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Los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, ayer, en la sede de la CIDH, en Washington.En representación de un grupo de periodistas, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú expusieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, la que, consideraron, “está siendo cercenada”. La delegación oficial estuvo encabezada por la embajadora ante la OEA, Nilda Garré, que no habló, pero presentó a los funcionarios que respondieron por parte del Gobierno. Ellos destacaron los avances registrados durante estos diez años en materia de derechos humanos y cuestionaron “la pertinencia” de la convocatoria a esa audiencia pública.
La base de la denuncia era el juicio ético realizado en 2009 por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo a algunos periodistas acerca de su actividad durante la dictadura militar. “Se desarrolló frente a la Casa de Gobierno, a plena luz del día”, se escandalizó ayer Ruiz Guiñazú, desmintiendo la acusación que le hicieran allí de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura. La relación de esa actividad de las Madres de Hebe de Bonafini con el Gobierno no resultó clara. La periodista argumentó la participación como “testigo” de Néstor Busso –un dirigente de radios comunitarias que se desempeñaba como titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual–, que ningún funcionario saliera a descalificar el acto y que fuera difundido por el programa de la Televisión Pública 6,7,8.
Morales Solá reconoció el avance dado por el Gobierno al despenalizar el delito de calumnias e injurias, pero dijo que no había sido una iniciativa propia sino consecuencia del fallo de la CIDH en el caso Kimel. “Podemos escribir y decir lo que queremos, pero no trabajamos tranquilos”, consideró el columnista de La Nación y TN. Evaluó que el Gobierno apuntaba a la “censura indirecta porque están buscando la autocensura de los periodistas por temor a la represalia”. Incluso consideró que esa presentación que estaban realizando en la sede de la OEA en Washington “nos va a costar”.
Luego expuso un representante de la Asociación por los Derechos Civiles, quien hizo hincapié en la distribución de la pauta oficial y de las presiones del Gobierno a grandes anunciantes para que no publiciten en determinados medios.
La respuesta oficial corrió por cuenta de Javier Salgado, director de Derechos Humanos de la Cancillería. “No se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”, consideró el funcionario, que se valió de algunos Power Point para explicar que “el cúmulo de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos contra Argentina disminuyó sensiblemente a partir del año 2003 en adelante”. Además destacó que de los siete contenciosos promovidos por temas de libertad de expresión en los 30 años desde la recuperación democrática en la Argentina, dos de ellos se habían resuelto de manera amistosa –los casos Kimel y Verbitsky– promoviendo importantes reformas, como la derogación del delito de desacato y la despenalización de los delitos de calumnias e injurias.
Los integrantes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH realizaron varias preguntas a cada una de las partes que quedaron mayormente sin respuesta, en buena medida debido al escaso tiempo que duró la audiencia, poco más de una hora. La relatora Catalina Botero les dijo a Morales Solá y Ruiz Guiñazú que entendía “su frustración por las acusaciones”, pero que si lo que ellos presentaban como denuncia –el acto de las Madres– “no se trata también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad”. Otra de las integrantes de la relatoría, Rosa María Ortiz, elogió al gobierno argentino por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que definió como uno de los intentos que había en la región “para democratizar los medios”.
Las preguntas giraron en torno de si los peticionantes habían acudido a la Justicia por los problemas planteados –los periodistas no respondieron– y al gobierno argentino acerca de los criterios de distribución de la pauta oficial.
Morales Solá se ofuscó. “El Gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública, y no sé qué es peor”, sostuvo en su respuesta.
Juan Ross, subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete, mostró gráficos sobre el crecimiento de la pauta oficial en los últimos años, pero también de la mucho mayor pauta privada. “Analizar la evolución de la publicidad oficial en la Argentina sin analizar la evolución de la publicidad privada nos da una mirada sesgada de la verdadera situación del mercado”, concluyó.
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