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El que dice que el país está igual que con Menem no está discutiendo el índice de pobreza sino un proyecto político y un modelo económico. Al mensaje real que se mueve en el trasfondo de esa discusión no le interesa la pobreza sino que busca demostrar que el Estado presente –el que regula y distribuye– es lo mismo que el Estado ausente –el que facilita que los poderosos lo sean aún más–. Los portavoces de esa equiparación tan desigual se sienten afectados por ese Estado que regula y distribuye, con lo cual ya de por sí está demostrando que uno y otro no son lo mismo. Interesada en desgastar al Gobierno, la mayoría de la oposición intervino esta semana en esa discusión, pero de esa manera entró una vez más en el juego de los que aspiran a la vuelta del modelo neoliberal, que son los más interesados en instalar esta falsa imagen. Y en el caso de la oposición ninguno propuso las medidas que habría que tomar para luchar contra ese meneado aumento de la pobreza.

El uso de unos por otros tuvo una expresión casi exagerada pero ilustrativa cuando la publicación económica más conservadora –Infobae– o por lo menos la que busca disputar con Ambito Financiero en ese rubro, entrevistó a una becaria del Conicet que suele publicar trabajos en la revista Razón y Revolución. El medio del empresario Hadad publicaba así lo mismo que un colectivo del trotskismo ultrateórico. La becaria explicaba que los gobiernos de Menem son lo mismo que los del kirchnerismo, el mismo tipo de “gasto social” en cantidad y criterio. En general estas miradas supuestamente opuestas a derecha e izquierda se emparientan cuando coinciden en las críticas a los gobiernos populares de América latina. En ese uso mutuo, las que salen favorecidas son las derechas. En nombre de diseños teóricos que nunca se han podido aplicar, esta supuesta izquierda obstruye procesos que sí favorecen objetivamente a sectores populares.

El detonante de esta discusión fue que el Indec anunció que no podía publicar el índice de pobreza porque este año cambió la metodología del IPC (Indice de precios al consumidor). El umbral de pobreza está marcado por una Canasta Básica Total, cuyos precios dependen del IPC, que se cruza con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares para establecer la cantidad de personas que no tienen acceso a esa canasta.

Respaldados en mediciones interesadas políticamente como la del Observatorio de la Deuda Social, que respalda la Universidad Católica, durante toda la semana los medios machacaron con que la pobreza aumentó y por eso el Gobierno no mostraba los datos del Indec. Ninguno explicó cómo se produjo semejante fenómeno a pesar de las medidas fuertemente distributivas y a pesar de que siguen creciendo los índices de consumo.

Lo real es que al cambiar de metodología se pierde la progresión histórica porque habría que aplicar esos nuevos mecanismos hacia atrás en la historia. No se puede comparar índices elaborados en forma diferente. Con este cambio no se puede saber –por el índice– si la pobreza aumentó o bajó. Es probable, incluso, que con las nuevas técnicas de medición la pobreza aparezca en un escalón más alto. Aun así, esa medición no querría decir que la pobreza aumentó porque las mediciones anteriores con las que se tendría que comparar fueron realizadas con otra metodología.

A efectos prácticos la discusión del índice resulta bizantina. No se trata de un campeonato o de una marca para el Guinness. El titular de la Anses, Diego Bossio, propuso un ejercicio sencillo: “Imaginemos –dijo– un país sin la Asignación Universal por Hijo, sin los millones de jubilados que habían quedado por fuera del sistema y sin los seis millones de puestos de trabajo que se crearon estos años”.

Más de un millón de familias percibe la asignación. Casi tres millones de jubilados no recibirían ni un peso y seis millones de trabajadores estarían en la calle. Hay paritarias que renovaron los salarios de acuerdo con los índices de precios más elevados, igual que los índices de movilidad de las jubilaciones que todavía fueron más altos. Son medidas con un impacto masivo que hacen una diferencia con el menemismo y hasta con el 2006, cuando varias de ellas no se habían tomado o estaban en proceso, y han provocado, según los índices privados, que el consumo creciera en forma constante. La conclusión evidente –sin necesidad del famoso índice– es que hay una progresión objetiva de disminución de la pobreza, incluso sin mencionar los planes sociales u otras medidas que también inciden.

Cuando se dice –desde izquierda o derecha– que la pobreza está igual que durante el menemismo se busca desacreditar al Gobierno, pero más allá de la fuerza política que las lleve adelante, lo que se quiere instalar es que todas estas medidas no tienen ningún efecto real, que la pobreza es una condición natural, permanente e inmodificable o que sólo puede ser modificada por una revolución imposible. Algunas de esas medidas, como la reestatización de las jubilaciones y la AUH fueron reclamos de la izquierda y de los sectores más populares del peronismo que ahora respaldan al Gobierno.

Plantear que hubo un proceso de disminución de la pobreza no quiere decir que haya desaparecido, lo cual sería una mentira. Y la medición de la pobreza también es relativa, según dónde se ponga el umbral. Hay un sector importante que en las mediciones puede no aparecer bajo esa línea de pobreza, pero que está tan cerca, que es como si lo fuera. Y el día que esa línea sea superada, habrá otra más elevada. La lucha contra la pobreza es también por mejorar la calidad de vida, un tema que las sociedades asumen como permanente. Lo que tiene que importar realmente es si hay un proceso que mejora la calidad de vida y baja la pobreza, independientemente del umbral con que se la mida. La inflación no puede hacer desaparecer el efecto de esas medidas, pero tiende a disminuirlo elevando los precios. Las paritarias anuales con aumentos prorrateados y los índices de movilidad jubilatoria bianuales neutralizan el efecto de la inflación. Si la medición se produce justo antes de la consumación de estos aumentos, la diferencia entre la canasta y los ingresos será mayor. Tanto los empresarios, como el sector gremial reconocen que hasta ahora los aumentos en las paritarias y en los índices de movilidad jubilatoria han estado un poco por encima de los índices privados de precios.

La causa de que se quiera desacreditar esas medidas es porque para incorporar a esos millones de jubilados y para hacer posible la AUH hubo que reestatizar el negocio multimillonario de las jubilaciones privadas, confrontar con megaintereses, lo cual sólo era posible si se hacía una enorme quita a la deuda externa y se extirpaba al Fondo Monetario Internacional de las decisiones de política económica. Las inversiones en obra pública, infraestructura y apoyo a la industria, que generaron millones de puestos de trabajo, no hubieran sido posibles sin las quitas a la deuda y las retenciones. Allí se afectaron poderosos intereses que aún hoy quieren revertir esa medida.

Son acciones para distribuir que interfieren con la tendencia del capitalismo a la concentración. Cada acción contra la pobreza implica tomar otras acciones que afectan intereses enormes que por lo general los gobiernos prefieren no molestar. Y los voceros de esos intereses son los que tratan de instalar que ninguna de esas medidas disminuye la pobreza. Porque si no tienen ese efecto, entonces son innecesarias y nadie tiene por qué regular para poner un límite a sus intereses.

Para los portavoces de estos intereses, el Gobierno es secundario. Lo que importa son las medidas que los afectan. Se acerca el 2015 y habrá otro gobierno. El “confrontacionismo excesivo” del Gobierno es una imagen instalada que va de la mano de otra imagen complementaria, como la esterilidad de las medidas distributivas. “No sirven estas medidas y la confrontación es patológica.” Es el mensaje que pretenden instalar en la sociedad y plantarle al que gane las elecciones.

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