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La contundencia de la resolución por la cual la jueza federal María Servini procesó al ex secretario de lucha contra el narcotráfico, José Granero, al ex Subsecretario Técnico de Control de la Sedronar, Gabriel Yuseff Abboud, al Director de su Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio De Orue, y a cinco responsables técnicos de farmacias y droguerías, se sintetiza en el gráfico que ilustra esta página: entre 2004 y 2008 se importaron 47,6 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas hacia personas denunciadas, procesadas o condenadas por maniobras de narcotráfico internacional. Esto ocurrió mientras el control de esas importaciones estuvo confiado a la Sedronar y se redujo a sólo 24 kilos en cuanto esa responsabilidad fue asignada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Anmat. Servini los consideró partícipes necesarios “del delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso”. Granero es uno de los funcionarios designados por el ex presidente Néstor Kirchner que Cristina removió a su muerte. Lo hizo ante testigos, que no olvidan el episodio. El 10 de diciembre de 2011, Granero llegó a la casa de gobierno con traje nuevo y familiares para el acto de asunción del segundo mandato presidencial. En el camino hacia el estrado de los burócratas que permanecerían en sus cargos lo interceptó otro pingüino:
–Bochi, vos no seguís. Tenés que devolver los celulares y los autos. Después hablamos –le dijo Carlos Zannini.
El año de gracia con que Granero contó desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011 obedeció al temor de CFK por un conflicto en la patria chica durante la campaña electoral, en la que intentó limar todas las aristas molestas. Con la ablación de Granero, la presidente cegó ese pozo de corrupción que contaminó las aguas de la política con sustancias lesivas para la democracia. Los intentos que se iniciaron a partir del procesamiento de Granero de asociar a la presidente con esas prácticas no resisten la prueba de los hechos.
Ex vicegobernador desarrollista y rival político de Néstor Kirchner en Santa Cruz, el odontólogo Granero fue designado subinterventor del PAMI en 2003. Pero la titular de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña, le pidió a Kirchner que lo relevara porque obstruía su lucha contra los proveedores que comercializaban medicamentos adulterados. Uno de ellos era el por entonces desconocido Sebastián Forza. Esos proveedores eran protegidos por el Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y por el interventor en el Hospital Francés, José Luis Salvatierra. En 2007, Forza aportó 200.000 pesos a la campaña electoral del Frente para la Victoria, cuyo recaudador era Capaccioli. En diciembre de ese año, al asumir su primer mandato presidencial, CFK designó ministra de Salud a Ocaña, quien dio de baja a esos proveedores, cuya relación con el PAMI se había iniciado durante la concordancia radical-menemista de Enrique Nosiglia y José Luis Barrionuevo, y los denunció a la justicia. El jefe de gabinete Alberto Angel Fernández había confiado a Capaccioli la SSS y la colecta de fondos para la política, dos destinos que no deberían acumularse en la misma persona. Ocaña también denunció ante la Justicia a Capaccioli, pese al pedido en contrario de Alberto Fernández, quien renunció a la jefatura el 23 de julio de 2008, según se interpretó siempre como coletazo del largo conflicto con las cámaras patronales agropecuarias. Dos semanas después de su alejamiento aparecieron en General Rodríguez los cadáveres de Forza y de los también empresarios farmacéuticos Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Según el fallo judicial que condenó a prisión perpetua a cuatro sicarios, los mataron para eliminarlos como competencia en el mercado mexicano ilegal de la efedrina. En octubre de 2008, tanto Clarín como La Nación destacaron con grandes titulares el respaldo presidencial a Ocaña para desmantelar la red organizada por Capaccioli, quien en noviembre fue forzado a renunciar. En 2011 el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por encubrimiento de lavado de dinero, pero hace tres meses terminó por sobreseerlo, luego de que la Cámara Federal revocara aquella decisión. Capaccioli irá de todos modos a juicio oral por otros delitos, junto con el ex sindicalista bancario Juan José Zanola.
