de seguridad, también provocó un escándalo mediático. Está claro que no importó saber la verdad sino golpear políticamente, porque de lo contrario la denuncia se hubiera hecho en forma reservada para que se tomen declaraciones y se verifiquen los hechos.
Con estruendo, Carrió se presentó ante Casanello y éste sacó fotocopia de la denuncia, dejó constancia en su juzgado y la envió a Santa Cruz para que la investiguen en el distrito donde habrían ocurrido las cosas, que ni siquiera queda claro que sean un delito. Podría ser, tal vez, destrucción de pruebas. Casanello dejó en claro que si de la investigación de Río Gallegos salía algún elemento sobre el lavado de dinero podría incorporarlo luego al expediente que él instruye. La decisión del juez fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán y ahora debe resolver la Sala II de la Cámara Federal. Va a tardar unas dos semanas.
Lo curioso es que, mientras tanto, en Santa Cruz se avanzó en la investigación, porque existe una causa, iniciada por la titular provincial del ARI, Mariana Zuvic, por asociación ilícita. Ante la fiscal Patricia Kloster ya declararon al menos dos personas. El autor de las fotos, Triviño, lo habría hecho el viernes. Lo que trascendió es que dijo que las fotos le fueron robadas por un allegado, Fabián Coll, y que hay varias tomas que no se corresponden con las que él sacó. Habría dicho también que Báez no desarmó ninguna caja.
Por supuesto que ahora vendrá la contraofensiva sosteniendo que Triviño fue “apretado” por Báez porque trabaja en Austral Construcciones. Lo cierto es que todo deriva de que lo que se buscó no es una investigación seria, sino un golpe político. Fabián Coll, que es quien –supuestamente– promovió la entrega de las fotos, dice que él no fue y alega que ya recibió amenazas de muerte. Casanello ordenó una custodia. Como sostenía el magistrado, la pesquisa podía y debía hacerse en Río Gallegos.
n Caja II Respecto de la que existiría en la casa de los Kirchner en El Calafate, el propio arquitecto que testimonió en PPT les sacó crédito a las cosas: como el terreno era inundable, propuso hacer un subsuelo de hormigón. Para aprovechar el lugar los Kirchner le sugirieron hacer un gimnasio y luego el fallecido ex presidente le consultó si no se podía poner una caja de seguridad. El arquitecto, para no tener que hacer un cielorraso, dejó la caja con el doble de altura. El ex vicegobernador Eduardo Arnold, presentado como un testigo imparcial, pero hoy fanáticamente alineado con Hugo Moyano, el Momo Venegas y el peronismo disidente, dijo que se puso una puerta metálica que provenía del Banco Hipotecario, algo que el propio arquitecto dijo que era imposible. No se observa cuál sería el delito, en todo caso.
Extorsión: En las últimas 48 horas apareció en escena el fiscal José María Campagnoli quien investiga si Báez extorsionó a Federico Elaskar para quitarle la financiera SGI. Según Campagnoli, Báez usa esa financiera para lavar dinero desde 2002, es decir antes de que asuma la presidencia Néstor Kirchner. A raíz de un diferendo en 2011, Báez habría extorsionado a Elaskar y lo obligó a vender SGI a quien supuestamente es uno de sus hombres, Daniel Pérez Gadín. Mediáticamente se lo presenta como contador de Baéz, pero la contabilidad de Austral Construcciones está en manos de otro estudio. Quienes acusan a Báez dicen que Pérez Gadín es Báez; en el entorno del empresario sostienen que Pérez Gadín se dedica desde siempre a proponer negocios y que tiene muy poca relación con Báez.
Campagnoli le pidió a la jueza María Gabriela Lanz la indagatoria del empresario por el delito de extorsión. Habrá que ver qué dice la magistrada. Paralelamente, el fiscal habría hecho un análisis de todas las sociedades esparcidas por el mundo que tendrían vínculo con SGI. La fotocopia de esa pesquisa quedó el viernes también en el juzgado de Casanello, porque no tienen que ver con la extorsión sino con el supuesto lavado de dinero.
Desde un punto de vista estrictamente judicial, la situación de Báez es hoy bastante mejor que la de Ernestina Herrera de Noble, otros directivos de Clarín o Francisco de Narváez. Respecto de todos estos últimos hay números de cuentas, montos y en el caso de De Narváez hasta un fallo de cámara en el que se dice que tiene cuatro sociedades en Panamá que no declaró ante el fisco. Respecto de Herrera de Noble hay un listado de cuentas presentado por el vicepresidente del JP Morgan ante el juez Sergio Torres. Incluye, también, sociedades en Panamá. En los cinco años transcurridos desde la denuncia de Arbizu nunca se presentó alguien de Clarín ante el juez, aunque sea para decir que el listado es falso.
Pero en todos los casos, lo que parece estar en perspectiva es una evasión impositiva y, tal vez, contrabando de dinero, si se puede probar que se llevó la plata en efectivo al exterior sin declarar. El problema –también en todos los casos– es probar el delito anterior, lo que es imprescindible para el lavado de dinero. No se requiere una condena por un delito anterior, como se requería antes de la nueva ley sobre el tema. Pero sí algún indicio, un procesamiento, una causa existente. La mirada tiene que estar puesta en sobrefacturaciones, coimas, licitaciones y otras maniobras delictivas. Y habrá que probarlas en sede judicial, no en sede periodística.
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