“Fraude, en términos técnicos, es llegar a torcer el resultado de la elección. Eso no es posible a nivel nacional. Ni siquiera ocurrió en la elección de 2007, que fue la más difícil.”
Santiago Corcuera, Camarista nacional electoral. Reportaje publicado en el diario La Nación el domingo 5 de septiembre
“Como algunas provincias no aceptan limitar las reelecciones, debemos perseguir las consecuencias, como el clientelismo.”
Corcuera, op. cit.“El clientelismo aparece como un término (peyorativo) para calificar un determinado conjunto de intercambios: aquellos que protagonizan los políticos con muchos ciudadanos de los sectores subordinados de la sociedad. El clientelismo remite a los pequeños ‘favores’ que los políticos le hacen a mucha gente. Quedan fuera del concepto los grandes favores que les hace a pocos, pero poderosos, agentes sociales. (...) Desde este punto de vista el clientelismo es un término potencialmente engañoso, ya que potencialmente puede ocultar la subordinación de la política a intereses particulares poderosos.”
Emilio Tenti Fanfani (prólogo al libro Votos, chapas y fideos, de Pablo Torres).
El plan A de la oposición política es ganar las elecciones presidenciales. Conserva chances que el sentido común expandido supedita a la existencia de ballottage y tras salir segundo en octubre. En tal caso es clavado vaticinar que se exaltará que “la gente” se espabiló, que se oyó el ruido de rotas cadenas, que amanece (y no es poco) una etapa de consensos, tolerancia, Parlamentos integrados por librepensadores, Moncloas y sensatez. La corona de laurel del vencedor hipotético lo travestirá como liberal en lo político, republicano, hasta progresista.
El Plan B es deslegitimar una eventual revalidación del Frente para la Victoria (FpV). Alegar que hubo fraude, que los cómputos no son creíbles, que mediaron trapisondas, que faltó transparencia. O sea, deslegitimar desde el origen a un mandatario consagrado por el voto popular.
El plan B –que puede ascender al rango de A si las cifras lo determinan– acumula otra faceta que no excluye a la anterior. Atribuir el resultado no ya (o no solo) a malas artes sino al influjo del clientelismo. A la falta de conciencia o educación de las clases populares o a su sumisión por necesidad.
Fuerzas políticas que serán minoritarias en el cuarto oscuro, en casi todos los gobiernos provinciales y en las dos cámaras del Congreso nacional se arrogan poseer el sello IRAM de la calidad democrática. Su vanguardia, los medios hegemónicos y las grandes empresas del establishment, que no representa a casi nadie se arrogan la condición de custodio del sistema.
La maniobra es ostensible y clave en la estrategia de “la opo”. La ornamentan denuncias de todo tipo que se suceden día a día, se acumulan o se olvidan en cuestión de días. Nada cesará en octubre ni en noviembre si cuadra. Si el gobernador Daniel Scioli llega a la Casa Rosada será uno de los argumentos para lijarlo.
El manejo carece de originalidad aunque acaso la haya en su creciente énfasis. Se amagó en 2007 y 2011, lo arrasaron las exorbitantes diferencias que separaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de quienes llegaron a su zaga. El dirigente venezolano Henrique Capriles fue pionero en la materia que, con diferencias locales sensibles, se experimenta ahora en Brasil.
Vamos a una breve mirada retrospectiva y federal.
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En las mejores familias: Para la Vulgata dominante Santa Fe es, debería ser, un ejemplo excelso en materia político electoral. Para empezar no la gobierna el FpV sino el socialismo. Una garantía de superioridad.
En Santa Fe no hay reelección directa de gobernador lo que es considerado una maravilla. No rige en contadas provincias argentinas lo que para los opinólogos VIP es un sello de distinción. Pasan por alto que tampoco prima en la abrumadora mayoría de las democracias de la región o en Estados Unidos. Los sistemas parlamentarios europeos, en tendencia, admiten la reelección por plazos indeterminados, que pueden ser largos. No hay por qué entretenerse con esas minucias: que no haya reelección es otro mérito santafesino para la gente de IRAM.