Granero debió dejar el PAMI en 2004 pero siguió vinculado con las drogas. Luego de un paso fugaz por la SIDE fue designado en la Sedronar, con su registro de precursores químicos. Esa Secretaría fue creada en 1989 por decreto del presidente Carlos Menem, de acuerdo con un modelo continental impulsado por la DEA estadounidense. El mismo año, la ley 23.737 estableció un registro para la inscripción de las empresas que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados que puedan derivarse en forma ilegal a la elaboración de estupefacientes. Durante el interinato del senador Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, el decreto 2300/02 asignó ese registro nacional a la Sedronar, y como responsable fue designado el Comisionado de Planeamiento, Control y Legislación de la Sedronar, Gabriel Yusef Abboud, quien había sido secretario de la fiscalía de Casación de Juan Romero Victorica. El Subsecretario era Francisco D’Albora, quien ahora lo defiende en los tribunales. Cuando Granero quedó al frente de la Sedronar, Abboud se convirtió en su hombre de confianza y fue el autor intelectual del traslado a esa Secretaría de las competencias en materia de drogas que correspondían a los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Interior y Justicia, lo cual fue motivo de constantes conflictos con esas carteras, entre los que se destacó la abierta inquina entre Granero y Aníbal Fernández, quien creó un comité científico asesor de alto nivel. Ese comité que integraban algunos de los más destacados especialistas del país en cuestión de adicciones y lavado de dinero, como Horacio Cattani, Patricia Llerena, Mónica Cuñarro, Roberto Falcone, Martín Vazquez Acuña, Eva Giberti y Alberto Calabrese, documentó la connivencia entre la Sedronar y las empresas a las que debía controlar. Firme opositor a cualquier política de reducción de daños y despenalización del consumo, Abboud tramitó la firma de una docena de convenios internacionales en los que, a pesar de su falta de competencias constitucionales, la Sedronar actuó como autoridad de aplicación para temas judiciales. En 2005, la ley 26.045, impulsada por la senadora salteña Sonia Escudero, dispuso que sin “previa y expresa autorización” del Registro no podrían importarse ni exportarse precursores químicos y que los inscriptos deberían someterse a su fiscalización. Junto con Rosario y con la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Salta tenía la mayor cantidad de inscriptos en ese registro y autorizados para importar y exportar las sustancias químicas que se usan para cortar la cocaína. De contacto constante con la DEA estadounidense, profesor de Seguridad en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, dirigida por Roberto Dromi en la Universidad del Salvador, Abboud participó armado en varios procedimientos de frontera conjuntos con la Gendarmería, para los cuales se embutía en un uniforme verde de tortuga ninja. En 2008, Escudero propuso una nueva reforma, ampliando las facultades de la Sedronar y el Registro de Precursores. Ese proyecto, redactado por Abboud y con apoyo de la DEA y de la SIDE, provocó una dura respuesta del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del que dependían las fuerzas federales de seguridad. El 9 de mayo de 2008 su titular, Aníbal Fernández, cuestionó en una nota a Escudero que se atribuyeran “facultades policiales y judiciales a una autoridad administrativa creada por decreto”. También señaló que desde que la Sedronar se hizo cargo del registro no hubo “un solo caso, ni una sola investigación o proceso serio, ni procesados confirmados por cámara. Este no es un dato menor, ya que sin desvío de sustancias de corte no hay sustancia ilegal. Es allí entonces donde debe ponerse el acento para mejorar las investigaciones”. CFK laudó en contra de Granero y el proyecto no avanzó.
El 27 de julio de 2008, cuatro días después de la renuncia de Alberto Fernández a la Jefatura de Gabinete y dos semanas antes del triple crimen de General Rodríguez, el Comité Asesor elevó al ministerio de Justicia una propuesta de reforma integral a la ley de estupefacientes y un cronograma de acciones. Ese documento alertaba sobre la llegada a México “de elevadas cantidades de efedrina para elaboración de metanfetamina provenientes de la Argentina”. Entre las acciones recomendadas incluía “la adopción de mecanismos administrativos nacionales y provinciales en materia de control de calidad y desvío de sustancias de corte o precursores químicos que permitan garantizar, por un lado la calidad de los productos, y por otra parte efectuar un debido contralor al mercado ilegal”. El hallazgo de los cuerpos de Forza, Bina y Ferrón impidió que Granero siguiera resistiendo la disposición que había preparado el interventor en la Anmat, Ricardo Martínez, quien pudo firmarla apenas 48 horas después del triple crimen. Esa disposición 4712 estableció que las droguerías y los laboratorios de medicamentos que contuvieran efedrina y seudoefedrina deberían solicitar autorización para importarlos al Instituto Nacional de Medicamentos dependiente de la Anmat. Desde entonces se redujo en forma vertical el desvío de metamfetamina a México para la producción de éxtasis. Un camino similar fue seguido por Brasil, donde la Sedronar estaba bajo conducción política y ejecutiva de las Fuerzas Armadas y dependía en forma directa del presidente. Lula transfirió buena parte de sus competencias a justicia y Relaciones Exteriores y Dilma asignó a la nueva Secretaría de Seguridad sus atribuciones sobre delitos complejos y drogas, el mismo paso que ahora se dio en la Argentina. La motivación en ambos casos fue cortar con el paradigma estadounidense, responsable de corrupción, laxitud institucional y violaciones a Derechos Humanos, y acompañar la reforma institucional contra la despenalización del consumo. La Argentina fue pionera en proponerlo, pero Uruguay se le adelantó en su aplicación. En Brasil, el ex presidente Fernando Henrique Cardozo recomendó que esas decisiones fueran concertadas en los organismos supranacionales como Mercosur y Unasur.
