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El gobierno nacional presentó ayer una denuncia penal contra las empresas petroleras que se encuentran realizando tareas de exploración en las Islas Malvinas y sus alrededores. “No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la Justicia argentina”, aseguró el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, luego de hacer la presentación judicial junto a la secretaria de Energía, Mariana Matranga, ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que encabeza el fiscal Carlos Gonella. Se sumó además la citación del embajador inglés, John Freeman, para que dé “explicaciones” sobre acciones de espionaje contra la Argentina y por la “militarización y exploración ilegal de hidrocarburos”, se informó en Cancillería, en respuesta además a la citación de la Oficina de Relaciones Exteriores inglesa a la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro.
“Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo con las leyes argentinas y el derecho internacional”, señaló Filmus al explicar el alcance de la denuncia presentada ante la Procelac y agregó que el proceso “puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar Argentino”. La presentación se formalizó ayer luego de que la anunciara el propio Filmus el 2 de abril, al cumplirse el 33 aniversario del inicio de la guerra por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. “Esta denuncia está siendo acompañada con el apoyo que tiene a nivel de los organismos multilaterales, por numerosas declaraciones que le dan a la Argentina el derecho para hacer este reclamo y defender los recursos de los cuarenta millones de argentinos”, sostuvo el funcionario, resaltando el respaldo continental con el que cuenta el reclamo argentino.
La tensión en la relación bilateral con el Reino Unido viene en ascenso a partir de la estrategia propuesta por el gobierno conservador de David Cameron. A pesar del persistente llamado al diálogo que desplegó el gobierno nacional desde hace más de diez años, los ingleses respondieron siempre redoblando la apuesta. El último escalón fue el anuncio, el 2 de abril, del inicio de una nueva exploración en los alrededores de las Islas Malvinas, al norte, que se unió a la denuncia del espía estadounidense refugiado en Rusia, Edward Snowden, de una campaña de los servicios de Inteligencia británicos para realizar “acciones de espionaje electrónico masivo” contra la Argentina que motivó la cita del embajador inglés en el país para que diera las explicaciones del caso y para expresar el “malestar” del Casa Rosada por la convocatoria del Foreign Office (la Cancillería británica) a la embajadora Alicia Castro por las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto que se desarrolló en Ushuaia.
La presentación ante la Procelac fue realizada contra los directores y dueños de las empresas que se encuentran explorando en territorio malvinense y sus alrededores. Así, quienes representen a las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil and Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA son objeto de la denuncia penal. Las compañías integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semisumergible, que el 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las islas, en donde prevén perforar al menos seis pozos. El documento acusatorio presentado por Filmus está centrado en la modificación de la Ley de Hidrocarburos realizada en el 2013. Así, se aplicará por primera vez el texto reformado que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos. “No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los cuarenta millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la Justicia argentina”, sostuvo Filmus al presentar el escrito junto a Matranga. Las empresas denunciadas fueron inhabilitadas además por la Secretaría de Energía para operar en el territorio nacional. “Vamos recopilando las pruebas y cuando se demuestra la operación clandestina las inhabilitamos. Estas empresas ya han sido debidamente declaradas ilícitas y han sido inhabilitadas para operar en el territorio nacional por un período de entre 15 y 20 años”, explicó la funcionaria del área.
El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador inglés, John Freeman, para que diera explicaciones sobre el espionaje denunciado por el ex topo de la CIA Edward Snowden y por el anuncio de “aumento del presupuesto en gasto militar” en las islas así como “la introducción del nuevo equipamiento bélico”, informado el 24 de marzo con la excusa de una supuesta “amenaza” argentina por una posible “alianza con Rusia”. La Presidenta hizo mención al tema el 2 de abril, en el acto en conmemoración de los ex combatientes y caídos en Malvinas, en el que señaló dirigiéndose al gobierno británico que “no se preocupen, que no pongan una sola libra más en la defensa de Malvinas, que las pongan en alimentar ingleses, en darles trabajo, educación a los ingleses. No somos un peligro para nadie, no solamente para los ingleses. No somos un peligro en términos militares, de ofensiva militar”, a la vez que calificó como “una provocación” el anuncio del trabajo de las petroleras en las islas ese mismo día.
Apenas una semana después del 33° aniversario de la Guerra de Malvinas, la cartera de Relaciones Exteriores británica había convocado a la embajadora Alicia Castro para que diera explicaciones por las declaraciones presidenciales. Por ello, Freeman fue notificado del “malestar” del Gobierno tras el llamado a Castro, así como también para informar sobre la denuncia contra las empresas de exploración hidrocarburífera y sobre “el silencio del gobierno británico frente a revelaciones de Edward Snowden, a través del medio The Intercept, sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina”, informaron en el ministerio argentino que conduce Héctor Timerman. El vicecanciller Eduardo Zuain señaló en un comunicado que “las acciones (de espionaje) fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas”.
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