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La guerra entre la jueza Sandra Arroyo Salgado y la defensa del informático Diego Lagomarsino convirtió la causa por la muerte de Alberto Nisman en un vale todo que puso patas para arriba la investigación. Llama la atención que, siendo jueza, la ex esposa de Nisman esté dando una pelea tan feroz para que lo ocurrido en el piso trece de Le Parc sea, sí o sí, un homicidio. No les otorga la menor chance a los forenses y criminalistas para que en la junta médica y en la audiencia de criminalistas esbocen si Nisman se suicidó –como sugieren los forenses de la Corte Suprema– o si fue asesinado. En la guerra, Arroyo Salgado les hizo llegar el informe de sus peritos –incluyendo las escabrosas fotos del cuerpo de Nisman– a dos canales de televisión. También tiró sobre la mesa que Lagomarsino podría haber matado a Nisman a raíz de un conflicto económico y habló de la cuenta no declarada en Nueva York, impugnó peritos y celebró que la jueza Fabiana Palmaghini le haya quitado una pericia clave a la Policía Federal para pasársela a la Metropolitana, con la que Arroyo Salgado se siente más cómoda. Anoche, la Policía Federal anunció una investigación sobre cómo se filtró el informe de Arroyo Salgado y también cómo llegó a las redes sociales una foto del cuerpo del fiscal (ver aparte). En el tumulto, se pasó por alto una evidencia no categórica, pero que naturalmente reforzaría la hipótesis del suicidio: la foto en que se ve el paño verde con el que Lagomarsino llevó el arma a lo de Nisman. Ese paño está sobre la mesada del baño, al lado de donde estaba el fiscal antes de morir, lo que indica que la pistola se sacó del envoltorio segundos antes del disparo final (ver aparte).
En su desesperada ofensiva para instalar que Nisman fue asesinado, Arroyo Salgado puso en circulación el estudio que realizaron sus dos forenses, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, y el criminalista Daniel Salcedo. Las carpetas les fueron entregadas a C5N y TN, según le consta a este diario, por un hombre del equipo de la jueza. Es significativo que Arroyo Salgado haya esbozado una queja muy tímida e indirecta por la filtración, cuando en filtraciones de muchísima menos envergadura salió a la cancha con máxima dureza. El material incluye descarnadas fotos del cuerpo sin vida del fiscal, capturas de video de la autopsia y los textos redactados por el equipo de Arroyo Salgado. En la carpeta hay una foto de la canilla, con luminol aplicado, que indica que la imagen fue tomada durante la inspección ocular que hicieron los peritos de la ex esposa del fiscal y se ven los textos redactados por esos especialistas. Un elemento que puede ayudar a demostrar el origen de la filtración es que sólo habría dos versiones de la carpeta con las fotos en color: una quedó en manos de la fiscalía, la otra en manos del equipo de Arroyo Salgado, porque a ellos les dieron copias de las fotos en colores originales. La defensa de Lagomarsino, en cambio, contaría con una fotocopia pero en blanco y negro.
De cualquier manera, la difusión del material le conviene a la querella que encabeza Arroyo Salgado: la intención es convencer a quien lea la carpeta de la hipótesis de asesinato. Son 98 páginas dedicadas a eso. Sobre el contenido ya opinaron varios especialistas, entre ellos el ex titular de la cátedra de Medicina Legal de la UBA, Mariano Castex, “todo lo que se afirma allí admite opinión en contrario”. “Es asombroso y hasta impropio en peritos tan prestigiosos que hayan descartado la hipótesis del suicidio. Es extraño”, sostuvo el criminalista Luis Olavarría (ver aparte).
Pero no sólo eso. La difusión trató de poner también énfasis en imágenes en las que se ve a numerosos funcionarios policiales y judiciales –entre ellos la fiscal–, por lo que se alegará que la escena fue contaminada. Es una forma de preparar el terreno para sostener que no es posible llegar a conclusiones válidas en la investigación.