Para completar las virtudes, en el nivel provincial se usa la “boleta única”, una de las piedras filosofales para la excelencia del sistema.
Como la historia es pródiga en injusticias, en ese territorio excelso surgieron exaltadas denuncias sobre fraude. Las emitió el PRO, ya en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales, en las que había ganado... a su ver por poco. El escrutinio provisorio fue moroso, se trabó antes de llegar al cien por ciento. Funcionó pésimo, fue imperativo recontar boleta prodigiosa sobre boleta prodigiosa en el definitivo. Usted lo re-sabe: el socialismo mejoró un poco sin privar a Miguel Del Sel del primer lugar.
En la votación general se revirtió la prelación. Usted lo re-sabe: el jefe de Gobierno Mauricio Macri y un alicaído Del Sel reincidieron en sus denuncias mediáticas. Las retractaron horas o días después. Batidos en definición por penales obraron como malos perdedores. No hubo fraude pero sí denuncias flamígeras. Una interna intra-opositora salpicada por la sospecha en una provincia ejemplar, caramba.
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En otros pagos: Salta es peronista, lo que la ranquea por debajo de Santa Fe. Su gobernador, Juan Manuel Urtubey, es un hombre de clase elevada u oligárquica lo que podría fungir de atenuante.
Una virtud adorna al sistema: la boleta electrónica, fuente de toda razón y justicia. Por añadidura, el Chango Urtubey superó a Juan Carlos Romero por un margen rotundo, en las Primarias y en las definitivas. De cualquier modo, la gente de PRO clamó que hubo fraude en ambas ocasiones. No se molestó en acudir a los tribunales pero honró su regla de conducta: si pierdo es que medió trampa. Ni la boleta electrónica ni la única los apartaron de su estrategia.
Córdoba es un distrito pasable para “la opo” ya que lo comanda el peronismo-otro al que puede aceptarse con visa provisoria en el campo republicano. Juan Schiaretti superó limpiamente al paladín de Cambiemos, el diputado radical Oscar Aguad, pero éste se empacó en desconocer la validez de su derrota, a la que debería estar habituado. Lo hizo durante varias horas, el domingo del comicio. No porfió seguramente porque se fue quedando solito. Muchos de sus aliados reconocieron y saludaron al vencedor: entre ellos el correligionario Ramón Mestre (que hoy busca ser reelecto intendente de la capital provincial) y el inefable senador Luis Juez.
Han sido señales firmes que convalida el discurso mediático cotidiano. El mensaje de las urnas es tildado de capcioso o hasta inverosímil.
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Control versus caos: El sistema electoral argentino no es perfecto, condición que no adorna a ninguna creación humana. Pero es más que razonablemente confiable, tal como reconoce el camarista Santiago Corcuera en una cita inicial de esta columna. La entrevista de la que se sacó, en la que también respondió su cofrade y colega Alberto Dalla Vía, es pródiga en críticas a como están organizadas las elecciones. Los reporteados tienen su saber y experiencia aunque también los caracteriza la soberbia endémica de la mayoría del Poder Judicial. Su mayor pecado es querer exorbitar funciones, erigirse en legisladores no bendecidos por la elección popular. O de meterse en cuestiones ajenas a su competencia como “el clientelismo”. Pero como su Señorías conocen bastante el paño y eluden caer en el ridículo, reconocen los pilares del sistema y los límites de las posibilidades de burlarlo.
La primera clave, como en tantos asuntos democráticos, es el número. Muchos participantes, autoridades de mesa, fiscales de distintas proveniencias y “palos”. Controles sucesivos desde la instalación de las urnas, custodia durante el acto comicial, dos escrutinios, posibilidades de revisión.
La base de la confiabilidad, se machaca a costo de ser reiterativo, es la posibilidad de vigilar y revisar. La tiene cualquier ciudadano que sepa apilar boletas y las operaciones matemáticas básicas. La virtud debe ejercitarse a fondo: participar, controlar, revisar si hay denuncias o sospechas.
