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La gravísima denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente CFK intenta apuntalar la versión sobre el atentado a la sede de la DAIA que acordaron hace más de veinte años los gobiernos de Israel y la Argentina, con el respaldo de Estados Unidos, cuando aún no había terminado la remoción de los escombros: acusar a Irán y no investigar la participación de Siria, pese a que las condiciones internacionales han cambiado. El problema es que en la causa no abundan elementos que lo sostengan, por lo cual ese relato descansa en recursos políticos y publicitarios. Mientras, nada se ha avanzado en el caudaloso expediente judicial, que se derrama al azar en episodios laterales, como la falsa conexión local y el desvío de la investigación por parte del ex presidente Carlos Menem y su ex juez Juan José Galeano. La estridente acusación de Nisman, descalificada por el juez de la causa y por Interpol, es otro capítulo de la misma estéril saga. Luego de recibir a Nisman, la complaciente dirigencia comunitaria de la DAIA y la AMIA convocó a todos los organismos y delegaciones que las integran pero la mayoría negó el apoyo que había solicitado el fiscal.
Un preciso ejercicio de desinformación intenta hacerle pagar al gobierno nacional la osadía de haberse apartado del libreto buscando que la justicia argentina pudiera indagar a los acusados por Nisman, en un tercer país o incluso en Irán, con el riesgo de que la presunta solidez del expediente se disipara en el aire, como ya ocurrió con el ex embajador persa en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour: detenido en Londres a pedido de la justicia argentina, fue absuelto por falta de pruebas, puesto en libertad e incluso indemnizado. Que algún dirigente político o un falso influyente haya querido aprovechar para fines particulares el giro dado por el Poder Ejecutivo es una alternativa posible y recién se sabrá si algo hay de ello cuando se revelen las pruebas que dice tener el fiscal, quien mañana enfrentará en el Congreso al FpV. El oficialismo decidió no permitir que la oposición monte allí un nuevo escándalo. De progresar la agresión contra la presidente en la ciénaga judicial, no puede descartarse una convocatoria a la movilización en las calles. Esto pondría en evidencia los desbarres de un poder contramayoritario que intenta confinar la política dentro de los límites de un expediente tribunalicio, alimentado como en un chiquero judicial con basura de los servicios de informaciones.
En la conferencia de prensa del jueves, el canciller Héctor Timerman mostró la nota que envió el 15 de febrero de 2013 a Interpol: le informaba a su secretario general (el abogado, economista y ex jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Kenneth Noble), que los pedidos de captura internacional sólo podrían ser modificados a solicitud del juez Rodolfo Canicoba Corral. Esta semana Canicoba dijo que al firmar las órdenes de captura contra los iraníes que le solicitó Nisman, ordenó al fiscal que profundizara esa investigación y no se basara apenas en informes de inteligencia, y que también siguiera la pista siria y la conexión local. “Nada de eso hizo”, sentenció. Tampoco su colega María Servini encontró en la presentación de Nisman “las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes”, por lo que se negó a habilitar la feria juicial. En el Forum Shopping de Nisman, la denuncia será considerada por el juez federal Ariel Lijo. Cuando la camarista Luisa Riva Aramayo comenzó la negociación con Carlos Alberto Telleldín para pagarle un falso testimonio, Lijo era uno de sus más próximos colaboradores. Su hermano, Alfredo Lijo, trabajó con el auditor Javier Fernández, a pedido de Riva Aramayo, según el propio Fernández en un reportaje de Hugo Aleonada Mon. Riva Aramayo no fue procesada junto con el juez Galeano porque murió en 2002.
