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Desde Nueva York
Los nueve principios básicos para guiar las reestructuraciones de deuda soberana que se aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas serán incorporados a la legislación argentina. El canciller Héctor Timerman confirmó a Página/12 que el Gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley para rubricar el compromiso con los lineamientos diseñados para limitar el accionar carroñero del sistema financiero internacional, legitimar el derecho de los países a reestructurar sus pasivos y proteger a los acreedores de buena fe de los buitres. “El resultado de la votación en la ONU es una victoria histórica que pone un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores durante una entrevista en las oficinas de la misión permanente del país ante la ONU, ubicada en un piso 25 que ofrece una vista panorámica hacia el condado de Queens. A pesar del cansancio, Timerman no oculta su satisfacción con el contundente resultado del trabajo de un año impulsado por el país. “Nos decían que este no era el lugar adecuado para discutir los temas de las reestructuraciones soberanas pero es el único foro democrático donde todos los países tienen voz y voto”, expresó el funcionario desde la sala de reuniones contigua al despacho de la embajadora ante el organismo multilateral, Marita Perceval.
–¿Para qué sirven los nueve principios básicos sobre reestructuraciones de deuda soberana que fueron aprobados en la ONU?
–Los nueve principios ofrecen una guía sobre cómo realizar una reestructuración de la deuda. Ponen un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias. La resolución permite que las negociaciones entre las partes se lleven adelante respetando los derechos de los acreedores de buena fe y el derecho al desarrollo sustentable de los países. Es una victoria histórica que marca el comienzo de un camino. Los principios permiten que las reestructuraciones de deudas soberanas se lleven a cabo con mayor equidad, eficiencia y transparencia. Es un tema que compete a los países en desarrollo y los desarrollados. Hacía más de 30 años que los países más poderosos habían logrado retirar el tema de la deuda del ámbito de Naciones Unidas. Decían que no era el lugar adecuado para discutir los temas de las reestructuraciones soberanas pero es el único foro democrático donde todos los países tienen voz y voto. Lo que logramos es comparable con la resolución 2065 de 1965 que reconoció la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas. A partir de ahora la experiencia argentina sirve para que toda negociación cuente con una guía codificada.
–¿Los nueve principios pueden ser utilizados como una herramienta para fortalecer la posición del país en la disputa legal con los fondos buitre?
–Argentina es autora junto con Francia de la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas. No impulsamos la iniciativa por lo que pasó en el país, porque las personas desaparecidas ya estaban desaparecidas, sino para que no ocurra nunca más que se secuestre y se haga desaparecer a miles de personas y eso no esté tipificado como delito en el mundo. Este caso también tiene que ver con nuestra experiencia y con un legado. Seguramente va a servir para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro y tal vez sirva también en los juicios actuales para decir que Naciones Unidas, en su gran mayoría, indicó un camino a seguir.
–Entonces, ¿cuál será el impacto de la resolución sobre el accionar carroñero del sistema financiero internacional?
–Los jueces no pueden ignorar que existe esta resolución. Los buitres funcionan porque hay un agujero legal y los nueve principios le ponen un límite. El principio de la reestructuración por mayoría implica que los acuerdos que sean aprobados por una mayoría calificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados, obstaculizados de otro modo por otros países o una minoría no representativa de acreedores. Además, está el principio de la inmunidad soberana. Argentina sufrió más de 200 embargos en todo el mundo impulsados por los buitres. La resolución aprobada le da a los Estados y a los acreedores de buena fe obligaciones y derechos que hacen que la vida sea un poco más simple y que los países puedan reestructurar su deuda sin poner en riego la seguridad política, ni la social, ni el derecho al desarrollo económico.
–¿Que la resolución aprobada no sea vinculante para los países limita sus alcances, por ejemplo, a la hora de legitimar el derecho de un Estado para reestructurar sus pasivos o defender a los acreedores de buena fe de los buitres?
