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El secreto mejor guardado de la campaña electoral es el robo en la casa del intendente de Tigre Sergio Massa, cuyo eje de campaña es la seguridad. El robo de una importante suma de dinero, en pesos y en dólares, y diversos objetos de uso personal ocurrió hace dos semanas en el barrio cerrado Isla del Sol, cuyos custodios son prefectos navales. El presunto autor fue detenido y quedó a disposición del juzgado de garantías 4, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli.
Massa decidió que no se difundiera lo sucedido, mientras insiste en la inseguridad como punto focal de su proselitismo, en el que intenta mostrarse como una alternativa moderna y eficiente. La orden de impedir que trascendiera la irrupción en la propia casa del candidato fue impartida por el fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, por lo cual no se cumplió con la obligación de cargar el robo en el Sistema Informático del Ministerio Público, SIMP. Contra Novo pesan una denuncia penal y un pedido de juicio político por “encubrir los crímenes del narcotráfico internacional”, según las palabras del fiscal Luis Manuel Angelini, que depende de él.
Novo también decidió trasladar a Pilar al fiscal de Vicente López Eduardo Gabriel Rodríguez, en represalia por poner en evidencia los graves problemas de seguridad en el corredor norte del Gran Buenos Aires, que es la base de sustentación de la candidatura de Massa y coincide con la jurisdicción de la Fiscalía General de San Isidro en el ministerio público provincial. La principal política de seguridad de Ma-ssa y de los intendentes del Frente Renovador de Pilar, Humberto Zuccaro; San Isidro, Gustavo Posse; San Fernando, Luis Andreotti; y Vicente López, Jorge Macri, consiste en ocultar los hechos que suceden en esos distritos, para lo cual Novo es un auxiliar invalorable. Las cámaras, el endurecimiento de penas, el ablandamiento de garantías procesales, la creación de nuevos organismos de seguridad son propuestas complementarias.
En el sistema acusatorio bonaerense, las investigaciones corresponden a los fiscales, y los jueces actúan como garantes de los derechos de los imputados. La autora de la reforma fue María del Carmen Falbo, la secretaria de Justicia del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Desde 2004, Falbo se desempeña como Procuradora General ante la Suprema Corte provincial. El fiscal Angelini sostuvo en su denuncia que Novo había contado con protección de sectores de la Procuración General. El Control de Gestión permite a los fiscales generales corregir ineficiencias en la tarea de los fiscales de primera instancia. Pero Novo utiliza esa facultad como forma de castigo y sometimiento de los fiscales y sus empleados. “Te tienen meses intervenido, te tiran las cosas, no te dejan trabajar, y todo eso hecho por matones de la fiscalía general, simples secretarios que hasta llegan a escupir al funcionario, es una humillación terrible”, dice una funcionaria, con reserva de su nombre. Una reseña de estas persecuciones fue consignada por el subsecretario de la Procuración General, Juan José Pettoruti el 21 de marzo de este año, al excusarse de seguir interviniendo en estos sumarios por la “violencia moral” que le generan las quejas de Novo y de sus adjuntos, Rodrigo Caro y Marcelo Vaiani. Pettoruti dice que “han sido numerosos los casos de agentes fiscales que durante el trámite de sus sumarios han manifestado un gran desequilibrio emocional, llegando hasta el llanto ante los respectivos instructores, producto de lo que interpretan como una desmedida persecución en sus funciones”. Agrega que las causas usuales invocadas por Novo y sus adjuntos son las “presuntas faltas de respeto” y que son desestimadas “por no advertirse ni mínimamente la configuración de falta disciplinaria alguna”. Pettoruti también cuenta que Caro se presenta ante Control Interno para acceder a las actuaciones pese a que le advirtieron que eso no corresponde. La procuradora Falbo no tomó ninguna medida.