La resolución de la jueza Servini sostiene que sólo cinco empresas y una persona importaron toda la efedrina que ingresó al país entre 1999 y 2010 y luego se desvió al mercado ilegal, salvo una tonelada y media. La persona es el mencionado Ascona y las empresas las droguerías Chutrau, Saporiti, Libertad, Farmacéuticos Argentinos y Unifarma, delito del que fueron partícipes necesarios Granero, Abboud y De Orúe. “En contraste, las otras cinco importadoras en esos mismos cinco años sólo compraron 93 gramos de efedrina”, constata la jueza. Durante la investigación se probó la relación existente entre Granero y Alfredo Augusto Abraham, uno de los directivos de Farmacéuticos Argentinos, cuya pareja Sandra Oyarzábal trabajaba en las oficinas de esa empresa y también en la Sedronar, como asesora de Granero. En su defensa, Granero dijo que no tenía relación personal con Abraham, a quien sólo conoció como proveedor de PAMI. Pero según De Orué, Abraham tenía acceso al despacho de Granero, quien se lo presentó como “un amigazo que tenía que hacer un trámite en el Registro”. En la sentencia por el triple crimen, dos testigos mencionaron a Abraham como uno de los proveedores de la efedrina que se enviaba al Cartel de Cancún, en México. Otra asesora de Granero, Susana Muzzio, quien cumplía funciones en el Registro de Precursores, declaró en una causa ante el TOF 4 de la Capital, que varias veces había visto a Abraham en el despacho de Granero y que Abraham había hecho entrar a Oyarzábal a la Sedronar, lo cual expone los distintos eslabones de la cadena delictiva. En su defensa Abboud atribuyó el incremento vertical en la importación de efedrina al proceso de recuperación económica y el aumento sostenido de la industria farmacéutica. De Orué alegó que el Registro no contaba con capacidad técnica para relacionar el incremento de importaciones con el desvío al circuito ilegal. El análisis de los informes trimestrales que las empresas deben presentar al Registro estaba a cargo de dos personas. Ninguno era experto en química, y realizaban su labor de manera aleatoria puesto que recibían 23.000 informes trimestrales al año, que se analizaban “a mano” por lo que resultaba materialmente imposible hacer un análisis total de las presentaciones. También dijo que nunca “se logró que los usuarios cargaran digitalmente la información, vía internet a ese software. El sistema recibió muchas quejas por lo engorroso, la gente seguía prefiriendo el papel, las mayores quejas eran que el sistema era demasiado rígido”.
Nora Fitanovich, Coordinadora de la Comisión de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos Magistrales del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, declaró que con medio kilo una farmacia cubre las necesidades de seis meses, por lo cual consideró una infamia y un absurdo técnico atribuir a preparados magistrales la compra de 2500 kilos de efedrina. Para Servini “no fue casual, ni un descuido. La real y única problemática es una operación de narcotráfico internacional”, con destino a México, “país que para los primeros nueve meses de 2011 declaraba una tasa de homicidios vinculados al narcotráfico cercana a los 13.000 muertos”. A la misma razón atribuye el Triple Crimen de General Rodríguez y otros dos homicidios cometidos en el Unicenter Shopping de Martínez. Por esto, desdeña “la liviana invitación a discurrir sobre colirios, jarabes para la tos y pastillas para adelgazar, que se pretende imponer en la causa” como “vano intento de justificar lo injustificable. Me niego a seguir discurriendo sobre nimiedades”, dice Servini. Para impedir la maniobra hubiera bastado con controlar a seis importadores, dos intermediarios y quince bocas finales de desvío. “¿Nadie, absolutamente nadie vio un negocio ilegal de cientos de millones de dólares?”, se pregunta. Según la propia Sedronar, el precio en el mercado ilegal oscilaría entre 8.000 y 12.000 dólares el kilo. La jueza calcula que “la maniobra de narcotráfico internacional aquí pesquisada rondaría entre los 123.916.000 y los 491.666.000 dólares estadounidenses”.
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