–En Argentina muchos, creyéndose más vivos de lo que son, remarcan que no son vinculantes. Nada de lo que hace la Asamblea General de Naciones Unidas en vinculante. La declaración universal de los derechos del hombre, los derechos de la mujer, los derechos del niño o la convención sobre la desaparición forzada de personas, pero van creando estructuras que van siendo incorporadas por los distintos países.
–¿El Gobierno enviará el proyecto al Congreso para incorporar la resolución a la legislación?
–Nuestra idea es que estos principios se conviertan en ley en Argentina. Los nueve principios contra el accionar de los buitres van a ser aprobados en el Congreso. Como ocurre con cualquier resolución que saca Naciones Unidas, si queremos aplicarla debemos rubricarla como ley. Vamos a hacerlo antes de fin de año para evitar que se repitan los dramas del pasado. Queremos que cualquier intento de sobreendeudamiento deba respetar estos principios. Esperamos que la oposición acompañe una iniciativa avalada por 136 países en la ONU. Que no vayan a decir que hubo fraude, miren que se aprobó por voto electrónico.
–Bolivia que jugó un rol significativo para impulsar la iniciativa también planea incorporarla a sus leyes, ¿algún otro país planea avanzar en ese sentido?
–Tengo entendido que Bolivia tiene listo un proyecto de ley para incorporar la resolución. Nosotros estamos hablando con otros países de la región y naciones africanas para que inicien recorridos similares. Las resoluciones de la ONU demoran bastante en implementarse porque cada parlamento avanza a sus velocidades. Cada vez que hacemos una visita al extranjero reiteramos la necesidad de que el Congreso incorpore la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, una iniciativa conjunta entre Argentina y Francia. Es la militancia. Argentina es uno de los países que más incorporó las declaraciones de Naciones Unidas a su derecho interno y Estados Unidos el que menos.
–¿Cómo interpreta el rechazo a la medida encabezado por Estados Unidos, Reino Unido y Japón?
–Oponerse a estos principios es como oponerse a los diez mandamientos. No es fácil decir que uno no está a favor. Solo seis países se animaron. Lo increíble es que en Naciones Unidas, muchas veces, los países, para no comprometerse, no participan, pero en la votación estuvieron presentes la mayoría de los miembros. Quienes rechazaron la resolución son los más poderosos y desde esa posición no quieren un cambio en el status quo. Es como la esclavitud: ¿quiénes defendían la esclavitud? Los dueños de los esclavos. Llevó su tiempo pero la esclavitud terminó. Los seis países que votaron en contra de la resolución tienen poder de bloquear cualquier iniciativa en el FMI. Dicen que en la ONU no hay experiencia en la materia, pero tampoco la había en armas nucleares. Sin embargo, este foro se ocupa del tema. Con ese razonamiento hay que cerrar los congresos en todos los países y tener un gobierno de tecnócratas. En Naciones Unidas gobiernan los políticos. Se va a crear una nueva comisión para elevar propuestas que se irán votando a medida que se llegue a consensos dentro de grupos mayoritarios. Uno de los objetivos sería crear un tribunal internacional que intervengan en los procesos de reestructuraciones de deuda implementando estos principios básicos. También puede terminar en una convención que al ser ratificada por una determinada cantidad de países sea obligatoria para el resto.
–¿Le llaman la atención las abstenciones de países de la Unión Europea como Bélgica que acaba de aprobar una legislación antibuitres y Grecia donde se necesita una nueva reestructuración de la deuda?
–Europa se abstuvo como bloque más que nada porque había países que insistían mucho en el no. Grecia, según nos explicaron, son muy dependientes de la situación de la Unión Europea. Es un gobierno de transición que no tiene la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones. Hay muchos países pequeños de Africa Central muy valientes que también dependen de las ayudas y créditos internacionales que, sin embargo, votaron a favor.
–¿Y las abstenciones de Colombia y España?
–España votó a favor. Si bien al finalizar la asamblea indicó que su posición debía ser leída como una abstención, no puede cambiarlo queda como una nota al pie para los historiadores. Si no hoy estaríamos todos negociando votos. El voto de Colombia no lo entendemos. Nos dio mucha pena.
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