El robo a la casa del candidato de la seguridad, en el lote 92 del barrio cerrado Isla del Sol, en Chingolo 475, de Rincón de Milberg, partido de Tigre, se produjo el sábado 20 de julio, entre las 18 y las 19.30. La primera precaución fue que la denuncia no la hiciera Massa sino su esposa, Malena Galmarini. Esto dio origen a la causa 14-10-001654-13, del departamento judicial de San Isidro. La investigación por “robo doblemente agravado” quedó a cargo del fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Jorge Magaz, quien depende del fiscal general Novo. La Procuración General dispuso la obligatoriedad del registro en el Sistema Informático del Ministerio Público de cada investigación realizada por un fiscal. Pero en este caso que inquieta al fiscal general Novo porque podría afectar la campaña electoral del Frente Renovador, la información no figura en el SIMP. El detenido por el robo en el domicilio de Massa y Malena Galmarini es un custodio del barrio cerrado, Alcides Díaz Gorgonio, quien con una barreta rompió una ventana lateral e ingresó a la casa, empuñando un arma con silenciador. Díaz Gorgonio rompió una cámara de seguridad y se apoderó de una caja de seguridad, que contenía 65.000 pesos y 1200 dólares; un llavero en forma de cruz con una imagen religiosa, una medalla con una imagen de Juan Pablo II, una cruz, una cadena de oro con la figura de un ángel, una medalla dorada con la efigie de la Virgen, una medalla dorada con una imagen de Jesús, dos medallas doradas con la imagen de la Virgen, dos lapiceras Mont Blanc, gemelos, pulseras, cortapapeles y dos pen drive, entre otros objetos. En la tarde del domingo 21, Magaz comunicó al juez que allanaría los domicilios de La Florida 1202, en Rincón de Milberg, y Ruta 197, número 2146, de Los Troncos. Además de detener a Díaz Gorgonio, secuestró los elementos robados, dos pistolas Bersa (una modelo Thunder .380 cromada, con dos cargadores y una .22 pavonada en negro con silenciador), una campera rompevientos, un buzo de polar, 25.000 pesos y un teléfono celular inteligente, cuyo contenido el juez Rossignoli ordenó analizar.
Esa fiscalía fue inaugurada por Massa y Novo el 12 de marzo de 2010. “Desde el municipio de Tigre invertimos en la infraestructura que se necesitaba y en el financiamiento de parte de su personal”, explicó Massa en la inauguración. Novo elogió a Massa porque “demuestra con mucha colaboración que es posible tener fiscalías cerca de la gente, dando un gran apoyo al proceso de descentralización”. Magaz agregó que si los vecinos temían que se conocieran sus nombres cuando denunciaban algún delito, él podía recibirles declaración sin dejar constancia de su identidad.
Dos días antes del acto de Massa, Novo y Magaz en la fiscalía de Rincón de Milberg, se produjo otro robo en el mismo barrio cerrado Isla del Sol, que adquirió repercusión porque seis ladrones se tirotearon con una de las víctimas. Según la extraña información oficial, los asaltantes se hicieron pasar por policías de la división narcotráfico, redujeron a los prefectos de la custodia, los desnudaron y ataron y se dirigieron a una vivienda a la que ingresaron simulando que buscaban un cargamento de cocaína. El propietario de la casa, Sergio Sanmartino, a quien algunas versiones sindican como comerciante y otras como piloto de avión, habría logrado escapar y correr hacia uno de los vehículos en los que llegaron los incursores, un Volkswagen modelo Vento, del que habría tomado un arma, con la que habría herido a uno de los asaltantes. El relato policial fue avalado por Massa, quien dijo que Sanmartino “se enfrentó con los delincuentes” y “está seguro de haber herido a uno”.
Al informar en este diario sobre aquel episodio, Raúl Kollmann citó a “un altísimo oficial de la Bonaerense”, según quien no se trató de un robo sino de un enfrentamiento dentro de una banda. “No es cierta la versión de que la víctima haya conseguido salir de la casa y que luego encontró un arma dentro del auto de los delincuentes. La pistola, con la numeración limada, habría estado en poder del dueño de casa. Ese fue un comando que fue a buscar algo a esa casa. O algo que les debían o el producto de una operación ilegal”, dijo esa fuente.