El sistema nacional, como apunta el egregio camarista, es más pulido que los provinciales. Treinta y tres años de experiencia consecutiva no fueron salpicadas por críticas consistentes. No es poca cosa lo que no induce a bajar los brazos o dejar de controlar, con dientes apretados si es menester.
A título de opinión subjetiva, este cronista piensa que cuando se instala la sospecha con firmeza aunque sea sin solidez es funcional hacer recuentos amplios, abrir urnas y cien etcéteras. La credibilidad así sea puesta en jaque con mala fe debe defenderse con sus propias herramientas. Así lo propuso en 2007 en Córdoba, en 2011 en Chubut y este año en Santa Fe y Tucumán.
Esa última contienda, la que más enjundiosamente reprochó la oposición, estuvo manchada por episodios de violencia. Y fue agravada por la represión desatada por el gobierno provincial que no forma parte del proceso electoral pero que lastima su credibilidad.
Sin mengua de la coherencia, desautorizar la ofensiva antidemocrática exige extremar los recursos sistémicos.
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El número y la acumulación: Por si hace falta, se aclara: lejos se está de desconocer la existencia o probabilidad de prácticas perversas que van desde picardías de fiscales hasta delitos. Su impacto numérico es, usualmente, desdeñable en miles de mesas y en relación a millones de participantes. Claro que deben precaverse, vigilarse, denunciarse y sancionarse cuando se comprueban.
La seguidilla de elecciones provinciales, opina sin originalidad este cronista, es un exceso que contribuye a fatigar a los ciudadanos y a quitarle interés a los veredictos populares. Pero, a diferencia de lo que dice Corcuera, no es un “pretexto” del federalismo sino un recurso de las provincias o sus mandatarios. El federalismo existe, tiene méritos y defectos. La relativa autonomía de los poderes autóctonos, tan ensalzada en otras variables, se plasma en la potestad de “despegar” los comicios de los nacionales. La imponen algunas constituciones, en otros casos la franquicia se fija por ley, por naturaleza más modificable.
Es pasmosa la mala fe de quienes, como Macri, se valen de la franquicia en rodeo propio y después despotrica por la dispersión de las jornadas cívicas. En la Ciudad Autónoma hubo tres rondas (las PASO y las dos vueltas para ungir Jefe de Gobierno) porque sus autoridades propias lo definieron.
Algo más debe decirse porque a menudo se calla. La nómina de provincias o ciudades que “adelantaron” calendarios no surgió de RANDOM o una metodología aleatoria. Prevalecen en ella distritos gobernados por fuerzas opositoras. Por lo pronto, las más pobladas: CABA, Córdoba y Santa Fe. Cada cual persigue su propia conveniencia. Por eso, muchos distritos afines al FpV se expiden en octubre. O sea: los críticos son los hacedores del problema.
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Boletos electrónicos: A diferencia de tantos opineitors que jamás hicieron política quien esto firma fue autoridad de mesa y fiscal en numerosas etapas de su prolongada existencia. Incluso fiscal de minorías flagrantes en internas del PJ, todo un taller de aprendizaje. Eso le permite exaltar la labor del fiscal, consagrada en un bellísimo cuento de Italo Calvino. Y acotar que, a su ver, nada más sencillo para un tramposo que distorsionar una boleta única si nadie lo vigila: bastaría con añadir un puñado de cruces para anular el voto. Lo antedicho no es una incitación al fraude ni una exaltación. “Apenas” un señalamiento acerca de la falibilidad de cualquier metodología si no median controles cruzados.
Sobre el voto electrónico, al que se prodigan elegías asombrosas, algo se escribió en una columna anterior a ésta titulada “Y BUE”. A ella se remite en parte: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-73611-2015-07-19.html.