El Memorando de Entendimiento con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, en Etiopía, cuando Estados Unidos y sus principales aliados comenzaban una negociación de desarme con el gobierno de Teherán y las aperturas hacia Siria ya habían fracasado. En una entrevista para esta nota, Timerman explicó que de regreso a Buenos Aires se reunió con las distintas asociaciones de familiares de las víctimas, con el presidente de la DAIA Julio Schlosser y con el de la AMIA, Guillermo Borger. En la única conferencia de prensa conjunta, todos declararon su apoyo al memorando. Pero sin explicación por el cambio, la DAIA y la AMIA pidieron al Congreso que no lo ratificara y reclamaron su inconstitucionalidad a la Justicia, concedida el año pasado por la sala I de la Cámara Federal porteña. Al mismo tiempo, dijo Timerman, el canciller iraní Ali Akbar Salehi le propuso enviar una nota conjunta a Interpol informando que con la firma del memorando debían cesar las alertas rojas. Esto no formaba parte de las instrucciones que había recibido de la presidente, dijo el canciller. Timerman llamó a Interpol para explicarle a Noble lo que estaba sucediendo. Noble le respondió en inglés que se quedara tranquilo, que las alertas rojas no se modificarían. Timerman le expuso su situación personal, como firmante del memorando, ministro del gobierno argentino y judío. Noble le dijo entonces, ahora en francés, que entendía la situación y que no tenía motivo para preocuparse. Timerman le contó de los insultos, las graves acusaciones y las amenazas que estaba recibiendo. Noble cambió del francés al castellano. “Se lo dije en inglés, en francés y ahora en su idioma: el memorando es muy conveniente y no hay riesgo de que sobre esa base se modifiquen las alertas rojas.” Timerman le pidió que Interpol lo dijera en una nota formal. Ese mismo día la firmó el Consejero Jurídico de Interpol, Joel Sellier, y el entonces subsecretario de Justicia y actual subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, trajo el original desde Lyon a Buenos Aires. Decía que el acuerdo era positivo para esclarecer la causa y que “no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”. Este jueves, Nisman respondió en tiempo real a la conferencia de prensa: dijo que Timerman había pedido levantar las alertas rojas y que Interpol se lo negó. A raíz de ello, Timerman se comunicó el viernes con Noble, quien sepultó cualquier polémica, con el mail que el canciller difundió esa misma tarde: “Usted dijo en forma explícita que la presidente Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino estaba cien por ciento comprometido con el mantenimiento de las alertas rojas de Interpol”. Agrega que durante la asamblea general de Interpol, hace apenas dos meses, “usted reafirmó su compromiso personal y el del gobierno argentino con el mantenimiento de las alertas rojas, al mismo tiempo que trataba de hacer todo lo que estaba a su alcance para que hubiera verdaderos progresos en la investigación. Recuerdo la forma apasionada en que habló de las víctimas y de sus seres queridos, que tanto sufrieron y que merecen ver el avance de la investigación y la presentación a la Justicia de los responsables por este mortífero ataque”. Se entiende mejor así por qué en las grabaciones de Nisman el presunto agente iraní Jorge Alejandro Khalil dice que “por las cagadas que se mandó este ruso de mierda las circulares no se bajaron”. Si algún vendedor de humo había prometido lo contrario, es problema suyo. Hasta ahora nadie ha incurrido en el ridículo de sugerir que las comunicaciones con Interpol fueron personales del ciudadano Timerman, sin conocimiento de la presidente. La propia exégesis de Nisman ante la prensa refuta sus conclusiones. Goza de todos modos de una apreciable protección, que le permite hablar horas en las pantallas de televisión sin que ningún juez o fiscal lo acuse de violar secretos, como le ocurrió a su colega Carlos Gonella por retwitear una página oficial del Ministerio Público en la que se informaba sobre un pedido de procesamiento contra varias personas por lavado de dinero obtenido con la venta de cocaína.
Parte de esta historia ya fue narrada aquí el 18 de julio de 2004, en una nota que se tituló “La InfAMIA. El acuerdo Menem-Rabin para no investigar”. A pocas horas de producido el atentado, a las 9.53 del 18 de julio de 1994, el gobierno israelí del general Yitzhak Rabin propuso al argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así lo informó el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, en un cable emitido a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994, apenas 17 horas después del estallido que costó la vida a 85 personas y heridas a 300. De este modo, ambos gobiernos condicionaron la investigación a las respectivas ventajas que cada uno pudiera obtener y sin mayor interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de la DAIA y la AMIA. Timerman recuerda que durante una de las reuniones en las que se discutió el memorando, Schlosser le preguntó por qué insistía tanto en la investigación. “Por respeto a los muertos en el atentado”, le respondió. “Olvidate de los muertos. Hay que pensar en los vivos”, dijo Schlosser. Algo similar le transmitió a Timerman su colega israelí, Avigdor Lieberman, durante un encuentro en las Naciones Unidas. “¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?”, le dijo con sorna. El año pasado, para desacreditar el Memorando de Entendimiento, el ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, declaró que “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros”.