Ocho días más tarde, el relato se cerró con otra descripción llamativa. En la zona bancaria de Lomas del Mirador la policía habría “detectado la presencia de un móvil sospechoso”, otro auto de la misma marca y modelo que el anterior, con dos hombres a bordo. Cuando les ordenaron detenerse, habrían huido abriendo fuego. Luego de una persecución, el vehículo se habría estrellado contra una casa en La Matanza, sus ocupantes habrían escapado “con la ayuda de cómplices que se movilizaban en una camioneta” (y que hasta ese momento no habían aparecido en el relato). En el baúl habrían abandonado tres pistolas calibre .9, dos robadas a los prefectos y una al dueño de la casa asaltada en la Isla del Sol. Nunca más se volvió a hablar del caso.
La decisión de ocultar los robos y asaltos en la zona de influencia de Massa también afectó al fiscal de Vicente López Oeste, Eduardo Gabriel Rodríguez, quien fue trasladado por Novo a la flamante Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas, de Pilar. En la Fiscalía General le dijeron que Novo había resuelto premiarlo. El miércoles 31, Rodríguez se comunicó con este diario para aportar información sobre el tema. El jueves 1º se concretó la entrevista, en la que dijo que ese traslado, a 50 kilómetros de su domicilio, le resultó llamativo y que teme represalias.
–¿Por qué?
–Por denunciar en forma pública el incremento del robo de automotores en la zona Norte del Gran Buenos Aires.
En Vicente López, contabilizó 148 robos y hurtos de vehículos en el mes de junio. En julio esta cifra se incrementó en el 25 por ciento, hasta llegar a 185 casos, de los cuales 55 calificados por el uso de armas. Según Rodríguez, estas estadísticas son ocultadas porque demuestran la ineficacia de una gestión en seguridad utilizada con fines propagandísticos, bajo la forma de un “Operativo Imagen” canalizado a través de los medios de comunicación. Aún antes, en mayo, Rodríguez había acusado a las autoridades policiales por “falta de idoneidad” para prevenir ese delito, en dos notas enviadas al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, y al comisario general Osvaldo Castelli, a cargo de la Zona Norte. Rodríguez señala que el municipio conducido por el intendente Jorge Macri está “desprotegido” y atribuyó un componente económico al ocultamiento de los datos: un 10 por ciento del tributo por “Alumbrado, limpieza, conservación de la vía pública y servicios varios”, corresponde a la cuota que Macri recauda por una denominada “Protección Ciudadana”.
La defensa es recíproca: ante las denuncias en contra de Novo, Massa dijo que el Fiscal General hacía bien su trabajo y que el jury de enjuiciamiento lo había absuelto por la denuncia presentada por trece fiscales de su jurisdicción en 2009. No es así. La Comisión Bicameral no abrió el expediente ni realizó investigación alguna. Lo remitió a Falbo para que evaluara si hubo alguna falta administrativa. Pero la Procuradora entendió que la Bicameral ya había juzgado la conducta de Novo y, tres años después de la denuncia, se limitó a archivar las actuaciones y exhortar al diálogo a Novo y sus adjuntos para “evitar interpretaciones que puedan ser distorsionadas”. El nuevo pedido de juicio político a Novo presentado por el diputado Marcelo Sain, del bloque de Nuevo Encuentro, antes de que el intendente de Tigre formara su Frente Renovador, fue paralizado por los legisladores que responden a Massa. Según la denuncia, el fiscal general adjunto Marcelo Vaiani intentó direccionar la causa contra el ahora senador Aníbal Fernández. Cuando el fiscal Diego Grau le respondió que no había ningún elemento en contra de Fernández, Vaiani le respondió que se cuidara.
Entrevista: Mercedes González.
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