Para quien desconfíen, se aconsejan lecturas en otros medios, el diario La Nación especialmente. Un especialista en informática de ese medio, Ariel Torres, publicó una nota imperdible el 11 de julio en ese diario. Otro, Martin Di Natale, desnudó sus “mitos y verdades” en la edición del 5 de agosto.
Beatriz Busaniche, integrante de una ONG insospechable de populismo que estudia el tópico, agregó precisiones en http:// www.lanacion.com.ar/1392827-voto-electronico-los-riesgos-de-una-ilusion.
Los argumentos se acumulan. La herramienta está en desprestigio en sistemas comparados: prohibida en Alemania, desacreditada en Francia. El control de la experticia por empresas privadas (a menudo monopólicas) es mucho menos confiable que el ciudadano. Esta falla central vale aún para la boleta electrónica con impresión del voto, que se utiliza en Salta y la CABA. El recuento en manos de personas del común sin saberes minoritarios por antonomasia es la mejor garantía. Amén de ser congruente con el carácter universal del voto.
Puesto en tono llano, la boleta de papel puede resultar farragosa pero se conserva tal y cual. Las tretas que pueden hacerse con uso de un sistema inasible para más del 99,99 de los ciudadanos son infinitas e impredecibles. Si se puede hackear cuentas bancarias o archivos oficiales ¿por qué no se puede fraguar de modo sutil un resultado en una ciudad mediana o grande? No le pregunten al cronista cuáles pueden ser esas tramoyas porque él no es ni Bill Gates ni Julian Assange ni Edward Snowden.
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Deberes que desafían: Desnudar y fustigar la maniobra no es bastante. Antes bien, compele a robustecer la solidez y credibilidad del sistema, labor que debería convocar a dirigentes, candidatos, periodistas, funcionarios y magistrados judiciales. Convocar a veedores, garantizar la presencia de las autoridades de mesa, acicatear la intervención de fiscales, mejorar la expedición de copias de las actas de escrutinio son parte de las labores imaginables y accesibles que no agotan la lista.
La pugna contra la embestida anti sistema exige a los periodistas en particular a no homologar a la urgencia con la certeza. Esa magnitud es más relevante y no debe someterse a las pulsiones profesionales. Ningún ciudadano da la vida por estar informado a cierta hora acerca del resultado. Claro que acelerarlo y hacerlo legible es una virtud que debe buscarse.
Las denuncias merecen repercusión aunque es forzoso contextualizar que una votación que concierne a millones de argentinos no “cae” si hay un acto vandálico como los producidos en Tucumán y Bariloche. Depredaciones más efectistas que eficaces que un grupo de marginales políticos o sociales puede producir con facilidad y acaso con premeditación.
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Clientelismo y desprecio: Es un clásico identificar a los sectores populares como rehenes, manadas, víctimas o seguidores del flautista de Hamelin. Se reincidirá en eso, ya está ocurriendo. A cuenta de un tratamiento más extenso digamos que la subestimación de los más humildes es un acto de soberbia de quienes no consiguen su favor. Atribuir a la “clase media” votar solo conforme a valores, con un grado de altruismo y republicanismo enorme forma parte de la jugada. En puridad, lo deseable y habitual es que todos voten en función de sus intereses, valores y creencias que suelen diferir en distintos estamentos de la escala social.
La frase de Tenti Fanfani que encabeza esta nota alude a un sesgo interesante. Quienes gobiernan o actúan en defensa de intereses concentrados son pintados como estadistas por quienes comparten su ideología.
La tradición nacional comprueba que los presidentes llegan a serlo con apoyos poli clasistas. Un dato interesante de la coyuntura es el ascenso social que promovió el kirchnerismo y que tal vez haya incidido en la concepción de los sectores de la clase trabajadora que más repuntaron en la etapa. Tal vez cambiaron sus preferencias o el modo en que se expresan electoralmente. Cuatro y ocho años atrás la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner supo interpelarlos y convencerlos. Lo que ocurra ahora puede ser una de las claves del resultado que definirá el pueblo soberano, en condiciones que todos debemos enaltecer, valorar y consolidar.
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