El cable sobre el acuerdo Menem-Rabin fue hallado entre las informaciones secretas que el gobierno de Néstor Kirchner resolvió liberar al conocimiento de los familiares de las víctimas y de la Justicia. En 2004 el entonces encargado de la Unidad Especial de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, puso en conocimiento de Canicoba Corral el cable EISRA 010365/1994. Allí Otegui informa que Rabin enviaba a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea israelí a un diplomático de su relación personal y directa, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985.
Antes de embarcarse hacia Buenos Aires, Schmorak se comunicó en medio de la noche con el embajador Otegui y le pidió que lo ayudara a entrevistarse con el presidente Menem y con el canciller Di Tella en cuanto llegara a Buenos Aires. Para el gobierno israelí “es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado”, en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, “dado que partidos de oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz gobierno Rabin”. En ese momento, estaba muy avanzada una negociación de paz en Oslo que incluía a la OLP conducida por Yasser Arafat y por primera vez comprometía al gobierno sirio del presidente Hafez Al Assad. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de Bill Clinton, en cuya presencia se firmaron los acuerdos en la Casa Blanca, en septiembre de 1993. En enero de 1994 el presidente sirio anunció que la negociación con Rabin incluiría “una paz real y relaciones normales” a cambio de la devolución de las alturas del Golan, ocupadas por Israel en la guerra de 1967. Hasta entonces El
Assad había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Pero a partir de allí, tanto Washington como Jerusalén se enfocaron en Irán y llegaron a contemplar un nuevo bombardeo a sus instalaciones nucleares como el que Israel realizó en 1981 en Osirak. Tres meses después del atentado contra la DAIA Rabin recibió el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente fue asesinado por un estudiante derechista que se oponía a la devolución de territorios ocupados a cambio del cese de hostilidades. Desde entonces sólo hubo retrocesos en el intento de paz.
El cable del embajador Otegui agrega que “objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado” con el propósito de “presentar a la prensa –inmediatamente después del encuentro– una versión unificada de lo ocurrido”. Schmorak llegó por la noche del martes 19. Tal como se había solicitado fue recibido por Menem y en un reportaje concedido al diario Clarín al salir, dijo que “el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”. También dijo que Menem aceptaba la hipótesis de la participación de algunos elementos locales. La ausencia más notoria en todas las declaraciones, del enviado israelí y de las autoridades argentinas, fue la pista siria, pese a las evidencias que saltaban a la vista. En la misma semana un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos afirmó que Siria no tenía nada que ver con el atentado. Esa línea se siguió en forma minuciosa en todas las investigaciones posteriores. Luego de revelar la existencia y el contenido de este cable, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, uno de los acusados por desviar la investigación me preguntó si había más información, para conocer si “fuimos títeres de un juego macabro por parte de ambos gobiernos”. También me contó que el 22 de julio de 1994, durante una reunión en la quinta de Olivos, “Menem insistía que de confirmarse las presunciones debían cortarse las relaciones con Irán en forma inmediata”. Es decir tres días después de la reunión con el enviado de Rabin.
