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“Los problemas se van a resolver si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando a los bolsillos”. La llamativa frase salió de la boca del ministro de Educación, Esteban Bullrich, hace poco más de un mes en un programa de televisión al que asistió junto a Mauricio Macri. Es dudoso que sus funcionarios estuvieran escuchando el programa. En el Ministerio de Educación aprobaron hace un mes una licitación privada y una contratación con dos pliegos idénticos y con una semana de diferencia. Fue para organizar reuniones de hasta 15 personas de empleados del ministerio. Las empresas ganadoras son Reale-Dalla Torre Consultores –uno de los bolseros investigado por las maniobras por la pauta porteña y al que Página/12 identificó como aportante para la campaña de Macri– y La Usina Digital, conducida también por otros dos aportantes de la campaña de Cambiemos. La gerente de La Usina fue hasta hace dos años empleada de otra empresa de Reale y Dalla Torre. Las dos empresas tienen la misma dirección. Todos los caminos conducen a Roma.
Los datos surgen de una investigación de la jefa de bloque del kirchnerismo en la Legislatura, Gabriela Alegre. “Este tipo de situación, además de que amerita una investigación para establecer si hubo cohecho o lavado de dinero, demuestra el descontrol administrativo del ministerio dirigido por Esteban Bullrich. Es inconcebible que ni siquiera se molesten en guardar las formas, ya que utilizaron exactamente el mismo pliego de condiciones para contratar a dos empresas amigas por dos montos completamente diferentes”, indicó Alegre.
Según descubrió el equipo de Alegre, el Ministerio de Educación hizo dos contrataciones por el mismo servicio y por distintos montos. Los pliegos son idénticos, letra por letra. Ambos plantean que la empresa ganadora debe prestar el servicio de organizar encuentros de empleados públicos “de carácter confidencial” en los que se hablará del “plan de comunicación sobre acciones y proyectos”, que tiene como objetivo “la difusión de acciones y programas con destino a agentes docentes y no docentes de la Subsecretaría de Políticas Públicas y Carrera Docente dependiente del Ministerio de Educación”.
La primera fue adjudicada a Reale-Dalla Torre Consultores por 568 mil pesos. Fue una contratación menor a la que llamaron el 25 de agosto de este año y se autorizó el 25 de septiembre. La segunda fue preadjudicada a La Usina Digital SRL por un millón 880 mil pesos el 23 de septiembre. Fue una licitación privada y había sido llamada el 2 de septiembre.
La única que compitió con La Usina fue Praxis SRL, pero ni siquiera presentó el monto mínimo de la garantía. La trama se complica. Existen presuntas vinculaciones entre Praxis y los ganadores de la primera contratación, Reale-Dalla Torre: según una nota del diario Río Negro, en 2007 Praxis consiguió 11 millones de pesos de pauta publicitaria del gobierno de Jorge Sobisch que habrían sido desviados a la campaña presidencial del ex gobernador neuquino. Esa campaña fue llevada adelante por la consultora de Reale y Dalla Torre. Los dueños de Praxis eran Jorge Cuni y Dardo Lucero. “La realidad es que tanto Cuni como Lucero eran empleados de Reale-Dalla Torre, presumiblemente la verdadera beneficiaria de los once millones pagados a Praxis”, aseveró el diario Río Negro. En el informe que presentó Sobisch sobre los aportes de campaña en lugar de Reale-Dalla Torre, aparecía Praxis como responsable de su campaña.
Casualmente, esto mismo es lo que ahora investiga la denuncia penal contra el Gobierno porteño: un desvío de fondos de la pauta publicitaria para la campaña de Cambiemos. Reale-Dalla Torre era una de las encargadas de ubicar la pauta publicitaria en el interior. Ante una denuncia de una de las radios, Ahijuna, el fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y remarcó que “los fondos fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados”.
Los afortunados ganadores de la primera contratación son los dueños de Reale-Dalla Torre Consultores, Jorge Reale y Adrián Dalla Torre. Como informó este diario, dos radios de La Pampa los acusaron de ser los encargados de mover la pauta porteña, por la que luego aparecieron importantes diferencias. Las radios eran FM Del Sol, de Macachín (facturó 33 mil pesos y aparece con 63 mil en la web del Gobierno porteño) y LU 37, de General Pico (figura con 161 mil, cobró 25 mil). Los dueños de Reale-Dalla Torre figuran entre los aportantes de campaña de Cambiemos con 95 mil pesos cada uno. También varios de los empleados de la agencia, hasta alcanzar por los menos 345 mil pesos. No fueron los únicos servicios que le prestó al PRO: en Mendoza, de donde son oriundos, Reale-Dalla Torre hizo encuestas para el macrismo en la última elección provincial.
Los ganadores de la segunda contratación, socios en La Usina Digital, son Pablo Miranda Vidal y Mariela Soledad Giorgi. Esta última fue hasta 2013 empleada de RDT Media, una empresa de Reale y Dalla Torre. Las coincidencias no terminan allí: al igual que Reale y Dalla Torre, Vidal y Giorgi figuran entre los aportantes de campaña de Cambiemos. Aportaron cada uno 20 mil pesos a la campaña de Cambiemos. En efectivo. Fue el 29 de julio de este año: exactamente después de los aportes de ellos, aparece el de otro empleado de Reale-Dalla Torre, Hernán Prado, por otros 20 mil.
Además, el 24 de febrero de 2015, La Usina Digital le facturó a Reale-Dalla Torre 498 mil pesos. Para mejorar las cosas: los ganadores de las dos contrataciones tienen la misma dirección, Humboldt 1550. Así como Praxis estaba presuntamente vinculada con la consultora de Reale y Dalla Torre, también lo estaría La Usina. Todas las empresas que se presentaron quedarían, entonces, en la órbita del mismo grupo RDT, que fundaron los dos empresarios mendocinos.
Pero esto no es todo: La Usina Digital tiene otras contrataciones del Gobierno de la Ciudad entre enero y agosto de este año que alcanzan los 23 millones de pesos, además de otros 7 millones al PRO por acciones de campaña. La mayoría son de la Secretaría de Comunicación Social. Sus integrantes cruzan de un lado al otro del mostrador de la gestión PRO con una facilidad alarmante (ver aparte).
Las dos contrataciones del Ministerio de Educación tienen el mismo pliego y un mismo objetivo: consiste, en concreto, en organizar 30 reuniones de 15 personas máximo entre el personal del Ministerio de Educación. Si la primera costó 1262 por empleado público convocado, la segunda le implicó al ministerio 4178 pesos per cápita. La Ley de Compras y Contrataciones prohíbe específicamente el desdoblamiento en dos contrataciones de un mismo servicio.
En todas las maniobras estuvo involucrado el director de Administración de Recursos, Gonzalo Riobó, que depende del subsecretario de Gestión Económica, Carlos Regazzoni. Regazzoni es candidato a intendente de Almirante Brown por Cambiemos y depende, a su vez, del ministro de Educación Esteban Bullrich. El trabajo fue pedido por la dirección de Relaciones Institucionales, que conduce Hugo Martini, y estaba destinado a la Subsecretaría de Políticas Educativas, que maneja Alejandro Finocciaro. Hoy Regazzoni presenta un libro sobre la Ley de Compras y Contrataciones porteña, comentada y concordada. Lo va a acompañar Riobó, que firmó todas las contrataciones.
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