Las fotos que filtró la querella permitieron apreciar, por primera vez, la pistola Bersa calibre 22, modelo 62, que produjo la muerte del fiscal. El arma llama la atención por la antigüedad (ver foto) y no encaja, desde ya, con un plan pensado por un superespía o un sicario.
A esto se agrega que Nisman no sólo le pidió el arma prestada a Lagomarsino sino también a su custodio de mayor confianza, Rubén Benítez, quien negó tener una para suministrarle. Pero todo el cuadro indica –en favor de la hipótesis del suicidio– que quien estaba buscando una pistola era el fiscal. Y los datos indican que la estaba buscando con ansiedad: cuando Lagomarsino fue a Le Parc a las 16, Nisman –en versión del informático– lo mandó a Martínez a buscar el arma y, como se demoraba, lo llamó para preguntarle si ya tenía la pistola y cuándo regresaría. El fiscal lo hizo volver a Le Parc desde Martínez ese mismo sábado a las 20. Las dos visitas al edificio de Puerto Madero están registradas, el paso por los peajes también y lo mismo ocurre con la llamada. Todo podría ser un invento del informático, pero está reforzado por el pedido del arma que Nisman también le hizo a Benítez.
El mayor argumento de defensa de Lagomarsino, hoy por hoy, es que si el informático fue el asesino, no hubiera dejado el arma en la escena. La pistola está a su nombre en el Registro Nacional de Armas (Renar), con lo cual dejar el arma era dejar una firma en ese baño. Y lo mismo vale para la hipótesis de que Lagomarsino no haya sido el homicida pero sí parte del plan criminal. A ninguna organización o servicio de Inteligencia le conviene dejar en la escena y nada menos que en el arma, el nombre y apellido de uno de sus integrantes.
Estos elementos abonan mucho más a la hipótesis del suicidio que a la del homicidio, algo que va en la misma línea que lo planteado por los que hicieron la autopsia. En sentido contrario, pesa el hecho de que no hubiera restos de fulminante en la mano de Nisman, aunque es algo que sólo se da en el once por ciento de quienes se disparan con un calibre 22, según la bibliografía norteamericana.
En su ofensiva para instalar que la muerte de Nisman fue un crimen, Arroyo Salgado viene señalando a Lagomarsino de forma implacable. “Miente cuando dice que le prestó el arma a Nisman. El fue parte del plan criminal”, afirman los colaboradores de la jueza. A esto le agregan un cálculo más que arriesgado de la data de muerte, situando el deceso el sábado a las 20, justito cuando estaba Lagomarsino en el departamento.
De entrada, Arroyo Salgado sugirió que Lagomarsino integró un servicio de Inteligencia y fue parte de un plan criminal sofisticado. Su principal argumento es que tiene una costosa estructura detrás para su defensa. Nuevamente no encaja bien el uso de una pistola tan antigua, que está a su nombre y el hecho de que Nisman también le haya pedido prestada el arma a un custodio.
A raíz de ello, la jueza empezó a cambiar el móvil presentándose ante la fiscal Viviana Fein y sugiriendo que entre Lagomarsino y Nisman hubo un conflicto económico. En esa asombrosa declaración, Arroyo Salgado contó que Lagomarsino era cotitular en una cuenta en Nueva York, con la madre de Nisman y la hermana del fiscal. Las dos mujeres iban a declarar en la semana que pasó, se excusaron por razones de salud, pero la versión es que se abrió una pelea con la ex esposa. En cualquier caso, Arroyo Salgado develó que el fiscal manejaba, como apoderado, una cuenta no declarada en Merrill Lynch. La versión indica que en esa cuenta había unos 600.000 dólares.
Lagomarsino contestó, a través de un escrito de su defensor, Maximiliano Rusconi, que no había conflicto económico y que el informático le prestó el nombre para la cuenta, es decir que fue testaferro de Nisman, sobre todo para realizar dos transferencias a Uruguay. Lagomarsino afirma que el dinero fue enviado para pagar expensas de un terreno, que –según parece– tampoco está declarado.