Si las motivaciones de Rabin y Clinton se explicaban por razones políticas de sus respectivos gobiernos, el interés del gobierno argentino de entonces por desviar la atención lejos de Siria es comprensible, por los lazos familiares de Menem, el financiamiento que El Assad le suministró para su campaña presidencial en 1989 y la denuncia de traición en 1990, cuando Menem se sumó a la primera expedición estadounidense contra Irak (gobernado por el mismo partido Baas que Siria), incumplió los acuerdos de cooperación espacial con países árabes y entregó a Estados Unidos todos los de-sarrollos del misil Cóndor. Jacobo Timerman, padre del actual canciller, recordó en una entrevista que publiqué en esta página el 31 de mayo de 1992, dos meses después del atentado a la embajada de Israel, que Menem viajó a Siria en cuanto ganó la candidatura presidencial peronista. “Dijo que iba a saludar a una tía, cosa que se me hizo totalmente no creíble, y en realidad tuvo una reunión con el Presidente Hafez El assad, que es el más grande narcotraficante del mundo.” Entre las líneas que la investigación judicial no profundizó hay una que concierne en forma cercana a los ex presidentes de Siria y de la Argentina. Un primo de El Assad y otras dos personas fueron detenidas después del atentado en el mismo edificio de la calle Cochabamba en el que Menem tenía el departamento que utilizaba en sus frecuentes visitas a Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja. El primo de El Assad y sus acompañantes fueron liberados luego de una reunión de Menem con el juez Galeano. Sucesivas notas de Raúl Kollmann y de Juan José Salinas han abundado sobre la seriedad de la pista siria y la inconsistencia de la investigación de Nisman, cuya subordinación explícita a las líneas de acción que le comunicaban en la embajada de Estados Unidos consta en abundantes cables dirigidos por esa sede a su gobierno. El viernes asumió sus funciones el nuevo embajador Noah Mamet. Habrá que aguardar una futura tanda de Wikileaks para saber si es real la información que circula entre funcionarios judiciales que conocen a Nisman, sobre un encuentro con el consejero político Ken Roy antes de presentar su incandescente dictamen. Roy es el enlace de la embajada con la Asociación de Magistrados, que conduce la resistencia judicial al gobierno. Esta relación promiscua con una potencia extranjera no ha producido el menor escándalo en quienes, de derecha a izquierda, sólo lo ven como un proyectil capaz de hacer daño al gobierno nacional. Cualesquiera sean los respaldos de Nisman, no se entiende cómo podría el gobierno “fabricar la inocencia de Irán”. Como el fiscal es quien debe probar la culpabilidad, esta es una inversión de la carga de la prueba o una implícita admisión de que al cabo de diez años carece de elementos probatorios.
Lo burdo del intento por incriminar a la presidente, que tanto Canicoba Corral como el gobierno atribuyeron al removido jefe de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio Stiuso, no implica que todos los pasos oficiales hayan sido apropiados. Tanto Nisman como Stiuso contaron con el respaldo de Kirchner, quien en 2005 llevó a las Naciones Unidas la denuncia contra Teherán, cuando George W. Bush buscaba un pretexto para repetir sobre Irán la devastación de Bagdad, tal como se señaló entonces aquí. Cristina siguió ese esquema durante su primer mandato. Sus frecuentes encuentros dentro y fuera del país con la DAIA y la AMIA no impidieron que esas organizaciones se alinearan con la oposición en el cuestionamiento a sus tentativas de esclarecimiento. En cambio nunca recibió a la organización de familiares de las víctimas Memoria Activa, que apoyó en el Congreso el Memorando de Entendimiento y que denunció ahora una operación contra la presidente. También llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptó un proceso de negociación amistosa con el patrocinio del CELS y CEJIL. El 4 de marzo de 2005, el Estado reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos al no haber cumplido la función de prevención, por la denegatoria de justicia debido al encubrimiento de los hechos y al grave y deliberado incumplimiento de la función de investigarlos. Como reparación integral se comprometió a una agenda de trabajo tendiente a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición futura, compensar los daños y reformar algunas leyes, entre ellas la de Inteligencia. Además de informar sobre el acuerdo, debía fortalecer los organismos investigativos tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar la investigación del atentado y de su encubrimiento, profundizar el relevamiento de archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia, extenderlo a la Dirección de Migraciones e informatizar sus registros. También se comprometió a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, incluyendo un plan de contingencia para casos de atentados. Además debía impulsar una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces involucrados en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. A veinte años del atentado y diez del reconocimiento de responsabilidad, los compromisos no se han cumplido. En este tema, como en tantos otros, Cristina ha mostrado capacidad de rectificación. Pero no basta con la remoción de los agentes de la Secretaría de Inteligencia que resolvieron su conflicto de obediencias en contra de sus deberes funcionales y de su lealtad nacional. Quienes los impugnaron cuando estaban en la cumbre de su poder no necesitan sobreactuar ahora sus críticas. Basta con señalar que este es un momento oportuno para cumplir con la reforma de la ley de Inteligencia comprometida ante la CIDH y con la complementaria y también adeudada ley de acceso a la información pública. Tal vez así, además de las apasionantes anécdotas del día, se avance en reformas estructurales que ayuden a impedir la repetición de tanto bochorno.
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