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La causa judicial por el supuesto espionaje ilegal avanzó ayer poco y nada, entre otras cosas porque recién al mediodía la diputada Laura Alonso fue a ratificarla y a entregar la lista de las personas con teléfonos y computadoras supuestamente intervenidos, una lista que ella misma dio a conocer el martes a las 17.30. Pero cuando el juez Sebastián Casanello le pidió que declarara, para que cuente cómo recibió la denuncia, la diputada le envió un escrito en el que decía que no tenía nada para agregar. Ni siquiera estuvo dispuesta a señalar a qué hora recibió la llamada del informante anónimo que le aportó la denuncia ni por cuál de sus teléfonos recibió la comunicación. La negativa a dar información evidencian una intencionalidad de poner obstáculos a la pesquisa ya que impide una elemental averiguación del origen de la llamada.
La diputada Alonso había presentado el escrito el martes al mediodía en el juzgado de Casanello sin entregar la lista de las personas espiadas ni ninguna otra documentación. El magistrado le dio vista al fiscal Ramiro González y antes de que éste contestara, a las 17.30, Alonso apareció en Radio Mitre hablando del tema. Los periodistas de ese medio ya tenían la lista que al magistrado no se le había entregado. Cinco minutos más tarde, la denuncia y el listado fueron publicados por el sitio Infobae. En diálogo con radio Vorterix, ayer a la mañana, Casanello fue lapidario: “No ratificaron la denuncia ni presentaron la documentación. Es como espiar y tocar el timbre. El sentido es que una investigación sea sorpresiva. El que anuncia que va a allanar es tonto o tiene dobles intenciones”.
Recién en el mediodía de ayer, Alonso fue a Comodoro Py y ratificó la denuncia y acompañó la lista que difundió el día anterior. Pero cuando el juez le pidió que declare como testigo, la legisladora sólo entregó un escrito en el que afirma que no tiene nada para agregar.
El problema de lo denunciado en la Capital Federal es que hace agua por todas partes:
- El denunciante es anónimo y Alonso no colaboró para identificarlo. Ella afirma que el individuo no le dio su identidad y que no lo vio personalmente.
- La legisladora entregó una lista cuyo origen no está claro. Habla de “servicios de inteligencia”, pero luego del Servicio de Inteligencia del Ejército. Menciona una dependencia del Ejército o de la Agencia Federal de Inteligencia en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan, sin dar la dirección. O sea que el espía que tiene un superlistado ni siquiera sabe el lugar desde el que se hizo el espionaje.
- A esto se agrega que Alonso salió a hacer pública la denuncia antes de que el fiscal pueda dar su opinión, con lo cual enterró el factor sorpresa.
El mismo texto de Comodoro Py se presentó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ésta se excusó y terminó llegando al juez Emiliano Canicoba. En diálogo con Radio Del Plata, el magistrado explicó que a él sí le entregaron el listado y que la denuncia fue ratificada por Patricia Bullrich. Canicoba delegó la investigación en el fiscal Fernando Domínguez, quien decretó el secreto del sumario, pero seguramente también querrá la declaración de Alonso, que fue la que recibió la llamada anónima.
Los obstáculos son iguales a los de Capital, el denunciante anónimo es el mismo y no se sabe el origen del listado. A esto se agrega:
- El texto hace mención al Centro de Investigación Científica y Técnica de las Fuerzas Armadas (Citefa), en Villa Martelli, cuando esa denominación fue cambiada hace diez años. Ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Ya no trabajan allí militares sino científicos civiles. Nuevamente, el espía denunciante no tiene ni siquiera esos datos elementales.
- El predio de Villa Martelli es enorme y la denuncia no identifica ningún edificio desde el cual se estaría haciendo el espionaje.
- No se acompaña ningún tipo de prueba o evidencia.
Para la fiscalía de Domínguez y el juzgado de Canicoba la realización de un allanamiento por una denuncia anónima hecha por teléfono sentaría un antecedente grave. Hay numerosas causas que fueron anuladas por la Corte Suprema por un inicio de esa naturaleza ya que se requiere al menos alguna evidencia sólida que justifique un allanamiento o inspección ocular. “La Justicia no se puede meter en cualquier lado por una llamada que no se sabe de dónde salió y un denunciante que nadie sabe quién es”, dijeron anoche en Comodoro Py.
Más allá de los obstáculos planteados por las legisladoras, tanto Casanello como Domínguez pusieron en marcha medidas de prueba, que, por ahora, mantienen en secreto.
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