En el texto, Rusconi insiste en que la relación entre Lagomarsino y Nisman no era entre pares: sino que el fiscal tenía un fuerte dominio sobre el informático, al punto que se quedaba con la mitad de su sueldo. La revelación de Página/12 se basó en el escrito judicial presentado por Rusconi: el abogado sostiene que el vínculo Lagomarsino-Nisman era de patrón a empleado y que el informático no tenía margen para negarse a las órdenes y presiones de Nisman porque en los papeles éste le pagaba una cifra descomunal, 41.000 pesos por mes, y aunque Nisman se quedaba con 20.000, Lagomarsino cobraba casi sin trabajar. Rusconi argumenta que Nisman convocaba al informático a cualquier hora de cualquier día, lo hacía subir y bajar por el ascensor de servicio y en ese marco de patrón-empleado le resultaba imposible negarse a prestar el nombre para la cuenta de Nueva York o rebelarse ante la quita –reintegro lo llamaba Nisman– de la mitad de lo que cobraba.
Todo esto entra en un terreno dudoso que la Justicia tendrá que evaluar. Y también habrá que ver si marca o no un conflicto económico que pudiera derivar en un homicidio. Por ahora, el expediente no marcha en esta dirección, pero faltan medidas de prueba importantes; la pericia informática, la de los celulares y, nada menos, de las juntas médica y criminalística.
El encuentro entre forenses, citado en principio para el día 30, anticipa pocos acuerdos en algunos puntos clave de los 25 puntos de pericia planteados por la fiscal. La cuestión de si Nisman estaba arrodillado y si hubo agonía no parecen decisivos para dirimir la alternativa suicidio/homicidio. El fiscal, sostienen los expertos, pudo haber sido asesinado, pero también pudo suicidarse arrodillado o de pie y el tiro pudo no haberle producido la muerte inmediata.
Igualmente, a la mayoría de los forenses les parece extraño que si se ejecuta a una persona arrodillada –como sostienen los que trabajan para Arroyo Salgado–, el disparo no sea de arriba hacia abajo. La autopsia afirma y Raffo y Ravioli admiten, que el disparo es levemente de abajo hacia arriba.
Un punto neurálgico que se va a dirimir es el que tiene que ver con la hora de la muerte. La autopsia, hecha por forenses de la Corte Suprema, evalúa que Nisman murió en la mañana o el mediodía del domingo 18 de enero. Para Raffo-Ravioli, en cambio, el deceso se produjo el día anterior e incluso estiran el horario posible hasta las 20, en el momento en que Lagomarsino estaba en el departamento de Le Parc. El debate sobre esta cuestión promete pocos acuerdos, pero la defensa de Lagomarsino insistirá en que no será posible dirimir el tema por vía de la medicina y en cambio exhibirán la apertura de la computadora de Nisman a las 7.25 del domingo como prueba categórica. Allí el debate se trasladará a la pericia informática.
En la asombrosa guerra desatada por Arroyo Salgado contra Lagomarsino y de éste contra la magistrada, no parece haber momentos de tregua. La ex esposa del fiscal arremetió contra la fiscal Fein tratando de sacarla de la investigación, en una movida que iba nítidamente contra lo establecido en el Código Procesal. La jueza Palmaghini le puso freno a una jugada demasiado irregular. El argumento tácito de Arroyo Salgado es que Fein deja entrever que cree que Nisman se suicidó.
Después Arroyo Salgado impugnó un perito designado por Fein, en esencia, porque registraba opiniones en las que diagnosticaba que Nisman se quitó la vida. En la pericia informática, de forma poco clara, apartaron a la Policía Federal para dejar a cargo a la Metropolitana, más afín a Arroyo.
En las últimas dos semanas aparecieron fotos y más fotos sobre los viajes de Nisman, así como comportamientos económicos irregulares del fiscal.
Finalmente, los colaboradores de la ex esposa de Nisman difundieron el estudio que hicieron y en el que se ve al fiscal muerto. En público, critican las filtraciones.
Parece una guerra sin reglas en que la verdad importa poco.
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